Tres inspectores de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva y un embargo de 50 millones de pesos a cada uno por estar acusados de secuestrar en el Bajo Flores a un joven de 24 años en mayo de 2025. La víctima fue mantenida cautiva por más de dos horas hasta que la familia pagó un rescate de cuatro mil dólares y un millón y medio de pesos en Villa Lugano. La investigación del Fiscal Federal Eduardo Taiano fue ratificada por la Jueza Maria Romilda Servini que además procesó a un repartidor de comida como parte de la banda de secuestradores y también le trabó el embargo.
Según la investigación, los tres inspectores que en ese momento prestaban servicio en la Brigada con asiento en el barrio de Parque Patricios usaron una camioneta “no identificable” de la Policía de la Ciudad como apoyo durante el secuestro y también para monitorear cada paso del plan hasta el cobro del rescate. Mientras tanto, el repartidor de comidas fue parte del plan y su moto fue utilizada para distintas fases del plan, incluido el cobro de la operación. Ese repartidor tiene domicilio en el barrio de Barracas donde los policías también habían cumplido servicio. De esta forma, El Destape pudo conocer que los ahora detenidos trabajaron en la misma Brigada que fue investigada por el brutal crimen de Lucas González en 2021 y donde tres policías terminaron condenados a prisión perpetua y otros cuatro efectivos condenados por encubrimiento.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad destacaron que fue clave para la investigación el aporte de la Dirección de Asuntos Internos que brindó a la Justicia el geoposicionamiento del móvil policial implicado en el caso y también de los celulares de los acusados. Además entregaron las filmaciones de las cámaras de seguridad donde se observa los movimientos de los imputados. En esa línea, desde el Ministerio destacaron que desde el primer momento fueron separados del cargo y puestos todos los elementos a disposición del Fiscal Taiano.
Mientras avanza la investigación, los policías seguirán detenidos bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal acusados de “secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito de obtener rescate por la participación de tres o más personas y por haber sido cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de armas de fuego”, en concurso ideal con “robo agravado por uso de armas”.
Se consideró agravado por ser miembros de una fuerza de seguridad y se les imputó el robo ya que el engaño fue mediante una compra de zapatillas que se las llevaron junto al teléfono celular Iphone de la víctima. En el caso del secuestro, la pena en expectativa es de entre 10 y 25 años de prisión mientras que en el robo va de 5 a 15 años, por lo que se espera que no prospere ningún pedido de libertad y lleguen detenidos al juicio oral.
Cerrar sesión