Juicio a Bolsonaro: un símbolo para la democracia brasileña y una definición para la puja de poder

Brasil transita semanas claves. Se definirá la condena de Jair Bolsonaro y otros acusados por el intento de golpe de estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso judicial combina elementos de un país polarizado entre quienes afirman que el desenlace tiene que ser categórico porque el ex presidente atentó contra la democracia y los que sostienen que Bolsonaro es un perseguido político por un sistema que lo considera una amenaza.

Los cargos son graves y las condenas podrían ser de hasta 43 años de cárcel a un año de las elecciones presidenciales en donde, al menos hasta ahora, Lula buscará la reelección para evitar el regreso de la ultraderecha. Pero Bolsonaro está inhabilitado y la derecha se divide entre los intereses de la familia que no quiere ceder el liderazgo y los sectores que empujan la candidatura del gobernador de San Pablo, Tarcisio Gomes da Freitas. 

El bolsonarismo apuesta todo a la presión de Donald Trump a través de la implementación de aranceles con Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, como principal lobista instalado en Washington. Los aranceles no lograron el efecto esperado, dado que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General reforzaron su posición respecto del proceso y el Congreso no avanza en un proyecto de amnistía que viene sumando adhesiones pero su aprobación pareciera lejos de concretarse en los tiempos que espera el clan.

Por el lado de Lula, el enfrentamiento con Trump fue una palanca para mejorar su imagen y relanzar su gobierno luego de un 2024 con suba de precios e inestabildad cambiaria. En términos políticos, mantiene intacta su colaicion y si la salud lo acompaña irá por su cuarto gobierno.

Para el abogado criminalista y especialista en derecho procesal penal de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Henrique Attuch, “el juicio contra Bolsonaro, además de ser necesario dada la gravedad concreta de los hechos que se le imputan, es sumamente simbólico para Brasil. Desde el fin del Imperio, el país ha sido blanco de múltiples intentos de golpe de Estado, algunos exitosos, otros no. Sin embargo, nunca antes se había visto una respuesta tan enérgica de las instituciones democráticas como la que tenemos hoy”.

“Como afirma el ministro Alexandre de Moraes, lo ocurrido el 8 de enero, con el supuesto ascenso del expresidente, no fue un paseo por el parque, sino un intento deliberado y violento de anular la elección del actual presidente Lula. La democracia que Brasil disfruta hoy, bajo los auspicios de la Constitución de 1988, es la más duradera de su historia; protegerla es la función primordial de nuestras instituciones, incluso si dicha tarea requiere enjuiciar a un expresidente querido por una parte de la población. Y, por otro lado, el juicio también es necesario para el propio expresidente: le da la oportunidad, en igualdad de condiciones con la fiscalía que lo acusa, de presentar su versión de los hechos y someterla a la consideración de la Primera Sala del Tribunal Supremo”, agregó.

Uno de las críticas mas furiosas del bolsonarismo es la parcialidad de Alexander De Morales, quien ha sido elegido como el enemigo número uno del ex presidente y su familia. Attuch sostiene en este especto que no es el caso y “la obsesión con Moraes radica en su mero rol funcional, de no haber sido el relator en el caso contra Bolsonaro, el mismo odio se habría desatado contra alguien más en su lugar. Además, todas las acciones de Moraes durante el juicio favorecieron el procedimiento contradictorio y brindaron tanto a la Fiscalía como a la defensa las mismas oportunidades para actuar y reaccionar con respecto a los documentos, testimonios y demás pruebas recabadas. Por lo tanto, discrepo con la opinión de que Moraes fue parcial”.

Por otro lado, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Federal de Santa Catarina, Claudio Ladeira, dijo a El Destape que el juicio “es parte de la reacción del establishment del sistema político brasileño, la "Nueva República" surgida en los años 80, contra Bolsonaro y sus seguidores, quienes son percibidos (correctamente) por el establishment como agentes.

Sobre el rol de De Morales, Ladeira aseguró que el juez “tiene la misma predisposición hacia Bolsonaro como Sergio Moro hacia Lula. Obviamente, se trata de casos diferentes, pero lo cierto es que, en ambos casos, los acusados ​​ya han sido condenados desde el principio”. “No es que no haya pruebas de que Bolsonaro realmente quisiera un golpe de Estado, sino que Moraes estaba plenamente convencido de ello desde hace mucho tiempo, mucho antes de que comenzara este proceso”, aclaró.

Uno de los interrogantes por estas horas es cuál será la reacción del bolsonarismo una vez que se conozca la condena. Para Attuch “es difícil predecirlo. El bolsonarismo se ha enfriado significativamente desde la elección de Lula. Sin embargo, sigue habiendo una base sólida del movimiento que, a través de manifestaciones en redes sociales, parece arriesgarlo todo en defensa del presidente. Si las voces más extremistas prevalecen sobre las moderadas, podríamos volver a presenciar situaciones de desobediencia civil, como la del 8 de enero”.

A su vez, Ladeira vaticinó que “el bolsonarismo seguirá invirtiendo en una amnistía que deberá ser aprobada por el Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados, parece haber mayoría a favor. También sería necesaria una votación en el Senado. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo Federal ya ha señalado que declarará inconstitucional dicha amnistía, lo que probablemente exacerbaría el conflicto político y tendría consecuencias electorales, sin dar al bolsonarismo la fuerza para intentar una ruptura institucional”.

Con este cuadro, ¿cuánto influirá la futura condena en las elecciones? Henrique Attuch apuntó que “Bolsonaro ya fue declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Por lo tanto, su inelegibilidad permanece vigente, independientemente de si el expresidente es condenado o no. Sin embargo, la condena y el posterior encarcelamiento podrían ser simbólicos para gran parte del electorado, cambiando la opinión pública sobre los aliados de Bolsonaro y los posibles candidatos que, de ser elegidos, prometen indultarlo o amnistiarlo”.

Finalmente, Claudio Ladeira señaló que “todo depende del desempeño del gobierno en las elecciones del próximo año. Actualmente, el panorama es desfavorable para el gobierno: el 40% lo desaprueba, el 30% lo aprueba y otro 30% se muestra indiferente. Es un escenario desesperado, que probablemente se traducirá, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un resultado favorable para la oposición”.

El especialista continuó con que “paradójicamente, la condena de Bolsonaro podría beneficiar a la oposición si decide apostar por un líder considerado más racional" (el gobernador de São Paulo, por ejemplo). Este líder atraería naturalmente el voto bolsonarista (aquellos dispuestos a apostar cualquier cosa contra Lula), junto con los votantes que desaprueban al gobierno actual, pero desaprueban a Bolsonaro.

Por otro lado, añadió, que “si la aprobación del gobierno mejora y la oposición mantiene una candidatura más radicalizada, el gobierno podría volver a beneficiarse de una oposición con un bolsonarismo radical, visto como una amenaza para la democracia. Considero este último escenario mucho menos probable que el primero”.

“Hay que añadir el hecho de que los efectos de las medidas de Trump sobre la economía aún no se han sentido en la población, lo que podría empeorar aún más la valoración del gobierno”, culminó.

El escenario es inédito. Para el gobierno de Lula y parte del sistema brasileño es determinante que las intenciones golpistas de Bolsonaro y los suyos, entre ellos, militares que gozaban de un enorme prestigio, pase desapercibidas. Bolsonaro cruzó una línea y puede pagar las consecuencias de manera contundente.