Mapa productivo en jaque: crisis extendida en las economías regionales, algunas con un año en rojo

Más de la mitad de los sectores productivos del país están en alerta. El panorama federal muestra el impacto negativo generado por la caída sostenida del consumo interno, bajos precios al productor y pocas señales de recuperación, con el golpe extra de la apertura desregulada de importaciones y con exportaciones que no traccionan precios por un tipo de cambio apreciado. Algunas cadenas productivas ya alcanzaron doce meses consecutivos en contracción -como la yerba mate y el vino y mosto- y otras llevan también un año sin poder superar la situación de alerta -como sucede con el algodón, forestal, granos, lechería, entre los principales.

La continuidad de un escenario adverso en la diversidad productiva del país derivó en que al menos 17 de 19 producciones relevadas a nivel país sigan, al inicio del segundo año de gestión de La Libertad Avanza (LLA), en crisis. Entre las más complicadas aparecen también arroz, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, maní, sector avícola, hortalizas, miel, porcinos, papa y tabaco.

En relación, si bien en Argentina el 60% de los alimentos que consume la población son producidos por la agricultura familiar; casi dos tercios de las familias productoras no son dueñas de la tierra y en este último tiempo, además, vienen atravesando una dura situación debido al encarecimiento de insumos, el alza de tarifas de servicios y combustibles, y el ajuste del Estado en recursos que permitían mejorar la calidad y cantidad de los productos que ofrecen a la población. Esto se vio agravado recientemente por recortes, despidos o directamente desguace en organismos como el INTA, INTI y CONICET que acumulan recortes presupuestaria que superan el 33%, desde diciembre de 2023.

Radiografía por actividad regional

Más de la mitad de los sectores productivos están en alerta, así lo señaló un informe sectorial que planteó que, por la caída del consumo, los bajos precios al productor y la apertura desregulada de importaciones, unas diecisiete cadenas productivas siguen con pocas señales de recuperación, y algunas acumulan ya un año en rojo. 

En lo concreto, tras el primer trimestre del año, de un total de 19 economías regionales relevadas se advirtió que 7 sectores se encuentran en crisis máxima (semáforo en rojo), mientras que 10 están en situación de alerta (amarillo) y sólo 2 se ubicaron en verde, es decir, muestran crecimiento. Entre los motivos que explican tal situación, los que están en situación crítica se vinculan con “economías que siguen viendo dañado el componente negocio de su actividad, es decir, que los precios en muchos casos han bajado o se atrasaron significativamente respecto a la inflación y a la suba de sus costos”, indicaron desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) que representa a cooperativas del sector agropecuario. Por su lado, según advirtieron, los sectores regionales en “amarillo” se explican por “subas de precios al productor que no alcanzan a la inflación y baja demanda” y los verdes son resultado de “precios mejora con respecto a la inflación, mientras que los costos evolucionaron por debajo”.

De las 19 producciones que se monitorean en el “Semáforo de Economías Regionales” todos los meses, siguiendo la parte micro a nivel precios y costos, la parte productiva y a nivel exportaciones y consumo interno, el indicador mostró que, en el segundo año de gestión de Javier Milei, las economías regionales más perjudicadas abarcan al algodón, arroz, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, vino y mosto y yerba mate. 

En detalle por producción, se destacó que algunas ya alcanzaron 12 meses consecutivos en contracción como es el caso de la yerba mate, y de vino y mosto. En cuanto a la producción yerbatera, indicaron que se vio afectada por “la baja mensual e interanual del precio que queda muy retrasado frente a la inflación”. Hay que recordar que, debido a la desregulación de precios y la desarticulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) promovido por el DNU 70/2023, los pequeños y medianos productores, cerca del 90% del total, se enfrentan a un juego desigual donde apenas 10 grandes molinos -que compran el 75% de la producción- determinan el valor de la materia prima. En este tiempo, bajó considerablemente el precio que se paga por la materia prima -por la desregulación y fuerte concentración del sector, y la importación de países limítrofes- afectando a la producción local y el empleo.

Por su lado, en el caso del vino y mosto, se señaló el “precio interanual por debajo de la inflación”. Se suman a este grupo de sectores, el algodón con “precios a la baja en términos mensuales e interanuales frente a la inflación, aumento en el área sembrada y en las exportaciones”, el arroz donde si bien “mejora el precio mensual respecto al índice de inflación, aún se encuentra debajo interanualmente”, mientras crecen las importaciones. Respecto de los críticos dulces, la mandioca y las peras y manzanas, se mencionó también la baja de precios pagados al productor, sin un aumento sostenido aun en el comercio exterior. 

