Jorge Contesse es abogado y experto internacional en Derechos Humanos. Nacido en Chile, es miembro del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la entidad que se ocupa de relevar información sobre distintas formas de torturas en todo el mundo. Contesse hace años focalizó su trabajo en América Latina y en noviembre presentará un informe evaluador del estado de la violencia institucional en Argentina. En una entrevista con El Destape, adelantó una de sus principales conclusiones. "Tenemos una severa una preocupación sobre el desarrollo de la tortura en cárceles y centros de privación de la libertad. Vemos un crecimiento sostenido en los últimos dos años", alertó.
El experto destacó que la dinámica argentina no es un hecho aislado: toda la región enfrenta una crisis y un crecimiento del uso de la violencia desde el Estado como forma de combate del crimen organizado. Y tal como definió a este portal: "Se trata de una crisis sistémica que se deriva de una idiosincrasia punitivista que envuelve a toda América Latina. En nuestros países hay una altísima propensión a la criminalidad".
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- ¿Cómo está la Argentina hoy, en base a los datos actualizados que tienen en el Comité?
- Eso no lo podremos afirmar con certeza hasta la evaluación que se hará en noviembre en Ginebra, donde se presentará el último informe en base a los datos más recientes que en este momento estamos relevando de la Argentina. Lo que sí puedo decir es que en los reportes que estamos viendo, tenemos una severa una preocupación sobre el desarrollo de la tortura en cárceles y centros de privación de la libertad. Vemos un crecimiento sostenido en los últimos dos años. En noviembre estarán los datos publicados, una vez terminada la Convención que tendrá lugar en Suiza.
- ¿Qué significa que la región tiene una idiosincrasia punitivista?
- Significa que en nuestra región se suspenden derechos y se le entrega a las fuerzas de seguridad el uso legítimo de la violencia. En América Latina tenemos una historia larga de la tortura como recurso utilizado para la represión. No olvidemos que en el Cono Sur se la utilizó como un método de control político en el marco del Plan Cóndor, durante el ciclo de las dictaduras militares en simultáneo en varios países. La Convención contra la Tortura se firma en 1984, por lo que a partir de ese año contamos con información al respecto.
- Con los datos actualizados hasta hoy, ¿qué países son los que están peor posicionados según la información que tienen desde Naciones Unidas?
- Ecuador y El Salvador son los países más críticos en toda la región. En Ecuador la situación es alarmante, dado que en 2024 declararon el estado de excepción, al igual que hace poco hicieron en los Estados Unidos. De acuerdo a lo que pudimos recopilar, hay alrededor de 700 muertes en cárceles en Ecuador desde la excepcionalidad. En el caso de El Salvador lo que sucede es que no hemos logrado conseguir mucha información al respecto. El Estado salvadoreño se niega a facilitar los informes que desde el Comité pedimos a los países.
- ¿Y Colombia, que siempre está en el foco de la escena?
- Es importante hacer una diferenciación ahí. La situación en Colombia no es la misma que en Ecuador o en El Salvador. Porque en Colombia lo que hubo fue un conflicto armado con las guerrillas. En ese tema el Estado colombiano no tenía jurisdicción para condenarlo o calificarlo como un hecho criminal. Era puramente militar. El conflicto con el narco es un conflicto criminal, no militar. No es lo mismo. Y eso lleva a los Estados a aplicar esto que decía recién: se aplican métodos de tortura para la represión de esos delitos, que van de la mano con la tradición regional que tenemos en América Latina con la tortura.
- ¿Qué cambia en un país y otro para conseguir o no información?
- Desde la Convención lo que hacemos es sugerir determinados mecanismos para que cada país haga un seguimiento de la situación en su territorio. Nosotros eso lo relevamos y a partir de ahí evaluamos cómo viene cada país. En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay hubo una correcta aplicación de esos mecanismos, que son nuestros ojos en el territorio. En Argentina contamos con la ventaja de que a partir de la ley 26.827 que promulgó la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, existe una muy regular llegada de información a nosotros. Ese sistema además es descentralizado, por lo que podemos acceder a información que se reportan desde cada una de las cárceles que hay en toda la Argentina, tanto federales como provinciales.
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