Reforma fiscal: alertan por el costo oculto del cada vez más regresivo esquema del Gobierno

El gobierno nacional se prepara para avanzar con una reforma fiscal. Si bien la iniciativa -que será enviada al Congreso en las próximas semanas- promete “aliviar” la carga sobre el sector privado, los hechos dejan en evidencia una estructura cada vez más regresiva: los tributos al consumo y los aportes laborales concentran casi el 80% de los ingresos fiscales, mientras que los gravámenes sobre patrimonios y grandes fortunas aportan menos del 1%, tras las rebajas impulsadas por el propio gobierno. 

En paralelo, el ajuste presupuestario y la caída de la inversión social configuran un escenario donde el sistema fiscal deja de ser una herramienta de redistribución para convertirse en un motor de desigualdad. Así, en un país donde los beneficios fiscales y las exenciones a grandes empresas equivalen a más del 3% del PBI, el debate sobre quién paga y quién se beneficia vuelve al centro de la escena. 

Como contracara, un grupo de especialistas fiscales presentó esta semana un documento que, además de dar cuenta de dicha estructura desigual, alerta por la posibilidad de que los cambios del oficialismo terminen por consolidar un sistema de recaudación regresivo donde paguen más quienes menos tienen. A la vez, proponen una serie de modificaciones en la materia que, entre varios puntos, apuestan a mejorar las transferencias de protección social, garantizar un sistema previsional sostenible, establecer pisos mínimos de inversión en obra pública, extender los gravámenes a las grandes fortunas, impuesto a la herencia y ganancias de empresas, así como mejorar los controles ante la creciente evasión y fuga.

Estado de situación: pagan más quienes menos tienen

Nuestro país recauda, en gran medida, a costa de exigir más esfuerzo a quienes menos tienen en lugar de a los sectores de mayores ingresos. A su vez, se destina buena parte de los recursos públicos a beneficios tributarios injustificados, al mismo tiempo que la inversión en educación, salud y política sociales, es insuficiente para garantizar pisos de derechos básicos. 

En este escenario, el gobierno de Javier Milei anunció que impulsará en el Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria. Si bien aún no se conocen detalles del texto, el flamante Jefe de gabinete, Manuel Adorni, había asegurado mientras era vocero presidencial que buscarían “eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”. La iniciativa tiene también dificultades porque involucra cuestiones relacionadas a la coparticipación y exige consensos con las provincias.

A la espera del proyecto oficial, ¿qué hizo hasta ahora la gestión libertaria? Mientras casi el 80% de los recursos del Estado se desprenden de los impuestos que recaen sobre salarios, consumo y jubilaciones, Bienes Personales (lo pagan quienes más riqueza acumulan) aporta menos del 1% a la recaudación total tras la reducción de alícuotas que impulsó el actual gobierno. Se suma la decisión temporal de quitar retenciones al sector agroexportador, y que benefició –sobre todo- a los grandes grupos exportadores de la actividad. 

Lo cierto es que, al momento, la promesa oficial de “menos impuestos” no parece ser para todos ya que, en la práctica, no hay novedades positivas para la mayoría de la población que sostiene una pesada carga mientras se “libera” a los que mayor patrimonio concentran. De hecho, el proyecto de Presupuesto 2026 consolida un programa económico que busca profundizar la recesión como ancla, a la vez que ajusta en partidas sociales y productivas: con excepción de la reducción en Bienes y la decisión de seguir aumentando la carga de los impuestos a los combustibles y a los ingresos de los trabajadores, el nuevo presupuesto refuerza la política tributaria actual que recae sobre los hombros de los trabajadores y sobre el consumo básico de sectores populares. 

