La jueza del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Sandra Moreno, se refirió a la reciente reforma de la Constitución Provincial y destacó la importancia de que la nueva norma no quede solo en los textos legales, sino que también sea enseñada en las instituciones educativas para las nuevas generaciones.
“La verdad es que es un hecho histórico para la provincia de Formosa, esta nueva Constitución que regirá los destinos de los formoseños y formoseñas, y creo que vino a sumar un cúmulo de derechos para una modernidad que hacía falta”, afirmó la funcionaria en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).
Asimismo, resaltó que “en el caso del Tribunal Electoral ahora tenemos rango constitucional y seguiremos trabajando como siempre, por supuesto”, aseguró, enfatizando la importancia de esta jerarquización. Al reflexionar sobre el significado de esta nueva Carta Magna, manifestó que “hay un doble compromiso con la nueva norma” y consideró que “es el momento de darle la importancia que merece, no solamente para su cumplimiento, sino también enseñada a todos los jóvenes”.
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La importancia de la reforma en la nueva generación
Durante el proceso de reforma, se aprobaron cambios en cinco artículos (69, 70, 100, 101 y 171) y sumó seis artículos nuevos, de los cuales tres corresponden directamente a los denominados derechos de cuarta generación. Estos apuntan a garantizar que todos los habitantes de Formosa tengan acceso equitativo a internet y a los avances científicos, que las tecnologías emergentes se desarrollen bajo parámetros éticos y soberanos, y que cada persona cuente con protección jurídica sobre su información genética y biomédica.
El primero de los artículos incorporados reconoce expresamente que el acceso a la conectividad y a internet es un derecho humano de cuarta generación. En este sentido, garantiza que dichos servicios sean universales, de calidad y gratuitos en el sistema educativo provincial, con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar la inclusión digital.
El texto también compromete al Estado a impulsar políticas de alfabetización digital y tecnológica, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables, para evitar que la revolución digital genere nuevas brechas de exclusión. La formación de docentes, el equipamiento de escuelas y la promoción del acceso comunitario a las tecnologías forman parte de este mandato.
“Lo que se busca es garantizar que ningún formoseño quede afuera de la economía del conocimiento, que la conectividad se entienda como un bien público esencial y no como un privilegio”, explicó en el debate el convencional Rodrigo Vera, miembro informante del bloque oficialista.
En línea con esta visión, los artículos 100 y 101 también fueron reformados para fortalecer la relación entre ciudadanía y ciencia. Ahora, la Constitución formoseña establece que todas las personas tienen derecho a apropiarse y beneficiarse del progreso científico, tecnológico y de la innovación.
El Estado provincial, además, deberá organizar un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta, fomentar polos tecnológicos y parques de innovación, y promover la radicación de profesionales en áreas estratégicas. En la práctica, esto implica reconocer que la soberanía tecnológica y la inclusión digital son condiciones indispensables para un desarrollo con justicia social y equidad territorial.
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