La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, confirmó la absolución de una mujer y absolvió a otra en la misma causa, ambas acusadas de transportar estupefacientes. En un fallo unánime, el máximo tribunal penal del país atendió los informes psicológicos y psiquiátricos presentados por la defensa, que dieron cuenta de la incapacidad psíquica de las imputadas y su condición de extrema vulnerabilidad. Para los magistrados, las mujeres podrían haber sido utilizadas como simples instrumentos para el traslado de drogas, sin tener plena conciencia del acto delictivo.
El caso se originó durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en la provincia de Salta, cerca de la frontera con Bolivia. Allí fueron detenidas dos mujeres que viajaban en un micro de larga distancia y portaban, respectivamente, 1.684 y 2.642 gramos de cocaína. En el mismo colectivo fue detenido un hombre con 3.910 gramos de marihuana, quien fue señalado por ambas como la persona que las había obligado a realizar el transporte.
Las acusadas fueron sometidas a pericias médicas a través de profesionales de la Defensoría Oficial y del Hospital Ragone. Los informes determinaron que una de ellas tenía retraso mental leve, mientras que ambas presentaban un nivel de desarrollo cognitivo inferior al esperable para su edad. Además, se destacó que dependían de sus hijos para la realización de gestiones básicas y que ninguna había completado la escuela primaria. El equipo interdisciplinario concluyó que ambas eran fácilmente influenciables y con escasa capacidad de alerta, lo que afectaba gravemente su aptitud para comprender la ilicitud de sus actos.
En su voto, el juez Yacobucci remarcó que “lo determinante del caso fue que la comprensión de la criminalidad del acto […] ha sido puesta en crisis frente a las limitaciones sociales […] que se ven agudizadas por el particular contexto de vulnerabilidad social”. A su vez, el juez Slokar advirtió que el sistema penal reacciona de manera “poco racional -cuando no irracional- frente a situaciones como la presente, que concentran un conjunto de problemas vinculados al crecimiento de la pobreza, la desigualdad estructural, la violencia y la falta de oportunidades”.
El magistrado también cuestionó con dureza la selectividad de la política criminal y la ineficacia del sistema penal para perseguir a las cúpulas del narcotráfico. “Las organizaciones criminales casi nunca son identificadas, perseguidas y sancionadas”, sostuvo, y añadió: “El grueso de los recursos económicos y humanos se dirige a los más vulnerables”.
En su razonamiento, Slokar insistió en la necesidad de interpretar las trayectorias vitales de las personas acusadas en clave estructural y situacional: “No deben ser interpretadas en abstracto ni retiradas de las circunstancias que determinan su exclusión. El juicio de imputación no puede prescindir de la concreta posibilidad de autodeterminación en contextos de necesidad extrema, violencia y subordinación”.
Asimismo, el fallo hace hincapié en la necesidad de aplicar un enfoque de interseccionalidad que considere los múltiples factores de vulnerabilidad: condición de género, pobreza, falta de escolaridad y marginalidad. “No es lo mismo exigir una responsabilidad a una persona a la que la vida le ha dado todas las oportunidades que a aquella a la que se le han negado todas”, escribió Slokar en su voto.
Una Justicia más humanitaria
La resolución se enmarca en un debate más amplio dentro del sistema judicial y las organizaciones sociales sobre el uso del derecho penal en contextos de desigualdad estructural. Hace poco más de un año, jueces, fiscales, representantes de la Iglesia y referentes de movimientos sociales de barrios populares mantuvieron un encuentro en el que advirtieron sobre el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables, así como sobre la utilización sistemática de mujeres y niños por parte de las organizaciones criminales para tareas de transporte o venta de drogas.
La decisión de la Cámara de Casación no sólo reconoce las condiciones individuales de las imputadas, sino que también pone en cuestión el modo en que el sistema penal responde ante situaciones de exclusión. Los jueces alertan que la criminalización de la pobreza y la persecución selectiva de los eslabones más débiles perpetúan el problema en lugar de resolverlo. En este sentido, la sentencia constituye un llamado de atención sobre la necesidad de políticas públicas integrales que enfrenten la problemática del narcotráfico desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social.
La resolución también deja en evidencia las tensiones existentes entre las prácticas punitivas y los estándares legales en materia de género, discapacidad y migración. “La aproximación a estos conflictos demanda un abordaje que considere la interseccionalidad de las múltiples vulnerabilidades”, sostuvieron los jueces.
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