Con el proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno quiere vía libre para encarar una reestructuración de la deuda pública sin respetar los principios de la actual legislación que busca una mejora en dos de las tres condiciones de emisión, reducción del capital o de la tasa de interés o alargamiento de los plazos, en un contexto en el que tendrá que financiar un déficit comercial de 27 mil millones de dólares.
El proyecto, que fuentes oficiales hicieron circular poco después de la cadena nacional del Presidente, anticipa que este año habrá un rojo comercial de 2.447 millones de dólares, que se irá incrementando en los próximos años a 5.751 millones de dólares en 2026, 3.707 millones en 2027 y 6.961 millones de dólares en 2028, por el sostenido incremento de las importaciones por encima de las exportaciones.
En el texto también incluyó un pedido para habilitar una reestructuración de la deuda pública sin cumplir los requisitos actuales, lo que podría derivar en un mayor perjuicio para el Estado nacional. La ley actual obliga a alcanzar en una reestructuración de pasivos dos de tres metas: quita de capital, reducción de la tasa de interés o alargamiento de los plazos. Esto, por ejemplo, implica reconocer el capital, pero bajar la tasa y alargar plazos; o hacer una quita de capital y de tasa y respetar los plazos.
En el artículo 55 del proyecto vuelve sobre una iniciativa que el Congreso ya rechazó cuando se presentó en la Ley Bases y la Justicia declaró inconstitucional cuando se intentó avanzar por Decreto de Necesidad y Urgencia. La intención oficial es otorgar una facultad especial a ´la cartera de Economía para que las secretarías de Hacienda y Finanzas puedan realizar “operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”, es decir en pesos o dólares.
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“Estas operaciones podrán incluir la compra, venta, canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos, la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”, dice el texto. Esas operaciones “no estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones”, que establecen las actuales condiciones para reestructurar deuda.
En cambio, propone que para “la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los valores existentes en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción”, es decir, dejar que el mercado fije las condiciones en las que se llevaría adelante la reestructuración de los pasivos.
El Gobierno enfrenta vencimientos de 12.500 millones de dólares en los próximos seis meses, que el mercado estima que no podrá afrontar en las actuales condiciones, con ventas de divisas del Tesoro para contener el valor del dólar en el mercado de cambios.
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El BCRA no llevó adelante ninguna acumulación de reservas ni el año pasado ni este año, cuando tuvo oportunidades por una oferta de dólares provenientes de la liquidación extraordinaria del campo y del endeudamiento de las empresas y ahora que crece la demanda de divisas de importadores y ahorristas tendrá que poner en venta los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional.
En paralelo, el Tesoro vació la cuenta en dólares con las intervenciones en el mercado y el pago a organismos internacionales y tampoco tiene los pesos necesarios para hacer compras ni en el mercado ni en forma directa al BCRA, por lo que todavía le queda la posibilidad de emitir un adeuda intransferible para hacerse de las divisas.
Pese a todo esto, el Gobierno promete en el Presupuesto que el próximo año continuará capitalizando al BCRA con dólares, afrontando el pago del 40% de los vencimientos de las letras intransferibles, según el proyecto de presupuesto, pero por ahora más que cancelar, el mercado observa que tendrá que volver a pedirle prestado.