Estafaban a pacientes con cáncer vendiéndoles una “terapia revolucionaria” bajo promesas falsas, pero se trataba de una trampa mortal

En octubre de 2019, Rosa Azucena Kairus, una mujer con cáncer en estado avanzado, decidió abandonar su tratamiento oncológico convencional. La quimioterapia ya no era una opción; su cuerpo no resistía más. Fue entonces cuando su familia vio en televisión a Ernesto Prieto Gratacós, un supuesto científico cubano, promocionar su "terapia metabólica". "Decían que lograban la remisión total del cáncer, incluso en estadios terminales. Nos mostraron gráficos con expectativas de vida de 80 meses o más, algo que la medicina convencional no podía ofrecer", relató Patricio Taboada, hijo de Rosa, en diálogo con El Destape.

La promesa de la cura contra el cáncer tenía publicidad en programas televisivos como los de Chiche Gelblung y Guillermo Andino, donde representantes del “Centro de Terapia Metabólica del Cáncer” explicaban una “alternativa revolucionaria para pacientes oncológicos” casi mágica. “Cuando mi hermano vio esta alternativa en la tele, me pareció una chantada. Si tuvieran la cura del cáncer, estaría todo el mundo haciéndolo y nadie más se sometería a una quimio”, explicó Patricio, a quien su hermano respondió: “Es intentar esto o esperar el final de mamá”.

La crítica situación de salud de Rosa llevó a sus tres hijos y a su marido a una consulta en la clínica, ubicada en plena Ciudad de Buenos Aires. Allí, les presentaron folletos que prometían resultados "de 13 a 19 veces mayor que la terapia convencional" para pacientes oncológicos considerados "terminales" o "intratables". Victoria Amador, quien se presentó como médica oncóloga cubana, les aseguró que el tratamiento lograría la remisión total del cáncer o, cuanto menos, extender considerablemente la expectativa de vida. Sin revisar los estudios médicos de Rosa, les entregó un presupuesto y les vendió la ilusión de una cura milagrosa.

Rosa comenzó el tratamiento en noviembre de 2019. Pero el deterioro fue inmediato: "A las dos semanas, mi mamá ya no podía caminar. Tenía edemas enormes en las piernas, le brotaba agua por la piel y casi no hablaba. No podía abrir los ojos y se le dificultaba hasta respirar", relató Patricio. A pesar de las alarmantes señales, el equipo del centro les aseguraba que todo era normal. "Nos decían que eran efectos esperados del tratamiento. Que teníamos que seguir adelante, que estaba funcionando", recordó.

Pero la realidad era otra: Rosa estaba siendo expuesta a megadosis de vitamina C y un análogo de glucosa, sustancias que, lejos de curarla, agravaron su condición. A principios de enero de 2020, Rosa ya no podía trasladarse al centro. Roberto Pablo Álvarez, el único médico que atendía a los pacientes, les sugirió contratar a una enfermera para que le aplicara el suero en su casa. "Nos dijo que mi mamá estaba muy débil, pero que no había nada preocupante. Nos prometió que nos enviaría los resultados de unos análisis de sangre por correo electrónico. Nunca llegaron", denunció Patricio. Una semana después, en la madrugada del 15 de enero de 2020, Rosa falleció.

"A mi juicio, se trata de una organización criminal donde la mayor parte de los imputados no eran ni médicos. Prometían a personas desesperadas, como a la familia Taboada, que su familiar enfermo se iba a recuperar al 100% mediante una técnica revolucionaria para combatir el cáncer. Les decían que les inyectarían una droga que combatía las células afectadas y evitaba que se reprodujeran. Pero, en realidad, se trataba de una estafa con resultados mortales. Esta maniobra se repitió con varias familias", explicó Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y letrado apoderado de Patricio, Santiago Hernán y Florencia Taboada, quien elevó una querella ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a la que este medio pudo acceder.

