Los trabajadores de seguridad privada reciben en el mes de agosto el segundo tramo de aumento salarial acordado por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) con las cámaras empresariales del sector. Este incremento forma parte de la actualización de las escalas fijadas en la paritaria más reciente, que contempla subas escalonadas: 1% en julio, 0,9% en agosto y 0,8% en septiembre, siempre calculadas sobre el salario básico.
El acuerdo paritario, firmado el 24 de junio por el secretario general de la UPSRA, Ángel Alberto García, junto con otros apoderados legales del gremio y representantes de las empresas agrupadas, se alineó con la intención del Gobierno de mantener los incrementos mensuales por debajo del 1%.
Además de las subas al básico, las partes pactaron una suma no remunerativa extraordinaria para julio y agosto, que se incorporará al salario básico a partir de septiembre. Este pago adicional no se toma en cuenta para el cálculo de presentismo, antigüedad, nocturnidad, horas extras, aguinaldo, vacaciones ni indemnizaciones.
A esto se suma el adicional remunerativo de $26.280, que fue acordado en febrero de 2025 y que comenzó a integrarse al salario básico desde julio.
Seguridad privada: sueldos brutos vigentes en agosto
Con la aplicación del aumento de agosto, las escalas salariales para jornada completa quedan de la siguiente manera:
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Vigilador General: $1.398.550
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Vigilador Bombero: $1.463.646
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Administrativo: $1.494.966
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Vigilador Principal: $1.528.066
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Verificación de Eventos: $1.463.646
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Operador de Monitoreo: $1.463.646
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Guía Técnico: $1.494.966
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Instalador de Elementos de Seguridad Electrónica: $1.528.066
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Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.398.550
La próxima actualización se aplicará en septiembre con un incremento del 0,8% y la integración al básico de la suma no remunerativa.
Cómo trabajar de seguridad privada
El trabajo de seguridad privada exige cumplir con requisitos que varían según cada provincia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 12.297 establece que el postulante debe:
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Tener 21 años o más.
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No poseer antecedentes penales.
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Aprobar un examen psicofísico.
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Completar una capacitación específica en la especialidad.
Además, el marco legal impone condiciones adicionales:
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Poseer el título habilitante de la especialidad.
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Presentar anualmente un certificado de aptitud psicofísica y técnica emitido por la autoridad competente o por un instituto habilitado por el Poder Ejecutivo.
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No estar incluido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que prevé la normativa.
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Cumplir con todas las exigencias establecidas en la ley y su reglamentación.
La capacitación es obligatoria y puede realizarse en instituciones públicas o privadas habilitadas, muchas de las cuales ofrecen programas con salida laboral inmediata. Un ejemplo es la Universidad Champagnat en Mendoza, que dicta carreras y cursos de seguridad privada, gestión de riesgos y vigilancia electrónica. La demanda de personal en este sector se mantiene en crecimiento, impulsada por el aumento de contrataciones de empresas privadas, consorcios, entidades bancarias y organismos públicos.
Finalmente, la ley prohíbe que el personal habilitado preste servicios de manera independiente o autónoma, ya que toda actividad debe estar vinculada a una empresa de seguridad autorizada.
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