El incremento del endeudamiento con el FMI consolida una transformación estructural en la distribución de los acreedores de Argentina. Esta modificación tiene consecuencias relevantes de mediano y largo plazo para la administración de los pasivos públicos y, en especial, para evaluar las perspectivas de recuperar el acceso al crédito del mercado de capitales.
El Fondo Monetario Internacional es un acreedor privilegiado. Esto significa que está en primer lugar para cobrar por encima de otros, entre ellos los poseedores de títulos públicos.
Resulta sencillo identificar este privilegio: ningún país ha defaulteado la deuda con el FMI, lo máximo que hicieron fue posponer por unas semanas el giro de los dólares; en cambio, hubo muchos episodios de cesación de pagos de la deuda con bonistas, con quitas de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los plazos.
Incluso si un país incumple con el pago de una cuota del préstamo con el FMI, la declaración de default no es inmediata. El organismo inicia un proceso administrativo que puede durar hasta seis meses para una sanción efectiva y recién, si se mantiene la mora, a los dos años el país es expulsado de la institución.
No hay antecedente de esta situación crítica porque declarar el default de la deuda con el FMI implica hacerlo a 190 países (el organismo es un colectivo integrado por 191 en total), entre ellos, los dominantes son las potencias occidentales (Estados Unidos y las europeas) y orientales (China, Japón, Rusia).
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¿Qué cambios hubo en la composición de la deuda externa argentina?
La tarea histórica del FMI es ser auditor de las cuentas públicas de países endeudados. La exigencia del ajuste cambiario, monetario y fiscal en los planes económicos tradicionales exigidos por el Fondo tiene el objetivo principal de generar los recursos necesarios para cumplir con los vencimientos de la deuda externa.
El Fondo actúa, entonces, como el vehículo de los acreedores privados para presionar a países endeudados con el fin de asegurar el cobro de intereses y capital de los bonos.
Los grandes fondos de inversión descansan en esta misión y demandan a países que tienen crisis del sector externo que queden bajo tutela de la tecnoburocracia del FMI.
El caso argentino altera este funcionamiento de las finanzas globales, consistente en que el FMI actúa como sello de garantía de un plan económico para garantizar el pago de la deuda de los bonistas. Lo es, pero no exclusivamente para ellos; en realidad, en primer lugar es para el propio Fondo.
Desde el gobierno de Mauricio Macri y ahora en forma más pronunciada con el de Javier Milei, el FMI se ha convertido en el acreedor individual externo más importante.
El registro oficial, en enero del 2025, informa que la deuda externa total sumaba 252.344 millones de dólares. En marzo de 2025, la deuda con el FMI alcanzaba los 41.052 millones de dólares. Si se agregan los 15.000 millones de este año, el total alcanza los 56.052 millones.
El 20% de la deuda externa argentina está en cabeza de un solo acreedor: el Fondo Monetario Internacional.
El fantasma del default
Nunca antes un único acreedor concentró un porcentaje del total tan elevado. Esto implica que el ajuste económico exigido por el FMI tiene como meta central generar el excedente de divisas necesario para cumplir con los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario. Dejaron de estar en primer lugar los bonistas privados.
Esto es una transformación relevante de la organización de los pasivos públicos, aspecto que la mayoría de los analistas y financistas todavía no han observado con detenimiento. Se convierte en un inmenso condicionamiento para impulsar el crecimiento de la economía.
En estos días, los bonistas festejan que habrá dólares para los vencimientos inminentes de mediados de año y, casi con seguridad, para los de fines de año. Subieron entonces las paridades de los títulos públicos en los días posteriores al anuncio del acuerdo con el FMI y, por ahora, se conforman con esta posibilidad.
Pero la disponibilidad de dólares del Tesoro Nacional para pagar la deuda externa en los próximos años no está despejada. Crece la alternativa de una reestructuración voluntaria o forzada de los vencimientos siguientes, incluso con la promoción del propio Fondo Monetario para asegurar que los dólares irán a su cuenta y no a la de otros acreedores. Aparece el fantasma de un futuro default.
La política económica de otro gobierno, si pretende recuperar márgenes de autonomía, la reestructuración deberá incluir la deuda con el FMI: una posibilidad es la de mantener en situación normal la correspondiente a la que corresponde a la proporción de la cuota del país, y el resto por encima de la cuota negociarla en términos políticos porque fue entregada con criterios políticos, antes a Macri y ahora a Milei.
El Fondo está primero en la fila de cobrar
Esta opción quedaría neutralizada si Argentina pudiera tener acceso al financiamiento voluntario en el mercado de capitales internacional. Para ello, el riesgo país debería retroceder a niveles de 400 puntos y, en estos días, pese al desproporcionado préstamo del FMI para abultar las reservas del Banco Central, continúa por encima de los 700 puntos.
Es un nivel compatible con la fragilidad del sector externo argentino y con el carácter de acreedor privilegiado del FMI, siendo además el que concentra un quinto del total de la deuda externa argentina.
El panorama es complejo porque Argentina está fuera del mercado de crédito internacional desde hace siete años y, cuanto más debe al FMI, menos chances tiene de volver. Vale reiterar: el Fondo es un acreedor con estatus preferencial y está primero en la fila para cobrar.
Cuando los financistas cobren este año y baje la espuma de la montaña de dólares del Fondo volcados en el Banco Central, identificarán que existe otro acreedor más grande delante de ellos en la fila para cobrar.
El FMI presta pero dice que será muy difícil pagar la deuda
El discurso oficial del gobierno afirma que la ampliación de la asistencia del FMI sirve para recuperar el acceso al financiamiento del mercado. Sin embargo, en la práctica, es muy difícil que suceda.
Hasta el Fondo lo reconoce en el staff report de 138 páginas. En el punto 31, con el subtítulo “Capacidad de reembolso”, dice que el equipo técnico “considera que la capacidad de Argentina para reembolsar al Fondo sigue sujeta a riesgos excepcionales, que dependen fundamentalmente de las medidas políticas tempranas y la implementación sostenida del plan de estabilización para alcanzar los objetivos de acumulación de reservas y asegurar la reanudación del acceso al mercado antes del vencimiento de las recompras al Fondo”.
Indica que “el margen de maniobra sigue siendo limitado, especialmente en el contexto de bajos niveles de reservas, elevadas obligaciones de servicio de la deuda, un historial de volatilidad de los flujos de capital y un entorno externo más propenso a shocks”.
Detalla que la exposición del Fondo alcanzaría un máximo de 43.100 millones de DEG en 2026 (la mayor en la historia del FMI con un país, al representar el 45% del total de su cartera crediticia), superaría el 100% de las reservas internacionales brutas del Banco Central hasta finales de 2027 y se mantendría por encima del 1000% de la cuota hasta finales de 2029.
Las necesidades de financiamiento externo bruto promediarían alrededor del 9% del PIB (excluyendo el servicio de la deuda interna del sector público) durante el período del programa.
El Fondo Monetario amplió la asistencia financiera a la Argentina de Milei reconociendo, con la sutileza del lenguaje tecnoburocrático de este documento, que la deuda es impagable. Y lo será por la magnitud del préstamo que entregó que, en los hechos, mantendrá clausurado el acceso del país al financiamiento voluntario del mercado de capitales.
La economía queda así atrapada en un corset de hierro: ajuste para pagar la inmensa deuda con el FMI, deuda externa total impagable y sin crédito internacional.
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