El informe sectorial destacó tres razones principales que afectan el desarrollo de estas economías a lo largo del país: “exportaciones que no traccionan precios por un tipo de cambio apreciado”, sumado a “un consumo interno debilitado, impactando de manera directa en los precios” y “la apertura comercial, donde en algunos casos se sigue observando un fuerte aumento de las importaciones”. 

En el caso de las actividades en alerta se trata de sectores como el maní, sector avícola, forestal, granos, hortalizas, lechería, miel, porcinos, de la papa y tabaco, que enfrentan en general “precio por debajo de la inflación mensual e interanual” en tanto que en algunas también se observó una producción a la baja mientras que otras empiezan a mejorar en exportaciones no así en demanda doméstica. 

Por último, las actividades en “verde” incluyen bovino y ovino. En estos sectores, se destacó la mejora en el componente precios sectoriales respecto a la inflación, mientras que los costos evolucionaron por debajo.

Pequeños productores en alerta

El 60% de los alimentos que consume la población argentina son producidos por la agricultura familiar; sin embargo, dos tercios de las familias productoras no son dueñas de la tierra, solo el 1% de los propietarios rurales posee más del 40%, y 4.500 pools de siembra concentran el 75% de la producción.

En relación, el informe “Pequeños Productores en la Argentina” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reflejó la realidad de este sector que representa el 63,7% de las Explotaciones Agropecuarias (EAP), pero con solo el 13% de las tierras en producción. Los datos ponen sobre la mesa “su aporte a la producción de alimentos, así como a los desequilibrios en cuanto a la superficie explotada y el acceso a demás recursos productivos". Se trata de "un sector mayoritario que produce en condiciones de escasez de recursos, abasteciendo principalmente al mercado interno de alimentos”, destacaron los investigadores. 

En ese sentido, pusieron el ojo en “la relevancia del sector en la diversidad productiva y en la producción de alimentos” con 4,4 millones de hectáreas de cultivos (14% del total del país) y 12 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería (21% en cabezas totales). Se destaca la presencia en las provincias de Jujuy, Misiones, Salta, Catamarca y Santiago del Estero con más del 80% del total. Mientras que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y San Luis registran la menor cantidad de pequeños productores.

Los datos disponibles muestran también una sostenida reducción de las explotaciones agropecuarias, “en el año 2002 se contabilizaron un total de 333.339 en todo el país. En el 2018- según el último censo del sector- se redujo a 249.663, lo que implica un retroceso del 25%”. Al analizar la variación por provincia, se observa que casi todas las provincias perdieron unidades productivas, siendo las más afectadas en valores absolutos Buenos Aires (-14.297), Mendoza (-9.652), Santa Fe (-8.008), y Entre Ríos (-7.761). Los pequeños productores siguen la misma tendencia a nivel nacional: comparado con 2002 se observa una pérdida de 59.922 explotaciones de pequeños productores, siendo Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y La Rioja las provincias donde se observa mayor reducción.

Esto no es menor si se considera que los pequeños productores, sustentados sobre mano de obra familiar, constituyen un sector clave para lograr la seguridad y soberanía alimentaria. El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 del INTA destaca, por ejemplo, el rol de la agricultura familiar “en el desarrollo socio-económico y sustentable del país, así como en su vinculación con todos los sectores de la economía” y que dicho rol se expresa “en términos de soberanía y seguridad alimentaria, preservación de la agrobiodiversidad, cuidado del medio ambiente, generación de mano de obra y ocupación del territorio a través del arraigo rural”. 

Sin embargo, la situación del sector en particular y el de las economías regionales en general, podría agravarse a partir de la decisión de la administración libertaria de desmantelar programas específicos para la actividad, desfinanciar políticas existentes y hasta avanzar contra la investigación científica y técnica, incluyendo el propio funcionamiento del INTA, entre otros organismos clave.

Apertura importadora y desmantelamiento estatal

El gobierno nacional avanzó en este tiempo en diferentes medidas que desregulan la importación de alimentos, como la flexibilización del Código Alimentario Argentino (decreto 35/2025) para “simplificar y busca agilizar tanto el ingreso de productos alimenticios extranjeros al país”, según el texto oficial. De esa manera se dispuso que “para ingresar al país, solo se tendrá que completar una Declaración Jurada de Importación, sin que sea necesario que la autoridad sanitaria nacional competente requiera de exigencias adicionales”. La medida fue calificada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como “una revolucionaria desregulación” que "traerá alimentos más baratos para los argentinos”.

