En el marco de las bajas a las pensiones por discapacidad que el Gobierno nacional realizó a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la provincia de Formosa logró frenar las desvinculaciones tras un fallo judicial que ordena que se continúen los pagos y las prestaciones médicas por tres meses más. De esta manera, se evalúa una franja de tiempo razonable para presentar la documentación correspondiente.
La decisión fue tomada por la jueza federal Belén López Macé, del Juzgado N°2 de Formosa, quien dispuso que en el término de 24 horas se restituyan todas las pensiones suspendidas o dadas de baja, así como también los fondos inmovilizados en entidades bancarias de la provincia.
En diálogo con El Destape 1070, el Defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca, recordó que todo inició a partir de las auditorías que orden ANDIS y también el Ministerio de Salud de Nación, y señaló que las auditorías "no permitían que los beneficiarios ejerzan su debido derecho de defensa porque no se hacían las notificaciones en forma correcta y fehaciente en los domicilios de los beneficiarios".
El referente aseguró que nadie se opone a las auditorías, pero "tienen que ser bien hechas y ajustarse a un procedimiento", y lamentó que a cientos se les suspendió los beneficios y "hoy se han quedado con $270.000 mil pesos que les servía para comprar los alimentos y, lo más grave, es que se han quedado sin la cobertura sanitaria".
Nación contra de las personas con discapacidad
"Se les daba un plazo de 10 días, de imposible cumplimiento para que acreditaran su incapacidad con historias clínicas actualizadas, lo cual devenía imposible", aseguró el ombudsman y criticó que a los beneficiarios de la pensión "se lo citaba a 150 o 200 kilómetros de distancia de su domicilio real".
En esa línea, el funcionario aseguró: "Esto nos llevó a interponer una acción de amparo donde la jueza federal, Belén López Macé, del Juzgado N° 2 de Formosa, ordenó dos puntos a la ANDIS. En primer lugar que deposite en el término de 24 horas todas las pensiones a las personas con discapacidad que hayan sido suspendidas, dadas de bajas o cuyos fondos estaban inmovilizados en las entidades bancarias de la provincia. Además, ordenó a la ANDIS que le diera tres meses para que estos ciudadanos cumplan con los requisitos absolutamente burocráticos impuestos por la ANDIS".
Gialluca afirmó que a pesar de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y de la ANDIS, apelaron esta medida, la Cámara Nacional de Resistencia (Chaco) la ratificó y quedó firme. No obstante, el defensor del Pueblo remarcó que Nación "incumple con esta orden, por lo cual en el día de la fecha se está presentando una denuncia penal directamente contra el actual director o interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, a los efectos de que se determine el delito de incumplimiento de una manda judicial o de los deberes de funcionarios públicos".
Defensa de las personas con discapacidad
"La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADFRA) esta permanentemente comunicada, y esta acción se replica en el Chaco, en Corrientes, Santa Fe, en las provincia del centro, en el sur, donde el Gobierno nacional tiene como objetivo y finalidad evidentemente a través de estas auditorías dar de bajas a un sinnúmero de beneficios que fueron otorgados a través de instrumentos públicos como resoluciones", lamentó.
Este fallo judicial beneficia a todos las personas con discapacidad que tienen residencia en el territorio provincial de Formosa. No obstante, Gialluca explicó que el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires se adhirió a esta medida, así como Catamarca, San Juan y otras provincias porque "la irregularidad de dar de baja de forma grosera, golpea a un sector altamente vulnerable que hoy no tiene los alimentos y la cobertura de salud que necesitan".
"Hay personas que no tienen un miembro, no videntes que se los ha dado de baja, que no se puede tener ninguna duda de que son personas con discapacidad y que tienen derecho a ese beneficio. El gobierno nacional hace una lucha totalmente despiadada contra las personas con discapacidad, pero no se descansará hasta que esto se restituya, se normalicen y se hagan las auditorías como correspondan y se respeten los derechos de la persona con discapacidad", concluyó el funcionario.
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