El gobierno de Javier Milei prepara una reducción en la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad para después de las elecciones de octubre, según se comprometió en el último acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hasta ahora, Milei y el equipo económico liderado por Luis Caputo se vanagloriaron de haber reducido la pobreza gracias a sostener aumentos de los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación, punto que había sido constantemente destacado por el propio organismo de crédito que dirige Kristalina Georgieva.
Sin embargo, post elecciones de medio término habrá un giro en cuanto a la política de Milei tanto hacia los programas sociales. Según se comprometió el propio Gobierno con el FMI, a fines de diciembre habrá una reducción en la cantidad de beneficiarios tanto de la AUH como de las pensiones por discapacidad, que se realizará a través del empadronamiento de sus titulares en un registro único.
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Concretamente el acuerdo técnico firmado por el FMI y por Argentina, aprobado el último jueves, establece que habrá "mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social (finales de diciembre de 2025)".
Por si fuera poco, en el mismo párrafo queda establecido que la razón para este ajuste es simplemente la necesidad de lograr un mayor superávit fiscal. Específicamente, el FMI pide "un esfuerzo adicional de 0,3 puntos porcentuales del PBI" con el fin de "apoyar la transición al nuevo régimen cambiario" post salida parcial del cepo, para así "alcanzar un superávit fiscal de 1,6 puntos porcentuales del PBI" en lugar del 1,3% establecido originalmente, detalla el texto del mismo acuerdo.
En otro tramo del acuerdo técnico, correspondiente al "Memorando de Políticas Económicas y Financieras", el propio Gobierno argentino reconoce en primera persona: "Continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios energéticos, asegurando una adecuada recuperación promedio de costos para la electricidad, y para mejorar la focalización, la gobernanza y la eficiencia de los programas sociales, facilitado por la integración de bases de datos sociales en un registro único". Una vez más, señala que se trata de una meta a alcanzar a "fines de diciembre de 2025".
Cómo se realizará el ajuste en la AUH que prepara el Gobierno
El mismo documento da precisiones sobre cómo se llevará a cabo este ajuste en la AUH y las pensiones por discapacidad. Lo que se plantea como objetivo para este fin de año es "completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), trabajando con la asistencia técnica del Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social".
Actualmente, el SIS, dependiente del Ministerio de Capital Humano, condensa mensualmente estadísticas sobre todas las áreas que abarca la cartera dirigida por Sandra Pettovello (pobreza, mercado de trabajo, seguridad social, educación, vivienda y salud), pero no se actualiza, al menos públicamente, desde mayo de 2024.
Según la página oficial de Capital Humano, el SIS "consolida información social relevante generada a partir de relevamientos estadísticos y registros administrativos. Brinda una visión global de la situación socioeconómica a nivel nacional. Se actualiza la primera semana de cada mes". Aparentemente, el Gobierno apunta a convertir este instrumento en un registro único de todos los planes sociales para, de esa forma, ajustar la nómina a nuevos criterios más estrictos.
En la redacción de los párrafos del acuerdo técnico tampoco queda claro si el recorte en los criterios de elegibilidad que se preparan implicarán simplemente un ajuste en la cantidad de nuevos ingresantes a la AUH o, al contrario, un recorte de su nómina actual, aunque el uso de la palabra "focalización" da a entender que se trata de este último caso.
Otro tanto ocurre con las pensiones por discapacidad. Lo que sí queda claro, sobre este último caso, es por qué Milei decidió vetar este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, que hubiera implicado un gasto extra de entre el 0,25% y el 0,48% del PBI por nuevas altas en las PNC por discapacidad, según las cifras de la OPC del Congreso.
El Destape se comunicó con fuentes del Ministerio de Capital Humano, de la Anses y del Ministerio de Economía para obtener detalles sobre cómo será el ajuste en los planes sociales acordado con el FMI, pero desde estos organismos no dieron precisiones al cierre de esta nota.
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