13 años presa por la justicia patriarcal

Paola Ortiz esta presa hace trece años. Hasta 2022, cuando la Defensoría Pública que trabaja con mujeres condenadas reparó por primera vez en ella y la puso en contacto con dos abogadas de la Guardia Jurídica de Católicas por el Derechos a Decidir, estuvo aislada, maltratada por el sistema legal y penitenciario y también por sus compañeras de cautiverio que llegaron a quebrarle la columna a golpes.

Es que a Paola la condenaron por “mala madre”, por no haber sabido qué hacer cuando padeció un parto en avalancha: una sucesión de contracciones fuertes, rápidas y muy dolorosas que en muy breve tiempo desencadenaron el nacimiento de un bebé “frío, duro”, que no se movía ni lloraba. En el fallo condenatorio de 2015 la sentenciaron por homicidio agravado por el vínculo; sin embargo, en los fundamentos, se admite que no se pudo constatar que el feto haya nacido vivo. Paola llego a juicio ya condenada.

“Estamos hablando de una persona en estado de extrema vulnerabilidad, una mujer pobre que hacía changas en casas particulares, que a veces dormía en la terminal de micros con su hijito menor porque la casa donde vivía era de su ex suegro que le cobraba a cambio de alojamiento ‘favores sexuales’, ella se protegía como podía de esos abusos”, cuenta Julia Luna, la abogada que ahora la acompaña cuerpo a cuerpo y que junto con Rocío García Garro presentaron, en 2023, un pedido de revisión de esta condena plagada de irregularidades, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.

Hace más de 400 días que este recurso legal duerme en el despacho del TSJ. Cerca de 10 organizaciones presentaron Amicus Curiae, entre ellas el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), el CELS, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba y la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Este mes, Católicas por el Derecho a Decidir lanzó una campaña para visibilizar el caso de Paola y exigir al TSJ que se pronuncie.

¿Dónde pedir ayuda?

En 2012, Paola fue por sus propios medios a la comisaría de Villa Nueva, una población satélite de Villa María en Córdoba. Tenía 29 años y estaba sola, no sabía a quien más pedirle ayuda, por eso recurrió a la policía. El padre de sus tres hijos le había quitado al más chiquito, de 5, el único que vivía con ella después de que ese hombre se hubiera llevado antes a los dos mayores. Pero el cuerpo de un bebé había sido encontrado en el río y el policía que la recibió comenzó a interrogarla, Paola se quebró y contó que había parido en la casa sin esperarlo, que tocó a su bebé y estaba frío, que había salido en el mismo movimiento junto a la placenta. No sabía que hacer, además de frío, estaba duro; lo dejó junto a la cama, estaba claro que estaba muerto, asustada al día siguiente lo llevó al río. En esa declaración, el policía anotó que Paola escuchó un llanto que muchas veces después, ella repitió que no había escuchado. Esa fue una de las pruebas de la condena.

“El policía en la declaración pone que el bebé había llorado sin haber estado en el parto, además es una declaración en la que ella estaba sin defensa, desde ese momento queda detenida y es hostigada y golpeada al grito de ‘mala madre’. Tres años después, en el juicio, se incorpora otra prueba: la dosimetría hidrostática pulmonar, que no logra constatar de manera fehaciente que el nacimiento haya sido con vida ya que esa pericia necesita ser acompañada de otras para verificar su certeza. Sin embargo, en ese juicio por jurados se cambia la caratula de abandono de persona seguido por muerte a homicidio agravado por el vínculo”, dice Julia Luna.

“En este caso en particular se aplicaron todos los estereotipos de género que te puedas imaginar, de hecho se refieren a ella como multípara, con ese berretín que tienen de asociarnos a las madres con animales todo el tiempo. Se supone que como multípara debería haber sabido que tenía que cortar el cordón. Esto y el hecho de que haya ocultado el embarazo se utilizaron para probar la intencionalidad, en el juicio in situ deciden cambiar la calificación de abandono seguido de muerte -que se enmarca en lo que en derecho penal se llama comisión por omisión, o sea un delito doloso- a homicidio agravado por el vínculo”, explica García Garro, directora de litigio estratégico del CCD.  

