Un nuevo paro universitario de 48 horas atraviesa a todas las casas de estudio nacionales luego de la aprobación -con más de dos tercios- de la Ley de Financiamiento Universitario, el pasado jueves, en la Cámara de Senadores. Los gremios llaman a "seguir la lucha por el salario y el presupuesto" ya que, si la ley pasa a entrar en vigencia -y el presidente Javier Milei no vuelve a vetarla-, lo votado "no resuelve completamente la crisis" que recae sobre la educación universitaria. "¡Paremos la miseria salarial, paremos a Milei!", sostuvieron
La normativa aprobada por el Senado establece una actualización del presupuesto universitario a enero del 2025, según la inflación acumulada entre 2023 y 2024 y desde allí, "su actualización por los índices del INDEC hasta que exista un presupuesto nacional". En esa línea, aclararon: "La recomposición salarial de docentes y no docentes se tiene que aplicar, si la ley entra en vigencia, desde el 1° de diciembre de 2023 hasta el momento de su efectiva sanción tomando la inflación acumulada".
Según indicaron a El Destape desde la CONADU Histórica, "el paro está decretado en las 62 universidades nacionales, por toda la docencia universitaria y preuniversitaria y las tareas de investigación, extensión y vinculación. El paro, más allá del acatamiento de cada una de las unidades académicas, es general". Hasta el momento, desde las universidades no quieren dar un porcentaje de acatamiento pero recordaron que el paro de la semana pasada superó el 80%.
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Más allá de destacar que con la aprobación de la ley de financiamiento (NdR: todavía no entró en vigencia) no se logra resolver la crisis universitaria, desde los sindicatos educativos creen que es "un gran paso y una conquista" ya que "la ley existe y llego al Congreso porque protagonizamos las más masivas marchas universitarias de nuestra historia, por las jornadas de paros, por las decenas y decenas de acciones de visibilización y por el plan de lucha" a lo largo del año vigente. "Incluso con todas las limitaciones que denunciamos oportunamente: el boicot de las gestiones, rectores que persiguen y hasta descuentan a quienes estamos en plan de lucha mientras declaran emergencia presupuestaria, federaciones que no llaman a parar", enumeraron.
En esa línea, docentes y no docenes apuntan que el gobierno de Milei tiene un total de 10 días para vetarla, tal como lo hizo en 2024 y repitió accionar con otras leyes como aquellas que financian los programas de discapacidad o el aumento a las jubilaciones. En este contexto destacaron la movilización en las calles para que se logren las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica y de discapacidad, mientras "los jubilados siguen siendo postergados, insultados y reprimidos".
"La lucha es ahora. Tenemos que seguir con el plan de lucha de paros de 48hs el martes 26 y miércoles 27, y lunes 1 y martes 2 de septiembre. Y preparar una gran marcha universitaria. Por aumento presupuestario, por 45% de recomposición salarial, por más y mejores becas para nuestros estudiantes. Vamos con paro y acciones de visibilización: clases públicas, aplausazos, semaforazos, asambleas interclaustros e intergremiales. ¡Paremos la miseria salarial, paremos a Milei", cierra el comunicado.
La convocatoria incluye la movilización a Plaza de Mayo "hasta alcanza nuestras reivindicaciones y la defensa de la universidad pública".
En qué consiste la Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo garantizar un financiamiento estable, progresivo y suficiente para las universidades nacionales, sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal. Su eje central es establecer una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, asegurando que el sistema universitario cuente cada año con recursos actualizados según la inflación y las necesidades salariales.
Entre los principales puntos del texto legislativo se destacan:
- Aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
- Recomposición salarial para trabajadores docentes y nodocentes, con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
- Convocatoria obligatoria a paritarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tras 18 meses sin acuerdos formales.
- Garantía de fondos anuales para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión.
- Creación de un fondo especial de $10.000 millones, actualizable, destinado a fomentar carreras estratégicas como las vinculadas a la Inteligencia Artificial.
- Ampliación del sistema de becas universitarias con criterios de inclusión y equidad socioeconómica.
La iniciativa subraya que la educación universitaria es un derecho humano, un bien público y social, y un motor del desarrollo del país. En esa línea, respalda su fundamentación en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 19) y en la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
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