Pobreza con trabajo: el 51% de los hijos de trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria

La precarización laboral no solo afecta la vida diaria de las familias en el presente, sino que marca a generaciones y sus consecuencias pueden durar toda la vida. En relación, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares cuyos adultos responsables tienen empleos informales no acceden en Argentina a una alimentación mínima adecuada, viendo condicionada su salud, aprendizaje y desarrollo. 

Así se desprende de un relevamiento privado al que accedió El Destape y que mostró que la inseguridad alimentaria afecta al 51% de las hijas e hijos de los trabajadores informales/subempleados. Un aspecto clave: dicho nivel alcanzando tras un año de gobierno de Javier Milei, se ubica como el máximo de -al menos- los últimos 15 años y superó, de hecho, a los picos registrados en crisis anteriores (2020: 49% y 2019: 43%). La problemática se agrava en hogares pobres, monoparentales y numerosos (5 o más miembros) aunque “el empleo es el factor más decisivo”. 

En este escenario, si bien políticas como la Asignación Universal por Hijo ayudan a mitigar el riesgo alimentario, lo cierto es que “su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos”. Sobre ello, el 42% de las y los asalariados argentinos trabajan de manera informal y, de ese total, cinco de cada diez son pobres es decir que, pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias.

Con hambre no se puede pensar

La inseguridad alimentaria en la infancia afecta tanto la salud, como el desarrollo y el aprendizaje, con consecuencias que pueden durar toda una vida. Al respecto, un informe reciente alertó que en nuestro país 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes la padece. Esto equivale a 4,3 millones de personas que se enfrentan, cada día, a la necesidad de reducir porciones de comida o hasta a situaciones más extremas como pasar hambre. En panorama la situación se agrava si se pone el ojo en los hogares con adultos que tienen empleo informal o precario.

Si se mira en retrospectiva se evidencia que esta problemática lejos de aplacarse, fue empeorando y el escenario actual es, de hecho, mucho más dramático que hace 15 años atrás. Lo anterior se desprende de una investigación presentada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) desde donde destacaron que “entre 2010 y 2024, la inseguridad alimentaria mostró una evolución creciente, especialmente a partir de 2017, con picos destacados en 2020 -por la pandemia por COVID-19- y nuevamente en la crisis socioeconómica de 2024”.

Cabe aclarar que la inseguridad alimentaria puede entenderse como “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas”. Sobre ello, el relevamiento privado exhibió al menos tres ciclos que marcaron los últimos años: “el primero, entre 2010 y 2017, se caracteriza por una afectación promedio del 20% de la población de niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, con casi la mitad de ese grupo atravesando situaciones de inseguridad alimentaria severa, es decir, hogares donde se reportaron episodios de hambre en la infancia”. Un segundo ciclo, entre 2017 y 2020, puso de manifiesto “una tendencia ascendente donde las situaciones severas superaron los dos dígitos”. El tercer ciclo que comienza tras la pandemia, presenta “una estabilización en niveles altos y un pico general del 35,5% en 2024, mientras que la forma más grave del fenómeno alcanzó el 16,5%”.

No obstante, la situación es aún más preocupante si se pone el foco en las familias con jefas o jefes de hogar que tienen empleo informal. En concreto, los hogares en situación de empleo precario, subempleo o desempleo registran los niveles más altos, con un incremento especialmente pronunciado en los últimos seis años: en la actualidad la inseguridad alimentaria escaló al 51% en hogares con empleo precario, esto es, 15 puntos por arriba del nivel general (+40 puntos sobre los hogares con empleo formal).

El nivel alcanzando tras un año de gestión de La Libertad Avanza es el máximo desde, al menos, 2010 y superó a los picos anteriores que se habían observado en 2020 con la crisis sanitaria (49% de niños con inseguridad alimentaria) y en 2019 por la recesión económica (43%). 

En ese sentido, las investigadoras evaluaron que “los datos refuerzan la estrecha relación entre inseguridad alimentaria e inserción laboral, y subrayan cómo las condiciones de informalidad, inestabilidad o exclusión del mercado de trabajo profundizan la vulnerabilidad material de los hogares con niños, niñas y adolescentes”. De esa manera queda de manifiesto también “la centralidad del acceso sostenido a recursos para garantizar una alimentación adecuada”.

Las consecuencias son especialmente graves tanto para el presente como para las oportunidades a futuro: la falta de acceso adecuado a alimentos impacta en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar. En esa línea, el documento al que accedió este medio puso el ojo también en el impacto de políticas como la Asignación de Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar que alcanzan, en buena medida, a los hogares con infancias expuestos a esta problemática. “Estas transferencias tuvieron un efecto protector sobre todo en contextos críticos. Si bien los hogares que la reciben son más vulnerables estructuralmente, el análisis muestra que reducen significativamente la inseguridad alimentaria (–0,81 puntos en la escala del índice)”, especificaron.

Aunque la AUH fue concebida originalmente como una política de ingreso para hijos e hijas de trabajadores informales, su amplia cobertura podría estar funcionando como una herramienta de contención o prevención. Además, en 2020, se crea el Plan Alimentar y se suma una transferencia orientada a la compra de alimentos que con el correr de los años incrementa su cobertura llegando hasta los 17 años. “El análisis permite observar que alcanzan a los hogares con NNyA expuestos, especialmente a partir de 2018, cuando aproximadamente la mitad de quienes reciben la transferencia experimentan algún grado de insuficiencia” señalaron las especialistas, pero alertaron que igualmente “su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos”.

Según los últimos datos oficiales del mercado de trabajo, la informalidad afecta al 42% de la fuerza laboral argentina y, de ese total, cinco de cada diez trabajadores son pobres es decir que, pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias. Si se desagrega ese empleo informal se observa que los asalariados tienen una tasa de informalidad del 36,3%, mientras que en los trabajadores por cuenta propia escala al 61,3%.

A su vez, una radiografía actual de la informalidad laboral permite conocer qué sucede a la largo y ancho del país. Los resultados por regiones son poco alentadores: sólo tres arrojaron tasas de informalidad más bajas que el promedio (Gran Buenos Aires: 40,4%; Región Pampeana: 39,8% y la Patagónica: 26,6%). Por el contrario, las regiones Noroeste (NOA), Cuyo y Nordeste (NEA) son las que exhiben mayor incidencia, con tasas superiores a la media del país (54,2%, 50,2% y 49,2%, respectivamente).

Otras variables clave

El informe destacó también otros factores a considerar sobre esta problemática cada vez más acuciante, tal el caso de los hogares monoparentales. En los mismo la inseguridad alimetaria afecta al 43% de niños y adolescentes contra el 32% que sufren vulnerabilidad alimentaria en las familias biparentales.

Se suma como otro aspecto a considerra la situación de familias numerosas (5 o más personas) que están “sistemáticamente más expuestos a la inseguridad alimentaria que quienes no viven en tales condiciones: 44% vs. 24%).

Por último, las infancias en hogares con déficit educativo presentan mayores dificultades para acceder a la alimentación básica y esto refleja “el rol protector de la escuela dado que la escolarización suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo”, cerraron.