En el documento, se detalla que “se le atribuye a Ernesto Prieto Gratacós, Roberto Pablo Álvarez, María del Carmen Victoria Amador y Néstor Adrián Labonia el montado y/o participado de una organización o estructura destinada a cometer diversas actividades delictivas, entre las cuales se cuenta el ejercicio ilegal de la medicina, defraudaciones a los pacientes y sus familiares, y abandonos de persona seguidos de muerte”. Estos hechos habrían tenido lugar entre, al menos, octubre de 2019 y el 17 de julio de 2020, cuando se realizó un allanamiento en el centro ubicado en la calle Paraná de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El engaño detrás del "tratamiento milagroso"

El "Centro de Terapia Metabólica del Cáncer" operaba bajo una fachada de cientificidad, pero detrás de las promesas de cura se escondía una estructura fraudulenta. Ernesto Prieto Gratacós, quien se presentaba como un científico revolucionario, admitió en una entrevista: "Hace más de tres décadas decidí dedicarme a la ciencia en forma independiente. Mi única carta de presentación es la fuerza de mis ideas y necesito títulos, distinciones honoríficas o licencias profesionales para validar mis hallazgos".

Para justificar que no tiene un título habilitante que le permita estar al frente de la clínica que dirige, en videos de YouTube explica: “Hasta la fecha he mantenido firme esta decisión, he sido y seguiré siendo un autodidacta. No tengo ni tendré afiliación ni subordinación económica de ningún tipo con ninguna Universidad, sociedad científica, industria, partido o Estado”.

Así, el tratamiento consistía en inyectar a los pacientes un suero que, según los acusados, contenía una fórmula única. "Ellos usaban megadosis de ácido ascórbico (vitamina C) y un análogo de glucosa, algo que está totalmente contraindicado en pacientes con cáncer, especialmente en aquellos con ascitis o síndrome ascítico-edematoso", explicó Patricio Taboada. El ácido ascórbico, en su forma de ascorbato de sodio, puede empeorar la retención de líquidos y agravar condiciones como la distensión abdominal, la dificultad para respirar y la hinchazón en piernas y pies.

En un recorte del programa de Chiche Gelblung, Gratacós describe el tratamiento como una terapia con "megadosis de ácido ascórbico", mientras que Roberto Pablo Álvarez, otro de los acusados, aseguraba que lo normal en su tratamiento era "la remisión total" gracias a esa fórmula. Sin embargo, estas afirmaciones no solo carecían de fundamento médico, sino que también ponían en riesgo la vida de los pacientes.

Pero el engaño no terminaba ahí. "Además de la estafa, para nosotros hay un abandono de persona seguido de muerte", explicó Rovatti. Y agregó: "Esta gente, producto de ese engaño, asumía voluntariamente el cuidado de la salud de pacientes muy enfermos, poniéndose en posición de 'garantes'. Y en vez de cumplir con esa responsabilidad, lo que hacían era inyectarles un multivitamínico. De manera que no solo no los curaban, sino que terminaban acortándoles la vida, sin cuidados paliativos del dolor y en condiciones inhumanas”.

Los pacientes, engañados por las promesas de cura o de una mayor expectativa de vida, abandonaban sus tratamientos oncológicos convencionales. "Incluso les mentían descaradamente. Les decían que el tumor estaba más chico o que iban a vivir más tiempo. Todo era falso", agregó Rovatti. Estas mentiras impiadosas no solo agravaban el estado de salud de los pacientes, sino que también les robaban la posibilidad de acceder a tratamientos que, aunque no fueran curativos, podrían haberles brindado una mejor calidad de vida en sus últimos días.

El centro no estaba habilitado para tratar pacientes oncológicos, y muchos de los supuestos médicos, como Victoria Amador, no tenían matrículas válidas. Además, operaban bajo una red de empresas satélites que les permitían fabricar y vender los medicamentos sin autorización. "Tenían una farmacéutica llamada Nutracéutica y un laboratorio en el subsuelo del mismo edificio. Allí preparaban los sueros y los vendían sin trazabilidad ni autorización de la ANMAT", detalló Patricio. Estas empresas, que también incluían a Hipermedicine S.A. y CEOC S.A., formaban parte de una estructura diseñada para evadir controles y maximizar ganancias a costa de la salud de las personas.

Denuncias, impunidad y miedo

La “depresión de los pacientes en estado terminal” y la “impotencia y desesperación” de las familias que los acompañan se convierten en ventaja para los estafadores. “Uno haría cualquier cosa por salvar a un ser querido. Intentás hasta lo imposible”, explicó Patricio, quien contó que, si bien el tratamiento era caro (300 dólares por aplicación, dos o tres veces por semana durante tres meses), "las personas que acuden a este tratamiento no son millonarias". "Te endeudás si es necesario. Vendés la casa, los muebles o el auto si hace falta. Pagás lo que sea en una situación así", relató. Y analizó: “Hoy el sistema de salud pública es un desastre y yo no sé si esto lleva a que haya más gente cayendo en este tratamiento. Pero sí agrega desolación y complicaciones”.