“¿Argentina necesita una reforma fiscal? Sí, pero no hay una sola forma de hacerla. El camino que elijamos va a definir qué país queremos: uno más desigual o uno más justo”, señaló un documento elaborado por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) confirmado por especialistas e impulsado por la Fundación Friedrich Ebert y la Asociaciòn Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

En un documento presentado esta semana por las y los investigadores del espacio se analizó los problemas estructurales que el país arrastra en materia fiscal. La estructura tributaria argentina es regresiva (profundiza la desigualdad) desde hace décadas, ya que las personas con ingresos más altos destinan una proporción menor de sus ingresos al pago de impuestos que aquellas con menores ingresos. Históricamente, el sistema ha dependido de los impuestos al consumo. “Esto llevó en una carga fiscal desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos, donde las mujeres están sobrerrepresentadas, ya que destinan mayor parte de recursos al consumo básico. Además, el sistema impositivo beneficia a las grandes empresas y a las actividades financieras y rentísticas, mientras recarga con impuestos a las actividades productivas, a las pymes y a los pequeños contribuyentes”, describieron. 

En los dos últimos años, las políticas adoptadas profundizaron esta tendencia desigual: “se redujo la carga sobre patrimonios concentrados, se crearon regímenes especiales para blindar los altos patrimonios y grandes empresas, se reinstalaron impuestos a los ingresos que hoy afectan en mayor medida a quienes trabajan. Mientras se alivianan ciertos impuestos al comercio exterior —por ejemplo, bajando retenciones— se aumenta la carga sobre trabajadores y consumidores a través de mayores aportes a la seguridad social y más impuestos a los combustibles”, agregaron los especialistas. 

Es decir que, ante los problemas de larga data, las medidas del actual gobierno libertario terminaron por profundizar esas tensiones al reducir la inversión en áreas sociales clave mientras extendió privilegios fiscales a quienes más tienen. Entre otras medidas, “con ‘el Estado es el problema’ como diagnóstico, implementó un recorte del 27% del gasto y activó el ajuste más sustancial desde la crisis de 2002. Al mismo tiempo, se ampliaron exenciones y alivios fiscales a los sectores de poder económico más concentrado. Todas estas medidas se implementaron sin debates democráticos inclusivos y con un alto nivel de discrecionalidad”, analizaron desde el ETFE.

El programa económico actual profundizó la regresividad impositiva, a la vez que facilita la evasión y se sustenta en un creciente recortes del gasto social. Los datos relevados son contundentes: 

• Se perdieron al menos 900 millones de dólares por el abuso fiscal de las grandes empresas, que trasladan beneficios a países de baja o nula tributación.
• Los gastos tributarios representaron una renuncia de recursos estatales cercana a 3,45% del PBI ($35.300.707 millones). Esto equivale al presupuesto de los Ministerio de Economía, Seguridad, Defensa, Salud, Justicia, Interior e Infraestructura y Poder Judicial y Legislativo juntos.
• Partidas presupuestarias claves cayeron significativamente: Agua potable y alcantarillado: -75%, Educación y Cultura: -44%, Vivienda y Urbanismo: -82%, Jubilaciones y Pensiones: -15%, Acompañamiento por situación de violencia de género: -85%.

Un punto aparte tiene que ver con la evasión y la elusión fiscal, un problema de la Argentina y de la región. Un ejemplo son las prácticas de abuso fiscal de las grandes empresas, que trasladan ganancias originadas en la Argentina a guaridas fiscales o a países con baja tributación a través de estructuras societales en el exterior, eluden el pago del impuesto a las ganancias, restando recursos y aumentando la regresividad del sistema tributario. También se deben enfrentar nuevos desafíos, como por ejemplo la creciente adopción de cripto activos en la Argentina, que habilita nuevas formas de evasión fiscal y opacidad patrimonial, dificultando el control estatal.

Según el informe al que accedió este medio, “Argentina es el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en guaridas fiscales, a la vez que nuestro país es el que más “blanqueos” realizó en el mundo: 8 en los últimos 50 años”. El último fue el implementado por el actual Ministro de Economía, Luis Caputo, entre octubre de 2024 y mayo de este año. 

