Con el avasallamiento de derechos humanos como bandera, la gestión libertaria de Javier Milei como presidente de la Nación tiene en su haber distintos golpes a luchas históricamente conquistadas: despidos a la Secretaría de Derechos Humanos, discursos cargados de odio contra el colectivo LGBT, y reivindicación del negacionismo por parte de distintos funcionarios son algunos ejemplos. En este marco, algunos gobernadores logran ponerle un freno a estas políticas a través de su gestión local para proteger a los grupos más vulnerados; en el caso de Formosa, el gobierno de Gildo Insfrán se encarga de poner en valor a las comunidades originarias, otro grupo que es objeto de ataques por parte del presidente.
En el marco del Día del Aborigen Americano, conmemorado cada 19 de abril por la realización del Primer Congreso Indigenista Interamericano, El Destape se comunicó con el director provincial de la etnia Toba, Catalino Sosa, quien expresó su alegría de poder vivir esta fecha que celebra la identidad originaria de los pueblos: “Nosotros vivimos el 19 de abril en Formosa como un respeto a nuestra identidad y a nuestro pueblo. Lo vivimos con mucho entusiasmo, porque en nuestra provincia se reivindican nuestros derechos y se garantiza que las comunidades indígenas gocen el privilegio de poder contar con una Ley Integral del Aborigen”.
Esta ley no solo se destaca por su protección para la comunidad originaria de la provincia, sino que se trata de una ley pionera para los derechos de estos pueblos en todo el país. Promulgada en 1984, la Ley Integral del Aborigen N° 426 reconoce legalmente a las comunidades, la propiedad comunitaria e individual de las tierras, acceso a la salud pública, educación bilingüe y vivienda, entre otros derechos fundamentales para una vida digna.
“Con esta ley marcamos la diferencia. Se empezó a aplicar en totalidad en el año 1995, en el primer mandato del gobernador Gildo Insfrán”, remarcó Sosa. Del mismo modo, esta ley fue una de las bases fundamentales para la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la cual incorporó el artículo 75, inciso 17, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, así como sirve para reconocer a estos pueblos como una entidad previa a la consolidación del Estado argentino.
Al mismo tiempo, a partir de la instauración de esta Ley, se creó el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), que tiene competencia en todo el territorio provincial y trabaja en articulación con todos los sectores del Gobierno provincial para alcanzar el pleno desarrollo humano de las etnias Toba, Pilagá y Wichi, contemplando acciones concretas en el área de salud, educación, trabajo, vivienda, etc.
El ataque de Milei contra las identidades
Según el último censo realizado por el INDEC, el 2,9% de la población argentina se identificó como indígena o descendiente de pueblos indígenas, lo que representa a 1.306.730 personas. En el caso de Formosa, ese número casi se triplica, con un 7,8 % de su población (47.459 habitantes), de los cuales 54% son del pueblo Wichi, 34% del Toba y 12% del Pilagá. En este escenario, son varios los afectados por las medidas tomadas por el Ejecutivo nacional, tal como la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena.
Esta normativa fundamental buscaba proteger los derechos territoriales de los pueblos originarios en Argentina, pero terminó siendo eliminada por el decreto libertario. En este marco, Sosa explicó: “Hoy comunidades del resto del país están siendo despojadas de sus territorios, están siendo perseguidos por parte del gobierno nacional, que prácticamente desde que asumió lo primero que hizo fue eliminar todo lo que resguarda a las comunidades indígenas”.
“Desmembraron el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como sacaron del Senado y del Congreso de la Nación las comisiones de asuntos indígenas. Hoy el Senado Nacional no tiene la voz indígena porque la han apagado, el Gobierno nacional ha decidido apagar la voz del pueblo indígena”, agregó.
Insfrán y su compromiso con los derechos indígenas
En la vereda de enfrente se encuentra el gobernador Gildo Insfrán, quien a través de distintas políticas públicas se encarga de mantener en alta estima a todo el pueblo originario perteneciente a Formosa a pesar de los constantes embistes realizados desde el Gobierno nacional.
Una de las políticas más destacadas de su gestión es la entrega de módulos alimentarios para comunidades aborígenes, una de las tareas que también dependía de Nación pero se terminó por desfinanciar por completo. En ese marco, desde la gestión provincial se hicieron cargo de esta inversión para que a ninguna comunidad le falte el alimento indispensable: “Teníamos un plan importantísimo para las comunidades, que era solventado a nivel nacional hasta la asunción del gobierno de Javier Milei, que lo primero que ha hecho fue eliminar este plan alimentario. Sin embargo, desde la provincia de Formosa se hicieron cargo al 100% de esas entregas a las comunidades, por supuesto con plata del tesoro provincial”.
A través del Programa Alimentario Provincial, la gestión de Insfrán se encarga de beneficiar con módulos alimentarios a más de 26 mil familias de las etnias Wichi, Pilagá y Toba. Por su parte, el Gobierno de Formosa continúa con la entrega de módulos alimentarios con el fin de beneficiar a 450 comunidades y barrios de la provincia.
Del mismo modo se pone un énfasis especial en la enseñanza bilingüe en las escuelas, para mantener presente la cultura de estos pueblos de generación en generación. En materia de salud, las comunidades originarias cuentan con salas que ofrecen guardias de enfermería las 24 horas, atención médica a la mañana y a la tarde, y en donde funciona una farmacia que dispensa medicamentos a los pacientes de manera totalmente gratuita. Los hospitales más cercanos ponen a disposición móviles del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) para el traslado de pacientes, en los casos que así lo requieren.
A pesar de la rienda libre que da el Gobierno nacional para divulgar discursos de odio y promover medidas que atentan en contra de la cultura y las comunidades que la cargan con orgullo, casos como los de Formosa dejan en claro que el resguardo estatal para estos pueblos es un camino posible y, sobre todo, necesario.
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