Presupuesto 2026: ajuste, parálisis de obras y un frente abierto con las provincias

Mientras el presidente Javier Milei busca seducir a los gobernadores con la reconfiguración del Ministerio del Interior, lo cierto es que el Presupuesto 2026 que presentará este lunes, tiene un obstáculo adicional vinculado con las provincias: en lo que va de la gestión libertaria, el promedio de obras públicas nuevas se redujo a sola una por mes y la finalización de proyectos de infraestructura cayó de 94 a 5 obras, mientras un tercio de la red de rutas nacionales está en malas condiciones y el gasto de capital dedicado a obras de agua y alcantarillado cayó 78% real contra 2023. En este contexto, el Ejecutivo vetó en estos días la ley que coparticipaba los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pedida por los gobernadores. Todo ello implica, en lo concreto, la paralización de proyectos de obras viales, redes de agua, hospitales, escuelas y viviendas, afectando directamente la competitividad y el empleo en todo el país y ampliando las brechas entre los diferentes territorios.

Por eso, la relación con los representantes de las jurisdicciones que, en gran medida, le permitió al Gobierno avanzar sin trabas en el Congreso (tal el caso del DNU 70/2023 y Ley Bases) hoy parece mucho más al borde de la ruptura sobre todo si se considera que el propio jefe de Estado insistió en estos días con la continuidad de un fuerte ajuste en el gasto público. “Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, ya había dicho en la presentación del Presupuesto 2025, cuyas metas -además- están lejos de cumplirse al cierre de este año. 

De cara a la presentación de la hoja de ruta para el próximo año esta noche por cadena nacional, es posible advertir que los objetivos centrales rondarían en torno a la “regla fiscal” para blindar el superávit, a la vez que la prioridad seguiría puesta en los pagos de la creciente deuda externa. El "cepo al Estado" continuaría en escena ya que la mayor parte de los fondos destinados a partidas sociales, infraestructura y servicios básicos dependería de los recursos de cada provincia. 

Ajuste en obras y recursos: el tenso vínculo con las provincias

Milei presentará este lunes a las 21hs por cadena nacional y sin asistir al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2026. La hoja de ruta que debe dar cuentas de los ejes centrales del programa económico para el próximo año apostaría nuevamente a una profundización del ajuste fiscal en busca de un equilibro que, sin embargo, se sostuvo al momento a costa de la economía real (caída significativa del consumo por el deterioro del poder adquisitivo de la población y crisis del mercado interno con parálisis productiva en sectores clave).  

En esa línea, el recorte presupuestario en este año y medio de gestión evidencia las prioridades de la política económica libertaria y, de hecho, tensó cada vez más el vinculo con las diferentes provincias del país. Si bien La Libertad Avanza (LLA) rejerarquizó en estos días y tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Interior que volverá ahora a ser ministerio y nombró a Lisandro Catalán, -mano derecha del jefe de Gabinete Guillermo Francos-, como titular de la cartera con el objetivo de "retomar el diálogo con los gobernadores afines", lo cierto es el Presupuesto que se conocerá en detalle este lunes tendrá un obstáculo extra vinculado directamente con las provincias del país. 

En concreto, los datos anticipados de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) para agosto 2025 evidencian cómo el fuerte recorte de financiamiento es uno de los pilares del modelo libertario. El gasto total devengado durante agosto reflejó una caída real (ajustada por inflación) del 18,8% interanual, relacionado con la merma en los pagos de intereses (-62,3%). El gasto primario (sin intereses) se redujo 4,8% y los gastos corrientes cayeron 17,6%, según un informe anticipado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En ese esquema, las Transferencias Corrientes disminuyeron un 18,4% contra igual mes de un año atrás y aquellas destinadas a provincias se contrajeron por primera vez en el año (-25,6% real). Con relación al Gasto de Capital, en agosto sufrió un descenso del 64,9%, sobre una base ya de por sí muy deprimida (en ago/24 ya habían caído -65,3%). Si se compara con 2023, la baja escala a 87,8%. En el caso de las provincias el golpe fue de 46,5%, en términos reales.

