Mientras el gobierno de Javier Milei sigue estigmatizando al Conurbano por el atraso en materia de infraestructura social, como si no dependiese de las políticas nacionales directa o indirectamente, en el Presupuesto de este año volvió a pasar la motosierra en las partidas de vivienda. De acuerdo con las partidas incluidas en las planillas anexas a la ley de leyes, dentro de los Servicios Sociales se destaca la partida en Vivienda y Urbanismo, que registrará un incremento de apenas 6 por ciento, por debajo incluso de la fantasiosa estimación de inflación para el año próximo, de 10,1 por ciento. Sin contar que el nivel de precios, por el arrastre que va acumulando en lo que va de este año, no será el próximo de esa magnitud, el desembolso relacionado a mejorar la situación habitacional de la población volverá a ser contractivo.
Los bonaerenses ni “cagan en baldes” ni comen vidrio. El estruendoso castigo que recibió el oficialismo en las urnas en las elecciones legislativas de la Provincia tiene, entre otras explicaciones, su justificación en el deterioro de la calidad de vida de los hogares. Luego de haber disuelto varios fondos fiduciarios públicos destinados a construcción de viviendas y desarrollos urbanísticos, en el marco de “un proceso de reordenamiento del Estado”, ahora ajusta la partida para esas áreas en el Presupuestos.
Entre los fondos disueltos se encuentran algunos directamente relacionados con la vivienda y el urbanismo, como el Fondo Fiduciario PROCREAR, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Esta medida implica un cambio en la modalidad de financiamiento y ejecución de las políticas habitacionales, definida discrecionalmente por el Ejecutivo. De acuerdo con la información en las planillas anexas, la partida de Vivienda y Urbanismo se encuentra dentro de la finalidad Servicios Sociales y representa una de las funciones de baja magnitud en el Presupuesto 2026, con una asignación que equivale al 0,02 por ciento del gasto total de la Administración Nacional.
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Motosierra en viviendas
Entre las partidas que presentan un aumento inferior a la inflación proyectada se encuentras en algunas áreas de la administración gubernamental y en varias funciones dentro de los servicios económicos. También se observa esta tendencia en los gastos del Poder Legislativo y la Jefatura de Gabinete, así como en rubros específicos como Rentas de la Propiedad, Bienes y Servicios, y transferencias a organismos internacionales.
La totalidad del gasto presupuestado para la función de Vivienda y Urbanismo para el ejercicio 2026 se concentra en una única jurisdicción. El 100 por ciento del presupuesto para Vivienda y Urbanismo es ejecutado por la Administración Central. La totalidad de la partida, que asciende a 32.712,9 millones de pesos, se asigna a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro.
De acuerdo con la planilla Nº 3 Anexa al Art. 1º del Proyecto de Ley de Presupuesto, que detalla la "Composición del Gasto por Finalidad-Función y por Jurisdicción", muestra que en la fila correspondiente a la función "3.7 Vivienda y Urbanismo", el monto total se encuentra exclusivamente bajo la columna de la Jurisdicción 91. Las columnas para las demás jurisdicciones, como los Poderes Legislativo y Judicial o los distintos Ministerios, presentan un valor de cero para esta función.
Las fuentes incluyen información sobre la distribución de recursos de origen nacional a las provincias, como la coparticipación federal de impuestos y otros fondos específicos. Sin embargo, estas planillas detallan transferencias generales de recursos y no el reparto geográfico de programas de gasto específicos como el de Vivienda y Urbanismo.
El desguace previo
El gobierno de Milei oficializó la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida, que sigue al decreto de noviembre de 2024 que disolvió el programa, establece la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco.
La resolución encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles, dando nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012.
El Ministerio de Economía también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional. Además, se faculta a la Secretaría Legal y Administrativa para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad.
La medida se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios. En cuanto a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la AABE, mediante convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.
En este contexto surgieron varias denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Concretamente, se trata de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona. Esta situación generó controversia y críticas hacia la decisión del Gobierno. La eliminación del PROCREAR y la transferencia de inmuebles a la AABE fueron el puntapié inicial en el cambio de la política de vivienda..
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