La Legislatura de La Rioja aprobó por unanimidad un paquete de reformas claves impulsadas por el Ejecutivo para modernizar el sistema de justicia penal. Con cambios que buscan agilizar tiempos y un trato más humanitario, estas reformas se presentan como un cambio clave para el rol del Estado con respecto al sistema penal.
En comunicación con El Destape 1070, la diputada provincial Lourdes Ortiz brindó detalles sobre estas reformas: "La Rioja tenía una deuda pendiente que era poder dar este salto de calidad en la administración de Justicia, y particularmente en los procesos de persecución penal".
"A partir de todo este proceso de traspaso los ciudadanos riojanos y riojanas, en el momento de vincularse a un proceso penal, van a encontrar un sistema nuevo que garantiza agilidad, imparcialidad del juzgador y que fomenta la participación ciudadana", agregó la legisladora con respecto a la nueva reforma.
Con respecto a la característica humana de esta reforma, Ortiz aseguró que esta medida "viene a dar respuesta a una demanda de la comunidad de poder encontrar respuestas más efectivas rápidas" cuando se vean vinculados con los procesos penales.
"Este sistema tiene plazos en beneficio y respuesta a las diferentes partes del proceso penal. Hoy tenemos una situación sensible en la provincia, porque en función de este sistema actual tenemos una acumulación de causas con personas esperando la resolución de la Justicia", agregó. Esto se opone a la visión de Nación, desde donde "están dando otra discusión persecutoria sobre los jóvenes".
"Los estándares internacionales obligan a que la administración de Justicia esté basada en la imparcialidad, en el sistema actual el mismo juez tiene distintos roles, lo que afecta el principio de imparcialidad. Esto se resuelve con el nuevo sistema", concluyó.
Los detalles de la reforma
Estas medidas buscan agilizar los procesos, garantizar mayor transparencia y sumar el protagonismo directo de la ciudadanía en decisiones judiciales. Según explicó el gobernador Ricardo Quintela, se trata de “un paso firme hacia una justicia penal más justa, humana y cercana a la gente”.
El nuevo Sistema Acusatorio reemplaza al modelo inquisitivo vigente desde 1951. Ahora, el fiscal tendrá a su cargo la investigación, mientras que el juez será un garante imparcial del proceso. Se promoverá la oralidad, la igualdad entre las partes y el respeto pleno a los derechos constitucionales.
También se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Justicia Penal, que reorganiza funciones y competencias para adecuarse al nuevo esquema, brindando mayor claridad y eficiencia en el trabajo de jueces, fiscales y defensores.
Además, se creó la Ley de Juicio por Jurados, que establece la participación de 12 ciudadanos elegidos por sorteo del padrón electoral en casos penales graves. Su veredicto será inapelable y la participación será obligatoria, salvo excepciones legales. El juicio por jurado empezará a implementarse en 2026, con capacitaciones intensivas desde la segunda mitad de 2025.
Cerrar sesión