“Ella podría haber ocultado el parto para evitar más violencias de parte de su ex suegro o por muchas razones, no todos los embarazos son iguales. Paola hizo varias veces tercer grado y no pudo terminar la primaria, tiene problemas de aprendizaje, su madre la había expulsado de la casa siendo adolescente, sus otros partos fueron en el hospital no tenía porque saber lo que tenía que hacer estando sola”, agrega Julia Luna.

La defensa oficial de Paola apeló, en su momento, reclamando la caratula de homicidio culposo pero no pidió mas prueba ni exigió lo que correspondía que es la absolución. El TSJ mantuvo firme la sentencia y la defensa desistió de acudir a la Corte Suprema de Justicia. Si ahora Garro y Luna pudieron presentar un pedido de revisión es porque sumaron nueva prueba a la causa. “Lo que nosotras hicimos -explica Garro- fue presentar un informe realizado por Stella Maris Manzano donde hace una correcta evaluación de la pericia y plantea por qué no es posible acreditar el nacimiento con vida. Paralelamente lo que hicimos -que también es una cuestión novedosa, por lo menos en Córdoba- es exigir la obligación constitucional en nuestro país que tienen los tribunales de juzgar con perspectiva de género a partir del caso Manuela, jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018”.

En la memoria popular, mas fresca después del estreno de la película de Dolores Fonzi, está el caso Belén en Tucumán donde también la estigmatización de las mujeres pobres pretendió convertir una emergencia obstétrica en un crimen.

Romper el aislamiento

Cuando Julia y Rocío conocieron a Paola, ella estaba embarazada de 8 meses. Su situación era más que precaria, hacía 12 años que estaba presa y alojada en el pabellón conocido como el de “las malas madres”, ni siquiera había podido asistir a la escuela por las agresiones que este estigma implica por parte de la población penal. Había parido otro niño en la cárcel, pero la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) lo había declarado inmediatamente en adopción.

“Paola quería maternar, tenía miedo de que le sacaran otro hijo y había sufrido durante ese parto todo tipo de violencia obstétrica: no dejaron que la acompañara el padre del niño, la mantuvieron atada y con presencia del servicio penitenciario durante el parto. Nuestra primera intervención fue evitar que esta vez también le sacaran a su hijo”, dice Garro. Ese niño ahora esta con la familia de origen de Paola.

“Una de las discusiones más relevantes en el marco del CLACAI que acaba de reunirse en Bogotá -explica Carlota Ramírez, directora de Equidad de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- giró en torno a la violencia obstétrica entendida no como un conjunto de malos tratos individuales sino como expresión de un sistema de salud estructuralmente patriarcal y precarizado. La noción de que se trata de un fenómeno sistémico —y no de 'malas prácticas' aisladas— fue compartida por la mayoría de las expositoras, además se subrayó el paralelismo entre la represión penal y la obstétrica: ambas son formas institucionales de control sobre los cuerpos que cuidan y gestan”, concluye.

Si los organismos de control del Estado, como la Defensoría, y la sociedad civil -CCD- no hubieran entrado al sistema de represión penal, Paola seguiría aislada como en su momento lo estuvo Belén en Tucumán. A Paola -como a Belén- no le alcanza solamente con tener abogadas comprometidas con su historia, también se necesita el acompañamiento feminista que es capaz de crear conciencia sobre como el estigma patriarcal cae sobre las mujeres mas pobres. Y como la perspectiva de género puede salvar vidas concretas.

Paola Ortiz es su nombre verdadero, lo prefirió así para limpiar su nombre de las cosas terribles que dijeron sobre ella los medios de comunicación cuando la detuvieron en 2012. Quiere que sus hijos mayores -que tal vez hayan leído aquello- sepan la verdad.