La destrucción puede adquirir diversos formatos. En la naturaleza, los microorganismos descomponen lentamente la materia orgánica como parte del ciclo de la vida. En el caso de los organismos públicos, una de ellas consiste en deteriorarlos a tal punto que ya no puedan cumplir con sus funciones para luego argumentar que no vale la pena sostenerlos. Esta parece ser la modalidad elegida por la actual gestión liderada por Javier Milei, que según es de público conocimiento, llegó con la intención expresa de “destruir el Estado”.
El despido del 30% de la planta de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) y del 40% de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS [infecciones de transmisión sexual], Hepatitis virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación es un ejemplo práctico de esta modalidad: sin los recursos indispensables en cantidad de personal y 'know how', es inevitable que las funciones de ambas áreas críticas para la salud pública se deterioren a extremos temerarios, de acuerdo con los detalles que brindan varios de los despedidos que pidieron reserva de sus nombres.
“En la opinión pública se instaló el prejuicio de que los trabajadores del Estado somos todos ñoquis –dice uno de ellos, que integró durante 10 años la segunda repartición–. Hay una total desinformación de lo que se hace y quiénes lo hacen. Tengo más de 20 años de médico, especialista en clínica médica y en infectología, y en la actualidad, me dedico con exclusividad a la salud pública. Cuando leo lo que se dice en las redes sociales cosas como ‘por fin sacamos a los ñoquis’, por un lado me enoja y por otro, me duele. Y eso se utiliza para tomar decisiones que van en desmedro de una política pública. No es una planificación, ni una mejora, ni una optimización de los recursos. Por el contrario, habría que fortalecer estas áreas”.
Todas estas enfermedades son de notificación obligatoria. Las tareas de la dirección consisten en centralizar y coordinar acciones para detectar y registrar las nuevas infecciones, alertar precozmente sobre casos que requieran prevención y control comunitarios (por ejemplo, brotes de hepatitis A relacionados con el consumo de agua o alimentos contaminados; o de hepatitis B o C de posible fuente común, como los asociados con cuidados de la salud, tratamientos estéticos o transfusiones de sangre y hemoderivados); caracterizar a las poblaciones afectadas (por edad, género, factores de riesgo), garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento, mejorar la calidad de la atención en todos los niveles, contribuir a eliminar la transmisión materno infantil, evaluar el impacto de las intervenciones y estrategias, estimar la prevalencia de estas patologías en diferentes poblaciones y llevar el registro de las secuelas. Un punto importante es que el Ministerio de Salud de la Nación abarca a la totalidad de las personas, independientemente de que se traten en centros de gestión pública, privada u obras sociales.
Como toda enfermedad infecciosa, las que cubre esta dirección no solo afectan al que las sufre, sino que presentan el riesgo potencial de extenderse a otros. “Se estima que en la Argentina hay 140.000 personas con VIH y entre el 13 y el 20% desconocen su diagnóstico –detalla el especialista–. En cuanto a la sífilis, las cifras se están incrementando muy rápido. Lo vemos sobre todo en la sífilis congénita; es decir, los bebés que nacen con la enfermedad porque su madre no fue oportunamente tratada. Por la dificultad en el acceso a la atención, los casos de tuberculosis también están aumentando. Se diagnostican alrededor de 15.000 anuales”.
Las hepatitis de mayor incidencia son la A, la B y la C. Para las dos primeras, hay vacunas incorporadas al calendario nacional que se administran en forma gratuita. Para la tercera, hay un tratamiento eficaz y seguro que cuando se presentó tenía un precio astronómico. “Gracias justamente a la gestión del Ministerio de Salud, los costos bajaron sustancialmente –comenta un reciente despedido–. Son tratamientos costosos, pero accesibles. El antiguo tenía baja tasa de éxito y era mal tolerado; el nuevo es oral, se completa en dos o tres meses, es mejor tolerado y más seguro. Algo similar a lo que pasó con el VIH: hoy, bastan uno o dos comprimidos por día, no tiene costo directo para la persona que lo recibe, y ofrece una expectativa y calidad de vida similar a la de la población general. Por eso, decimos que el acceso al tratamiento es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y para eso, no solo se requiere contar con el tratamiento, sino también asegurar el acceso planificando, implementando y monitoreando políticas públicas que permitan el diagnóstico temprano y contribuyan a disminuir el número de nuevas infecciones. El Estado debe ser eficiente y optimizar recursos, pero también mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir la mortalidad”.