No obstante, datos oficiales (INDEC) indican que podría profundizarse un escenario ya alarmante: al cierre del 2024 había crecido 82% el ingreso extranjero de alimentos frescos y elaborados que, paradójicamente, también se producen a nivel local. Tal es el caso de limones, cebollas, tomares, zanahorias, yerba mate, tomate elaborado y vino, entre otros, cuya importación evidenció subas anuales de entre 100 al 6000% en el primer año de gestión de La Libertad Avanza. Para 2025, la importación de alimentos continuó su carrera ascendente, con incrementos interanuales que variaron entre 76 y 195%, en el rubro. En el primer trimestre las importaciones totalizan US$781 millones, 102% más que en igual periodo de 2024.

Según un informe del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) las importaciones de tomate industrializado, por ejemplo, totalizaron 16.660 toneladas contra 1.831 toneladas a inicios del año previo, es decir ocho veces más. “El dato más relevante es que el producto ya no solo ingresa desde países limítrofes, sino que más de un tercio proviene desde China”, alertaron. Ello impacta sobre todo en la región de Cuyo, “llegando incluso los productores a regalar su cosecha ante la falta de compradores de la industria”.

También continuaron al alza las importaciones de naranjas, que alcanzaron un volumen de 2.100 toneladas, con Egipto como el gran proveedor con el 74% del volumen, delante de España que fue el segundo proveedor con 26%. En el comparativo interanual, la importación de naranjas creció 227%. Otro ítem en donde se establece una competencia directa con la producción nacional es en la carne porcina. “Las importaciones de carne congelada desde Brasil se ubican en un promedio mensual de 4.521 toneladas en el primer trimestre del corriente año contra 955 el año pasado, lo cual marca un aumento de 374% de un año a otro”, detallaron. De sostenerse el ritmo mensual en el arranque del año y sumando el resto de los orígenes, “2025 concluiría con unas 55.000 toneladas importadas, lo que significaría un retroceso de no menos de 14 años en el proceso de sustitución de importaciones”, agregaron los especialistas. 

Respecto de Brasil, se observa una creciente importación de productos alimenticios que se producen en la Argentina. Un aspecto llamativo es la importación de carne vacuna, “que de ser nula en el primer trimestre de 2024 pasó a casi 2.100 toneladas en el presente año”. 

En este marco, no son pocos los sectores que vienen denunciando la eliminación de herramientas de financiamiento, lo que está “asfixiando” principalmente pequeños y medianos, agricultores familiares, campesinos, cooperativas, en un escenario de crisis del mercado interno, suba de costos y apertura desregulada de importaciones. En lo concreto, se alertó por el desmantelamiento herramientas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), también todos los aportes de distintos programas que tenían como financiamiento originario el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Ello incluye la eliminación de asistencia técnica, la asistencia comercial, el acompañamiento a las organizaciones del sector, y se suma también el avance contra el INTA, a partir de la intención del oficialismo nacional de erradicar distintos espacios para la investigación especializada en todo el país. 

“Sin un INTA que desarrolle el trabajo experimental no hay investigación, sin investigación al servicio de los productores no hay futuro con crecimiento posible para el agro argentino. Por décadas el INTA ha trabajado para que la investigación y la experimentación contribuyan al impulso de la producción, la inversión, la exportación, el agregado de valor, el desarrollo regional, el arraigo territorial y la creación de empleo”, plantearon desde el centro IDAA. 

En paralelo, otros organismos como el CONICET, el SENASA o Agricultura Familiar han sufrido recortes, despidos, o directamente han sido desguazados. Un análisis de la ejecución presupuestaria en INTA, INTI y CONICET evidencia que los tres organismos acumulan caídas que superan el 33% desde diciembre de 2023. La Función Ciencia y Técnica en el Presupuesto marca, a partir de la ejecución de los primeros cinco meses del año, una proyección de retroceso del 24,8% real, que se añade a la caída del 30,3% del año previo. Así, “acumulará una caída de 47,6% en dos años y se ubicará a 55,5 puntos del año base (2015)”, indicó un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI). 

Por último, los datos evidencian que el CONICET y el INTA, durante 2024 cayeron 17,8% y 20,6% respectivamente, y continúan cayendo en torno al 18,7% y 19,0% durante 2025, para totalizar caídas de ejecución que rondan el 33-36% real. El INTI declinó un 10,8% durante 2024, pero es uno de los que más cae en 2025 (26,5% hasta mayo), totalizando un deterioro del 34,4% en el bienio.