Modelo de mayor endeudamiento

El tamaño de la deuda pública en Argentina se ha convertido en un factor más que preocupante. Este fenómeno impacta en la capacidad estatal de utilizar el máximo de los recursos disponibles ya que, en contextos de recortes generalizados de gastos, el pago de la deuda incrementa la presión sobre el presupuesto público, resultando en el desfinanciamiento de partidas clave como en salud, educación, ciencia o jubilaciones.

“Esta combinación resulta en una transferencia de ingresos desde las mayorías hacia una minoría privilegiada: los recursos públicos se orientan hacia acreedores financieros mientras se debilita el financiamiento de derechos básicos. Por eso, la deuda impacta en la vida cotidiana: el recorte del gasto público traslada responsabilidades a los hogares, aumentando el trabajo no remunerado y fuerza a millones de familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas”, explicaron los investigadores. 

Así las cosas, la deuda alimenta un círculo vicioso entre ganancias financieras de corto plazo y fuga de capitales y, por otro, la necesidad de obtener divisas para cumplir con las obligaciones presiona para la sobreexplotación de los recursos naturales e inversiones en sectores extractivos, con una economía fuertemente orientada a la exportación de materias primas que generan ingresos rápidos de divisas aprovechando las ventajas comparativas existentes. 

En Argentina, el endeudamiento total de la Administración central casi se cuadruplicó en las últimas dos décadas: pasó de 128.000 millones de dólares a 470.000 millones en total. En la administración Milei, “entre febrero y julio de este año, los intereses acumulados de la deuda pública —tanto del Tesoro Nacional como del Banco Central— casi cuadruplicaron los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones”, graficaron. 

Propuestas para “otra” reforma

“Hay otro camino”, remarcó el texto presentado este jueves por especialistas tributarios que destacaron que “la política fiscal debe convertirse en una herramienta capaz de reducir las desigualdades socioeconómicas, impulsar la producción local y sostenible, generar valor agregado y promover un desarrollo social inclusivo y democrático”.

En esa línea, un nuevo programa fiscal debería “redirigir las transferencias a la protección social para infancias, corrigiendo las inequidades actuales entre AUH, Asignaciones Familiares y deducciones en Ganancias, reconstruir las políticas de prevención y atención a la violencia de género y garantizar un sistema previsional inclusivo y sostenible, con haberes mínimos ligados a la canasta básica”. En materia de inversiones, destacaron la importancia de “establecer pisos mínimos de inversión en obra pública y servicios de calidad en salud, educación, cuidados, vivienda e infraestructura”.

Sobre los impuestos, en el caso de los provinciales y municipales, “actualizar valuaciones para reflejar el precio real de las propiedades, gravar más las grandes extensiones de tierra y las viviendas secundarias, y extender el impuesto a la herencia”. En el nivel nacional, “reforzar Bienes Personales con alícuotas progresivas y valuaciones reales”. También se propuso mejorar la recaudación de los impuestos a las ganancias de empresas, principalmente a las más grandes en sectores extractivos y plataformas digitales.

Por el contrario, en sectores de bajos ingresos se promueve “aliviar la presión impositiva mediante devoluciones de IVA personalizadas, en empleados registrados de ingresos medios aplicando alícuotas más bajas de Ganancias y para las PYMES y pequeños contribuyentes exenciones de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios”. 

También se mencionó la necesidad de “fortalecer la lucha contra el abuso fiscal de grandes empresas, en particular en lo referido a la manipulación de los precios de transferencia en el comercio internacional, reforzar la fiscalización y cooperación internacional de criptoactivos, limitar la sanción de nuevas amnistías fiscales, y democratizar el acceso a la información sobre la titularidad de los grandes patrimonios y los beneficiarios de las políticas de incentivo fiscal”.

Por último, destacaron la importancia de “robustecer los organismos de control existentes creando mecanismos de participación ciudadana, audiencias públicas, y activando plenamente la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda Exterior”.