Según los afectados, con los despidos no solo se redujo la dotación de estas direcciones en número de agentes, sino que se prescindió de personas claves por su conocimiento y experiencia que será difícil reemplazar. “No se eliminaron cargos políticos, sino personal técnico –comentan–. Los más perjudicados serán los habitantes de las provincias con menos recursos, los municipios más desfavorecidos. La dotación que queda no solo está muy mal desde lo humano, sino porque además ve que no va a tener capacidad de respuesta. Es cierto que se necesita optimizar la eficiencia de la salud pública y el rol del ministerio. Pero eso no se logra recortando sin criterio, sin evaluar cómo se seguirá adelante, sino planificando y organizando. Por ejemplo, ya no están las personas que elaboran todos los años el boletín epidemiológico de estas enfermedades. Y con esa información no solamente el Ministerio, sino todas las jurisdicciones toman decisiones en materia de política sanitaria. A largo plazo, esto es mucho más costoso para todo el país, porque si tenemos más número de pacientes, esto va a repercutir en peor salud en la totalidad de la población y representará más costos. No tiene lógica ni siquiera desde la mirada económica”.
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Algo comparable sucedió en la DiCEI: echaron a 14 personas de 46; es decir, el 30%. Esta dirección incluía cinco áreas que se fueron fortaleciendo a lo largo de los años. “Teníamos un área de compras, una de logística, una de datos, una de despacho y una médico-científica –cuenta otra de las despedidas, con más de una década de trabajo en ese grupo–. En la de despacho echaron a dos y ya se habían ido otras. Eran abogados y una médica legista. En este momento permanece una sola persona que hace ‘mesa de entradas’. Con lo cual todo lo que tiene que ver con expedientes y acceso a la información pública, y respuesta al fondo de reparación de Covid (creado para hacer frente a cualquier evento supuestamente atribuible a la vacuna), quedó desmantelado. De la parte de datos, despidieron a tres personas. Dos de ellas trabajaban en el soporte del sistema de nominalización de todas las vacunas (Nomivac) que está vigente desde 2023. En este momento, no hay nadie que responda a los miles de usuarios que hay en todo el país. Hace varios días ni siquiera se responden los correos electrónicos. En la parte de compras de inmunizaciones, de tres, echaron a dos. Se trata de procedimientos muy complejos, ya que el ministerio adquiere vacunas por diferentes mecanismos: a través del fondo rotatorio [de la OPS], por licitación pública o de manera directa. Y ese conocimiento técnico lo tienen las personas que echaron”.
Todos los despedidos tenían un contrato llamado “048”, de planta transitoria, que se renovaba anualmente los 1° de enero. El año pasado eso ocurría cada tres meses y se les había indicado que si aprobaban el “examen de idoneidad”, volvería a ser anual. “De los 43, menos tres que son de la planta permanente y no tenían que rendir, aprobamos todos –cuentan–. Pero no sucedió lo prometido: la renovación fue hasta el 31 de enero y ahí nos enteramos que estaban revisando los listados para ver a quiénes iban a echar”.
La DiCEI no solo se ocupa de la planificación, compra y distribución de las vacunas, sino también de establecer recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica, vigilancia epidemiológica de las enfermedades que éstas previenen, y de la de su seguridad. Echaron a las encargadas de la vacuna antigripal y HPV, la que estaba a cargo de virus sinsicial respiratorio y coqueluche. “De rabia, no quedo nadie”, subrayan.
Y destacan que estas enfermedades exceden a las jurisdicciones en las que se presentan: “Si hay un caso de sarampión en una provincia, el problema es de todo el país. No se pueden hacer políticas fraccionadas, porque la salud no tiene límites territoriales”.
Esta semana, María del Valle Juárez, también integrante de la DiCEI, describió la situación que atraviesan en una sesión de la Comisión de Salud de Diputados: “Cuando hicieron el nuevo organigrama, eliminaron las funciones precisas para que deje de funcionar –dijo–. Echaron a las tres personas que hacían el Registro Nominal de Vacunación. De tres personas que compraban vacunas, echaron a dos. Del área de recomendaciones científicas nos echaron a cuatro médicas de más de 10 años de experiencia. Una de ellas era la responsable de la vigilancia de sarampión, rubeola y rubeola congénita, justo cuando tenemos un caso importado de sarampión en CABA. Cadena de frío: el único encargado de manejar el sistema de la logística ya no está y no hay nadie que lo reemplace. No estamos peleando por nuestros 14 puestos de trabajo, eso es lo menos importante, sacaron engranajes muy importantes de la maquinaria y sin plan de contingencia, es cuestión de tiempo que todo caiga en cascada”.
“Pareciera que la única variable de eficiencia es recortar personal –concluyen–. Nosotros hacemos memorias anuales de lo hecho; sin embargo, desde que asumió este gobierno nadie nos vino a preguntar nada. No se sabe cuál es el criterio que utilizan para tomar estas decisiones. Dimos todo por el ministerio y con sueldos bajos. Hubo personas que siguieron trabajando en medio de un tratamiento oncológico. Es tremendo sentir que, de un día al otro, sos desechable”.
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