Mientras la administración de Javier Milei avanza en una reforma laboral que ataca los derechos de los trabajadores, industriales cordobeses proponen una alternativa: diseñar políticas desde la intersección de intereses entre el sector privado y el Gobierno, con foco en bajar los costos productivos sin afectar derechos laborales ni intereses sindicales.
Según quedó plasmado en uno de los documentos del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica (CEPM) de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), presentado como parte de una serie de iniciativas para incidir en la agenda pública, el enfoque es contundente: no se puede seguir en “la queja testimonial”.
El texto detalla seis reformas puntuales, desde la modificación del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (que se refiere a indemnizaciones por incapacidad) hasta la revisión de los criterios que rigen los incentivos por productividad. A su vez, apunta a reducir la litigiosidad laboral, habilitar esquemas de autoseguro de riesgos de trabajo y permitir reasignaciones internas de personal sin que eso implique riesgo de juicios.
Todas las propuestas –destaca el informe– buscan resolver problemas reales que afectan la productividad de las pymes sin “tocar derechos adquiridos” ni poner en jaque la representación sindical. La clave, insisten, es actuar con “precisión quirúrgica” sobre los costos que obstaculizan la competitividad, sin fomentar un clima de confrontación.
Además, el CEPM diseñó “gemelos digitales” de distintos procesos productivos (como autopartes, maquinaria agrícola y minería), con los que puede simular el impacto de cada reforma sobre los costos y la rentabilidad. Esto les permite acercarse a las autoridades nacionales con datos duros en mano.
El presidente de los metalúrgicos, Gustavo del Boca, aseguró que lo que se propone son “textos legales concretos, que solucionan problemas importantes para las empresas industriales, y de otros sectores, bajo las premisas de reducir costos de procesos productivos y no afectar derechos de trabajadores”. Del Boca enfatizó que “la competitividad se gana con productividad, no con salarios bajos. Queremos salarios altos de nuestros trabajadores, lo que requiere alta productividad, lo que a su vez requiere reformas como las que estamos proponiendo”.
"No queremos ser observadores pasivos del destino de las reformas, ni limitarnos a la queja y la catarsis permanente, y tampoco ejercer un rol meramente testimonial. Queremos contribuir propositivamente a lograr el desarrollo industrial aportando toda la experiencia de nuestros asociados para mejorar la competitividad”, señaló en diálogo con Perfil.
En ese sentido, el documento destaca que las propuestas ya fueron presentadas en distintos ámbitos políticos, sindicales y empresariales, y algunas están en etapa de evaluación legislativa. “El objetivo no es imponer, sino construir consensos. Pero para eso hay que ofrecer ideas viables, medibles y transparentes”, explica Del Boca.
El Gobierno oficializó la reforma laboral: ¿Qué pasa con la indemnización?
Milei aceleró a fondo contra uno de los derechos laborales que considera una "barrera para la generación de empleo": la indemnización A fines de junio, la Comisión Nacional de Valores emitió una Resolución que establece el marco regulatorio para los nuevos Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, los cuales fueron aprobados en la Ley Bases y posteriormente reglamentados por Decreto.
El detalle del nuevo sistema indica es que las cuotapartes o los valores fiduciarios podrán ser definidos a nivel individual, empresa o sectorial. Las partes podrán establecer libremente el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. El Fondo de Cese Laboral será inembargable; los instrumentos creados bajo este régimen solamente podrán recibir suscripciones en el marco de contribuciones y/o aportes de empleadores y/o trabajadores.
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