“Desde diciembre de 2023, la Argentina se enfrenta con una coyuntura crítica caracterizada por un retroceso en las políticas de salud mental. El gobierno nacional viene implementando medidas regresivas que debilitan la capacidad del Estado para garantizar la atención médica y exacerban las desigualdades estructurales, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. En salud mental, este cambio político amenaza con desmantelar los logros obtenidos con tanto esfuerzo en derechos humanos, colaboración intersectorial y enfoques comunitarios. A pesar de esto, la provincia de Buenos Aires continúa defendiendo uno de los esfuerzos de reforma de salud mental más consistentes de América Latina”.
Con estas palabras y bajo el título de “La salud mental argentina en una encrucijada: entre la retracción y la resistencia local”, se inicia un artículo publicado en The Lancet Regional Health (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X25002601) sobre las políticas vigentes en la actualidad en esta área. La autora es Alejandra Barcala, titular del doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. De acuerdo con la especialista, este sector fue uno de los más afectados por el ajuste fiscal; en particular, por los profundos recortes presupuestarios implementados entre los meses de diciembre de 2023 y 2024, que provocaron el “cierre de los departamentos de VIH/SIDA, salud sexual y epidemiología, y desmantelaron el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) y Médicos Comunitarios. Varios institutos fueron disueltos y se aplicaron severos recortes a los hospitales públicos, lo que provocó escasez de medicamentos y suministros esenciales”, insiste Barcala.
En su análisis detalla estadísticas inquietantes: entre abril de 2023 y abril de 2025, se reportaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, principalmente entre adolescentes de 15 a 19 años. En 2024, los hospitales públicos de la PBA, que concentra el 38% de la población argentina, registraron 45.785 hospitalizaciones vinculadas con problemas de salud mental, lo que representa un aumento del 9% respecto de 2023 y del 63% en comparación con 2019, y para junio de 2025, más de la mitad de las camas de emergencia estaban ocupadas por pacientes con angustia aguda, crisis por consumo de sustancias o intentos de suicidio.
Desde diciembre de 2023, el retroceso en las políticas de salud pública afectan la salud mental, agrega Barcala. El gobierno nacional implementó medidas regresivas que socavan los derechos, debilitan la capacidad del Estado para garantizar la atención médica y exacerban las desigualdades estructurales, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables.
“A pesar de esto, la provincia de Buenos Aires continúa defendiendo uno de los esfuerzos de reforma de salud mental más consistentes de América Latina –escribe Barcala–. Específicamente, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Ómnibus 27.7421 otorgó poderes extraordinarios al ejecutivo sin debate parlamentario, violando los principios constitucionales y los compromisos internacionales de derechos humanos de la Argentina. Esto causó consecuencias económicas, sociales y simbólicas: las autoridades cerraron sitios que preservaban la memoria del terrorismo de Estado, borrando rastros del pasado y profundizando las heridas sociales”.
Entre los avances de PBA mencionados por Barcala entre 2019 y 2023 figuran el cierre de 18 de los 35 pabellones psiquiátricos y más de la mitad de las personas institucionalizadas fueron dadas de alta en el marco del proceso de desmanicomialización; los subsidios de alta aumentaron un 553%, las camas de salud mental en hospitales generales crecieron un 60% y mejoró el acceso a los medicamentos. De 2024 a 2025, el gobierno provincial estableció 16 Centros Comunitarios de Salud Mental, dos unidades residenciales para uso de sustancias, agregó 48 camas de Unidad de Atención Inmediata (con 42 más planificadas para 2025) y aumentó las viviendas con apoyo a 187 unidades. Cien nuevos profesionales se unieron al sistema público, se lanzó una línea directa de crisis, se desplegaron equipos de emergencia en 37 hospitales y se introdujeron unidades móviles de atención. El programa ‘La salud mental es responsabilidad de todos’ se amplió de 93 a 118 municipios”, agrega.
Alicia Stolkiner, epidemióloga en salud mental, profesora e investigadora, que no participó en el trabajo, comenta que “La autora, Alejandra Barcala, se formó en nuestra cátedra, dirigí su tesis de maestría y [el psicoanalista] Emiliano Galende [recientemente fallecido] le dirigió la de doctorado. Integró algunos de los equipos que dirigí. En líneas generales acuerdo [con su visión]. La Provincia de Buenos Aires viene haciendo reformas y programas muy interesantes, algunos intersectoriales y preventivos. Lo que vi en el [Hospital] “Cabred” me impresionó y lo del [Hospital Neuropsiquiátrico] Esteves, también. La licenciada Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia es muy capaz. Y es cierto que 11 provincias se han articulado y discuten sus políticas en salud mental, dado que el gobierno actual desmanteló el Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama). Claro que mucho de lo que se haga en este campo con recursos limitados es insuficiente ante la magnitud de la problemática. Pero el programa preventivo intersectorial de Salud Mental en secundarios me parece muy bueno y la reforma de los psiquiátricos tradicionales, la regulación de las comunidades terapéuticas es importante”.
De acuerdo con el ministro de Salud de PBA, Nicolás Kreplak, en estos años su equipo puso en marcha casi 200 dispositivos comunitarios de salud mental, con 22 nuevos centros comunitarios, y "187 viviendas con apoyos donde viven más de 500 personas que estaban olvidadas en neuropsiquiátricos". Además, incorporaron a 2.600 nuevos trabajadores y trabajadoras y lograron que todos los hospitales provinciales tengan atención en salud mental: hoy el 80% de las internaciones se hacen en hospitales generales, frente al 20% que había en 2019. En el plano escolar, más de 281.000 mil estudiantes secundarios participaron de programas de promoción, y los dispositivos de base comunitaria realizaron más de 615.000 prestaciones en cinco años.
Barcala concluye señalando que la trayectoria que se está verificando en el país contrasta con las directrices internacionales; “en particular, con los cinco pilares estratégicos de la OMS: gobernanza basada en los derechos, atención comunitaria, desarrollo de la fuerza laboral, enfoques centrados en la persona y abordaje de los determinantes sociales. (…) El discurso oficial patologizó la diversidad, socavando un modelo comunitario desarrollado durante más de una década. Los recortes presupuestarios redujeron la inversión en salud mental del 1,82% en 2024 al 1,68% en 2025. (…) El momento actual de Argentina revela una profunda tensión entre el retroceso institucional impulsado por la austeridad fiscal, la centralización autoritaria y el desmantelamiento de las políticas públicas, y la resistencia activa de los territorios subnacionales que reafirman la salud mental como un derecho humano, un esfuerzo colectivo y una responsabilidad pública. Las experiencias de Buenos Aires y otras provincias no solo resisten estas regresiones, sino que ofrecen un modelo tangible, viable y escalable para políticas transformadoras de salud mental en todo el Sur Global”.
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