La familia Taboada se dio cuenta de la maniobra, pero el proceso de duelo fue, para ellos, inmovilizante. Sin embargo, con el tiempo, decidieron denunciar lo sucedido. Pero el camino hacia la justicia se llenó de obstáculos. A pesar de sus intentos de hacer pública su historia y de denunciar, las puertas se les fueron cerrando: la producción del canal donde continuarían publicando su historia y las abogadas que los representaban, de repente, les dieron la espalda con “justificaciones” que Patricio tildó de irrisorias. "Es gente con muchísimo dinero y poder. No por nada están donde están", especuló.

Además, a pesar de que la familia Taboada conoció otros casos como el suyo, "muchas familias no denuncian porque tienen miedo", contó Patricio. "Esta gente es mafiosa y sabe cómo intimidar".

Lucha judicial

La fiscalía de primera instancia no fue de mucha ayuda. Rovatti lo explicó con claridad: "La fiscalía lamentablemente pidió hace poco el sobreseimiento parcial de los acusados y la incompetencia para que la causa pase a otro fuero, argumentando que no había forma de probar pericialmente el homicidio culposo de Rosa. El planteo de la fiscalía en un caso de esta gravedad nos parece preocupante, porque está más que demostrada la estafa tanto como el abandono de personas seguido de muerte, que son los dos delitos de competencia nacional". La causa está ahora en manos de la Fiscalía General, donde las expectativas son más alentadoras: "Confiamos en que se hará justicia esta vez. Vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias, no sólo por la familia Taboada sino para asegurarnos de que no haya más casos como este".

Rastro borrado

El "Centro de Terapia Metabólica del Cáncer" ya no existe, al menos bajo ese nombre. Tras el allanamiento realizado en julio de 2020 y la presión mediática, los acusados cerraron el local de la calle Paraná y eliminaron toda su presencia en internet. "Borraron videos, reseñas, comentarios. Todo lo que podía servir como prueba desapareció", detalló Patricio. Pero no solo eso: también manipulaban su imagen en redes sociales. "En Facebook, había comentarios de gente que decía: 'Mataron a mi familiar'. Pero los borraban constantemente. Solo dejaban los comentarios positivos, que obviamente eran falsos", denunció. Estas reseñas sospechosas, junto con la publicidad engañosa en programas de televisión, ayudaron a construir una fachada de credibilidad que atrajo a decenas de familias con una ilusión falsa.

Sin embargo, la organización no se detuvo. "Ahora operan bajo otro nombre: Regenet. Cambiaron el discurso y dicen que es un tratamiento complementario, pero siguen sin estar habilitados", aseguró Patricio. A pesar del cambio de nombre y de estrategia, el modus operandi sigue siendo el mismo: promesas de curas milagrosas, tratamientos sin base científica y un rastro de dolor y desesperación.

(Des)control estatal

El caso del "Centro de Terapia Metabólica del Cáncer" no solo expone una estafa cruel, sino también las fallas del sistema de control estatal y los vacíos legales que permiten que organizaciones como esta operen impunemente. "El centro no estaba habilitado para tratar pacientes oncológicos, y los medicamentos que usaban no tenían autorización de la ANMAT. Sin embargo, funcionaron durante años sin que nadie los detuviera", explicó el defensor público. La falta de regulación y supervisión permitió que esta estructura fraudulenta se aprovechara de la desesperación de las familias, vendiendo falsas esperanzas a cambio de sumas exorbitantes de dinero. La falta de controles efectivos y la lentitud de la Justicia facilitan que estos engaños continúen.

A pesar de los obstáculos, la familia Taboada no pierde la esperanza. "Confiamos en que la Fiscalía General hará justicia. Este caso no solo es por mi mamá, sino por todas las familias que han sufrido lo mismo", dijo Patricio.

El futuro del caso aún es incierto, pero la lucha de la familia Taboada ya ha dejado una marca. "Quiero que estos tipos cierren para siempre y que no le arruinen más la vida a la gente. También espero que este caso sirva para que se generen leyes más estrictas y controles más efectivos", concluyó Patricio, quien con su familia han honrado a su madre convirtiéndola en un motor para seguir buscando justicia.