El informe que sigue la evolución de las transferencias automáticas a provincias y CABA presentado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los fondos que el Gobierno nacional envió, en el acumulado de ocho meses del año, en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, se traducirían en una suba real del 4,1%, aunque respecto al mismo periodo de 2023, se ubicarían aún 10% por debajo. Por su lado, desde el centro CEPA, marcaron que en materia de transferencias se observan caídas cercanas al 100% en la Asistencia Financiera y Técnica a Municipios, las transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas y las destinadas a la Secretaría de Energía, entre enero-agosto de este año e igual lapso del 2023. 

Si se pone la lupa en la situación puntual de la obra pública, se observa que la misma está totalmente paralizada desde el cambio de gestión ya que la caída del gasto de capital y la desfinanciación y cierre de los organismos ocupados de ejecutar obras públicas derivó en el deterioro de la infraestructura del país y la casi inexistencia de obras nuevas. En detalle, durante 2023 la inversión en gastos de capital del Estado Nacional fue USD 10.321,50 millones; en 2024 cayó a USD 2.437,88 millones (-76% en dólares) y en lo que va del 2025 ese gasto sigue sin recuperarse, a la vez que en el Presupuesto 2026, seguiría habiendo contadas obras en todo el territorio. 

Una sola obra pública nueva por mes, ese es el promedio de la actual administración nacional. Así lo indicó un relevamiento privado que precisó que “mientras que en 2023 se iniciaron 115 obras nuevas promedio por mes, durante 2024 y 2025 el promedio bajó a una por mes. Lo mismo sucede con las obras finalizadas: mientras que durante 2023 se terminaron 94 por mes, en el gobierno de Milei solo se terminaron 5 por mes, en promedio”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG). 

Las obras que estaban en ejecución también sufrieron una paralización: mientras que en 2023 tuvieron un crecimiento de su avance físico formal de 12 puntos porcentuales, en 2024-2025 se redujo a 8 puntos porcentuales. “Es importante remarcar que la obra pública incluye las rutas que transportan nuestros productos, el agua que se utiliza a diario en casas e industrias, y miles de puestos laborales directos e indirectos”, destacaron desde el centro de estudios. Como resultado, se advierte que la inversión en obra pública se encuentra en mínimos históricos ya que cayó en torno al 80% real respecto a 2023, evidenciando un ajuste sin precedentes en los gastos de capital del Estado nacional.

Un caso emblemático es la situación de las rutas que recorren todo el país. Sobre ello, según datos del IAG, la proporción de rutas en buen estado cayó del 54,9% al 47,5% en lo que va de la gestión libertaria, mientras 23,5% quedaron en estado regular y 29% se encuentran directamente en mal estado. En otras palabras, un tercio de la red está en malas condiciones y menos de la mitad de las rutas se encuentran en estado óptimo. Como resultado, se agudizaron aún más las brechas existentes a nivel federal: el estado de las rutas empeoró notablemente en 18 provincias y solamente 5 distritos viales tienen un porcentaje de kilómetros de ruta/autopistas en buen estado o regular más alto que durante la gestión anterior (no hay datos de Tierra del Fuego). En ese panorama, la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional obtuvo un magro resultado electoral, es donde más empeoró el estado de las rutas ya que cayó 40 puntos el porcentaje de rutas que están en buen estado o regular.

Un punto no menor tiene que ver con que si se pone el foco en lo fiscal, siguiendo la justificación que esgrime el gobierno nacional para aplicar los recortes, se observa que “el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (incluye provincias) se estima en 4.213 millones de dólares y el costo de recuperación de la infraestructura actual (en caso de no ser cuidada) en 40.773 millones de dólares”, precisaron desde el IAG en base a datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). En materia de inversión pública otra medida resonante fue el Decreto 461/2025 que dispuso a mediados de este año la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Sin embargo, la Justicia frenó la decisión por seis meses y a mediados de agosto el Congreso la rechazó. 

Otro factor clave dentro de las obras a nivel federal tiene que ver con la situación de infraestructura de servicios básicos. En esa línea, la caída del gasto de capital dedicado a obras de agua y alcantarillado entre enero y julio del 2025 se contrajo 78% -en términos reales- frente a igual periodo del 2023. Este gasto cayó, incluso, contra 2024 (-3%).

