Los laboristas acusan a los tory de filtrar datos de afganos que pidieron asilo en 2022

El primer ministro británico denunció un plan secreto del gobierno anterior para evacuar a ciudadanos afganos que habían pedido ayuda tras la llegada de los talibanes al poder en Kabul, en 2022.

16 de julio, 2025 | 18.38

Ante una conferencia de prensa, el primer ministro británico Keir Starmer afirmó este miércoles que el anterior Gobierno conservador tiene "muchas preguntas por responder" sobre la filtración de datos personales de ciudadanos afganos en 2022, que ante la toma del poder de los talibanes pidieron asilo en territorio británico. Esa filtración llevó a la administración de Boris Johnson a crear un programa secreto que permitió la evacuación secreta de 4.500 afganos para protegerlos de posibles represalias de los talibanes.

"Advertimos desde la oposición sobre la gestión de los conservadores. Y ayer el ministro de Defensa expuso la magnitud de los fallos que heredamos: una filtración masiva de datos, una orden judicial de confidencialidad y una ruta secreta (de inmigración) que ya costó cientos de millones de libras", explicó Starmer, durante su exposición semanal ante la Cámara de los Comunes. "Los ministros del anterior Gobierno tienen serias preguntas que responder sobre cómo se permitió que todo esto ocurriera" agregó.

Tras la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 2021, alrededor de 19.000 ciudadanos afganos pidieron a Londres la posibilidad de salir del país y asentarse en territorio británico. En febrero de 2022, fue publicado en una página de Facebook anónima, un documento que poseía la identidad y datos personales de los 19.000 solicitantes de las reubicaciones. Ante eso, el gobierno británico obtuvo una orden judicial que prohibía a cualquiera revelar su existencia, como forma de garantizar la seguridad de los solicitantes para evitar que fueran objetivos de los talibanes a partir de la publicación. 

Después de eso, según reveló el actual ministro de Defensa, John Healey, los conservadores crearon un programa secreto para seguir evacuando personas, a partir del cual habrían llegado 4.500 ciudadanos afganos al territorio británico. Healey aseguró que sólo pudo dar detalles de la situación y de la posterior operación secreta "una vez se levantó la orden judicial que obtuvieron los conservadores para evitar la difusión de los hechos". Desde el Partido Laborista acusan a los conservadores de haber sido cómplices de la filtración de datos que originó la situación.

Como respuesta, el anterior titular de Defensa, Ben Wallace, negó este miércoles que la petición de la orden de secretismo tuviera como fin "encubrir" negligencias o proteger su cargo.

John Healey, actual ministro de Defensa británico.

El plan de los conservadores para asistir a los afganos exiliados por los talibanes

El documento que se filtró fue, según los funcionarios de la administración "Tury" (la forma en la que se conoce a los conservadores en Gran Bretaña), un "error administrativo". Indicaron que el objetivo fue enviar "fuera de los sistemas oficiales" un documento que contenía nombres, contactos y, en algunos casos, datos de familiares de afganos que colaboraron con las fuerzas británicas en Afganistán y solicitaron acogida bajo la Política de Reubicación y Asistencia a Afganos (ARAP) y el Programa Extraordinario de Compensación (EGS), dos programas del gobierno británico destinados a los afganos que colaborasen con las tropas anglosajonas en el conflicto en Medio Oriente.

Con la filtración de febrero de 2022, la administración conservadora creó un programa secreto de reubicación para los afganos, bautizado como Ruta de Respuesta para Afganistán (ARR), el cual permitió trasladar al Reino Unido a 4.500 personas, incluidos familiares, y preveía acoger a otras 600 más con sus allegados en las próximas semanas. El costo total del programa sería de unas 850 millones de libras.

Mientras los laboristas recomiendan abrir una investigación penal, la Policía de Londres descarta esa necesidad dado que concluyeron que al tratarse de "un fallo administrativo" y no de un acto deliberado, no es necesaria una investigación.