La Corte Suprema de Brasil dio el primer paso para que se juzgue el rol del ex presidente Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado de 2023 contra Luiz Inácio Lula Da Silva. Los magistrados decidieron por cinco votos a cero abrir el proceso, después de que la fiscalía imputara a Bolsonaro por liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del mandatario, tras perder las elecciones en 2022. El ex mandatario y siete de sus colaboradores cercanos enfrentan penas de prisión de hasta 40 años y, en el caso de Bolsonaro, ponen en peligro su liderazgo de la extrema derecha brasileña.
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Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del ex jefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos "en forma detallada" y "satisfactoria" por la Fiscalía. "Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", remarcó Alexandre de Moraes.
El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente electo" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción".
Bolsonaro y otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por la Fiscalía por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio. Las penas máximas sumadas por esos delitos rondan los 40 años de cárcel. Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
La respuesta de Bolsonaro
Poco después de que se conociera la decisión de la Corte, el ex mandatario salió a responder, primero en las redes y, luego, frente a la cámaras en donde hizo énfasis en la persecución política en su contra, la estrategia que viene utilizando desde que comenzaron las investigaciones en su contra.
Visiblemente enojado, acusó a los jueces de tener "prisa, mucha prisa". "Parece que tienen algo en contra mío", sentenció y agregó: "Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme". El líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia. Sin embargo, la apertura de un juicio abre la posibilidad de una prisión preventiva, dado el alto riesgo de fuga que existe ya que, en el pasado, se supo que el ex mandatario analizó buscar refugio en una embajada extranjera.
Además, apuntó directamente contra el juez que instruyó el caso, Alexandre de Moraes, con quien está enfrentado desde la pandemia por haber requerido medidas directas para resguardar a la población de la Covid-19. "Lo más irónico es que, en cuanto más atropellan reglas, plazos y garantías para intentar eliminarme, más descarado queda el miedo que tienen de las urnas y de la voluntad popular. Si realmente creyesen en la democracia que dicen defender, me enfrentaría en las urnas", aseguró.
También, criticó al máximo tribunal por la celeridad con la que avanzó sobre este tema, cuando se caracteriza por llevar adelante procesos más bien lentos.
¿Cuáles son los pasos a continuación?: sin fecha para el inicio del juicio
Hasta ahora, el Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó la denuncia de más de 300 páginas presentada por el fiscal general de la nación, Paulo Gonet, quien señaló en su imputación la formación de un "núcleo crucial" de una organización criminal para la ruptura institucional, conformada por Bolsonaro; Alexandre Ramagem, ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Almir Garnier, ex comandante de la Marina; Anderson Torres, ex ministro de Justicia; Augusto Heleno, ex ministro de Gabinete de Seguridad Institucoinal; Mauro Cid, ex edecán de Bolsonaro (que fue detenido y consiguió la libertad condicional luego de llegar a un acuerdo con la Justicia); Paulo Nogeira, ex ministro de Defensa; Braga Netto, ex ministro de la Casa Civil y candidato a vicepresidente en 2022.
Además de ellos, hay otras 34 personas denunciadas, pero el fiscal decidió dividirlos en cinco núcleos que serán juzgados en etapas.
De ahora en más, el camino que resta es el proceso penal que deberán enfrentar los ocho primeros imputados -contra quienes hay vastas pruebas para ser condenados-,que será a partir del próximo semestre. La primera fase -para la cual no hay fecha todavía- será la de instrucción penal, en la que el Ministerio Público y las defensas podrán: presentar pruebas, solicitar diligencias, convocar a testigos, debatir las tesiss de las defensas y los querellantes, además de todos los actos procesales previstos en la legislación penal brasileña.
Al finalizar esa etapa, el STF será el encargado del decidir la sentencia: si con condenados o absueltos. Mientras tanto, el Tribunal tendrá en manos herramientas como la prisión preventiva, en caso de que alguno de los acusados tenga riesgo de fuga.
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