Por otro lado, resulta interesante analizar que, si bien el gasto que hace el Estado nacional en agua y cloacas retrocedió, lo hizo menos que la de los recursos que se mandan a las provincias para que realicen ese tipo de obras. Así, la transferencia a provincias para gastos de agua y alcantarillado representaba el 35% del gasto total que Nación realizaba bajo este concepto en 2023 y pasó a representar apenas el 12%, en 2024.

En el mismo sentido, datos del Instituto Argentina Grande señalan que de las 917 obras de agua y cloacas que se dejaron en ejecución en diciembre de 2023, solamente se terminaron a julio de este año unas 99, el 10,7%.  De esta manera, “la actual gestión es la que menos ha gastado en agua y alcantarillado desde la salida de la Convertibilidad”, alertaron. De hecho, el pasado jueves la administración Milei redujo en 72.000 millones de pesos el presupuesto para obras cloacales y de saneamiento en todo el país (Decisión Administrativa 23/2025) lo que implica un recorte del 41% según estimó ASAP. 

Los datos ponen en evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno nacional para recomponer el vínculo con las provincias, que a su vez se verá aún más tensionado por la decisión del presidente de vetar la ley que buscaba coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos especiales que representan el 1% de la masa coparticipable de todos los impuestos federales recaudados por Nación, y se repartían de forma discrecional. La ley vetada por el Ejecutivo buscaba, por el contrario, fijar su distribución automática, a pedido directo de los gobernadores para atender justamente el recorte de fondos.

Como contó este medio, si bien el oficialismo se excusó en la necesidad de preservarlos para emergencias, lo cierto es que en los primeros ochos meses de 2025, pese a desastres como el de Bahía Blanca, solo distribuyó el 17%, y en 2024 casi no los usó. 

Claves del proyecto de Presupuesto 2026

En medio de la crisis cambiaria, la derrota electoral bonaerense y cada vez más lejos de las metas para el cierre del 2025, el jefe de Estado presentará este lunes el esquema de recursos y gastos para el año que viene. Hay que recordar que, desde el inicio de la gestión, gobernó prorrogando el Presupuesto del 2023. 

En base al anticipo oficial de julio y según las pautas escritas en el acuerdo con el FMI por más deuda de comienzos de año, se pueden adelantar los lineamientos centrales de lo que se conocerá en detalle este lunes que, en primer lugar, seguirá los lineamientos de ajuste fiscal y reformas estructurales que impone el organismo internacional de crédito y el gobierno acepta con gusto. “Equilibrio fiscal sostenido, acompañamiento social sin intermediaciones, equipamiento y modernización de seguridad y defensa, y desregulación y transformación del Estado”, destacó en su momento como pilares centrales, el ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, quien -por su parte- participará en estos días de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, en medio de la incertidumbre creciente del mercado por la sostenibilidad del ciclo de deuda.  

Por una parte, para el cierre de este año el gobierno proyectó que el dólar se iba a ubicar en $1.229, la inflación interanual en 22,7% y la actividad crecería (+5,5%). Sin embargo, sobre el tipo de cambio el viernes cerró ya en $1465 y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) lo ubican en $1.484 para fin de año, con más chances de presenciar un ajuste luego de las elecciones de octubre. La inflación, por su parte, lejos de mantenerse en el rango del Proyecto de Presupuesto arroja una previsión de inflación anual a diciembre (28%), en tanto que estimaciones privadas recortaron el crecimiento de la economía que caería al 4,0%.

Pensando en 2026, se estima que la recaudación de la Administración Nacional aumentaría 22,5% respecto a 2025, con incremento de los derechos de exportación (66,7%), aunque esto no consideraba aún la eliminación de las retenciones al agro que anunció el Gobierno en La Rural. Se proyecta un crecimiento económico del 4,5% para el año próximo y una inflación que oscile entre 7% y 12%. Todo lo que parece, a todas luces, cada vez más fácil de cumplir.