Como una nueva parte de la política de seguridad de la Administración de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos permitirá los denominados "controles vecinales" hacia las personas que soliciten la ciudadanía para asegurar su "pleno apego" a la Constitución estadounidense, así como también su "buena disposición para el orden" del país.
De acuerdo a un memorando del Departamento de Seguridad Nacional difundido por la cadena de televisión estadounidense CBS, se reveló que el organismo pretende terminar "de inmediato la exención general de las investigaciones de vecindario para garantizar plenamente que los extranjeros que solicitan la naturalización cumplan con los requisitos legales incluyendo, pero no limitado a, el pleno apego a los principios de la Constitución".
Al final del documento también señala que, aparte de la Constitución, se busca "la buena disposición para el buen orden y la prosperidad de Estados Unidos".
De este modo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) podrá solicitar "cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y socios comerciales que conozcan al extranjero y puedan proporcionar información fundamentada sobre éste", según señalaron. Las investigaciones descritas en el documento incluyen "al menos" los cinco años previos a la presentación de la solicitud de ciudadanía.
Esta es la última de una serie de medidas del presidente Trump para intensificar la investigación de antecedentes a inmigrantes. A principios de agosto, el USCIS anunció un examen de "antiamericanismo" para todas aquellas personas que soliciten permiso de residencia o de trabajo, lo que incluye la revisión de sus perfiles en redes sociales.
Qué eran los "controles vecinales" en los Estados Unidos
Estados Unidos implementó, desde finales de la década de 1960 lo que bautizó como "controles vecinales" para poder, de esta manera, "reducir el delito civil" mediante la participación ciudadana. Básicamente, los vecinos se organizaban de determinada manera para detectar y reportar a la policía actividades como "sospechosas para el orden público". Dentro de ese catálogo de sospechas entraban tanto delitos comunes, como también la actividad política.
Estos esquemas buscaban fortalecer la comunidad y el vínculo con las fuerzas policiales, promoviendo la seguridad a través de la información compartida y la vigilancia común de las calles y de las casas.
Trump y su política de seguridad interna, con los ojos puestos sobre las alcaldías demócratas
Trump anunció, a principios de agosto, que desplegaría a las agencias federales en las calles de Washington a partir de un presunto "repunte" en los robos y delitos violentos en la capital norteamericana. Es el último golpe hasta ahora contra ciudades controladas por los demócratas, ejerciendo el poder ejecutivo sobre asuntos tradicionalmente locales.
Cientos de oficiales y agentes de más de una docena de agencias federales, incluidos el FBI, el ICE, la DEA y la ATF, se desplegaron a principios de mes por la ciudad en los últimos días.
La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, rebatió las afirmaciones de Trump, afirmando que la ciudad "no está experimentando un repunte de la delincuencia" y destacando que los delitos violentos alcanzaron el año pasado su nivel más bajo en más de tres décadas.
Los delitos violentos cayeron un 26% en los primeros siete meses de 2025, tras bajar un 35% en 2024, y la delincuencia en general declinó un 7%, según el departamento de policía local.
El despliegue de la Guardia Nacional es una táctica que el presidente republicano ya usó en Los Ángeles, donde envió 5.000 soldados en junio en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración de su administración. Funcionarios estatales y locales objetaron la decisión por innecesaria e incendiaria.
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