Migraciones dispuso una expulsión ilegal

A la madrugada, sin que se tuviera en cuenta su representación legal, sin que pudiera ver a su esposa ni a sus tres hijos -los cuatro nacidos en Argentina- en los cinco días de detención que pasó sin medicación para la hipertensión que sufre; sin cambiarse de ropa, sin ningún derecho a réplica, Juan Pedro Martinez Piedraita fue expulsado del país de forma arbitraria e ilegal. Es una consecuencia de la modificación de la Ley de Migraciones a través del DNU 366/2025, pero esta deportación de hecho también viola la letra de ese decreto, ya que antes de tomar cualquier decisión, la Dirección de Migraciones debería haber constatado y respetado los vínculos familiares de Martinez Piedraita. No lo hizo. En cambio, modificaron la hora de la expulsión y ni siquiera para cruzar un adiós pudieron verse Juan Pedro y su familia. 

¿Por qué expulsaron del país a este hombre afrodescendiente, nacido en Uruguay pero residente en Argentina hace casi veinte años? Paola Arismendi no sabe qué contestar, le cuesta hablar sin llorar, sabe que las leyes migratorias cambiaron pero desde 2022 a su marido le habían otorgado una residencia permanente. “Yo te digo la verdad, toda la verdad, mi marido pasó por un mal momento, nosotros vivíamos en Hurlingham, en un barrio caro, y él fue adicto, te digo la verdad -insiste-, cuando venía drogado yo lo echaba y se escuchaban los gritos afuera. Los vecinos hicieron la denuncia y por violencia de género le dieron una condena de un año y seis meses más una probation”. Esa condena fue cumplida en 2018, Martinez Piedraita pudo recuperarse de su adicción, la pareja se mudó a Merlo y tuvieron a su tercer hijo que ahora tiene 6.

“Tenía hasta el DNI pagado, en marzo nos dijeron que ya no habría más residencias precarias, cuando fuimos a migraciones teníamos esa ilusión de tener finalmente el documento”. En cambio, Juan Pedro fue retenido, separado de su esposa en las mismas oficinas donde esperaba poner fin a sus trámites como “extranjero”. Ese día su hijo más pequeño actuaba en la escuela y el matrimonio esperaba llegar a verlo. No fue así.

“Retenido” es el eufemismo para nombrar la nueva habilitación de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Poder Ejecutivo, para detener a personas nacidas en otro país por irregularidades en sus papeles de residencia o por su falta. Es el fuero contencioso administrativo -en este caso el juzgado Nro 12- el que tiene que ordenar esta “retención”, una incumbencia nueva para este fuero, que se produce, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en las dependencias de la Policía Federal conocidas por el nombre de la calle donde se encuentran: Cavia -ahí donde se amenazó con llevar a CFK en las horas previas a su detención. “Esta expulsión es arbitraria e ilegal”, califica Diego Morales, director de Litigio del Cels, “y es elocuente de lo que está pasando en este momento, se homologa un antecedente penal con la expulsión”. Y eso está fuera de la ley, incluso fuera de los cambios que introdujo el DNU firmado el 29 de mayo de este año que incluye a delitos con penas de tres años -en la ley anterior la pena a tener en cuenta era de cinco- como causal de expulsión o denegación de la residencia.

“Nosotros somos emprendedores, pagamos alquiler. Él tiene un puesto en la feria de Merlo, donde vivimos, tiene la cuenta de luz a su  nombre, hace veinte años que somos familia”, se desespera Paola. La historia de su marido tiene vínculos con la de Francisco Urizar, un guatemalteco con 30 años de residencia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. A él lo capturó el ICE -el equivalente a la Dirección de Migraciones de nuestro país- en el estacionamiento de un mall donde se detuvo para entregar tortillas en un puesto de comidas, ese era su trabajo. Francisco estuvo desaparecido cinco días, después se anunció a sus hijas que sería deportado, la causa es una condena por violencia de género cumplida hace más de diez años atrás. La historia viene al caso, ya que los fundamentos de la necesidad y urgencia del decreto que modificó la Ley 25871 -que logró regularizar la situación de dos millones de migrantes en nuestro país- cita las deportaciones masivas en Estados Unidos y dice que “el fenómeno mencionado representa una ineludible señal de alerta para la República Argentina”. E imagina, en el lenguaje formal de los considerandos del DNU, que llegarán a nuestras fronteras delincuentes, integrantes de bandas organizadas y más calamidades directamente desde el norte a este sur. “La justificación (del DNU) vuelve al estigma del migrante delincuente”, dice Morales.

Ocho veces está mencionada la palabra “riesgo”, nueve la palabra “seguridad”, “peligro” y “amenaza” también se repiten en la introducción del DNU 366/2025 que firmó Javier Milei sin siquiera reparar en que el 39% de los votos de La Libertad Avanza en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires son de extranjeros o extranjeras. Además del estigma y la presunción de delincuencia sobre la cual se construye en ese texto a las personas migrantes, también pesa sobre ellas la sospecha de venir a “aprovecharse” de la salud y la educación pública que son un derecho constitucional para “nosotros, nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, como dice el preámbulo de la Carta Magna -el masculino universal corresponde a la época-.  “Una entrada masiva de extranjeros traería aparejada una fuerte afectación de la prestación de servicios esenciales provistos por el estado” y por los cuales se deberá pagar si no se cuenta con una residencia permanente, la que a Juan Pedro Martinez Piedraita le negaron después de veinte años de residencia en Argentina. 

“Se estigmatiza a quienes migran como delincuentes pero la población migrante de cárceles no creció en los últimos 20 años, se mantiene en un 6 por ciento, y muchos son detenidos o detenidas en la frontera, no viven acá”, dice la politóloga Melina Sánchez Rincón, quien organizó dentro de la Casa Roja de Amar -el sindicato de trabajadorxs sexuales - un grupo de acompañamiento para quienes están en una situación especial de vulnerabilidad. Tanto porque en el barrio de Constitución -donde está ubicada la Casa Roja- la violencia institucional es permanente, como porque el mismo trabajo sexual está estigmatizado, más cuando se trata de personas trans o travestis. Paola, Osiris, María Joaquina y Daniela son algunas de las que fueron detenidas en Cavia con peligro de ser expulsadas igual que Piedraita. “Paola podría haber sido la primera travesti deportada -dice Sánchez Rincón-, se le consiguió un estatus de refugiada por la cantidad de travesticidios que se cuentan en su país de origen, Perú. Sin embargo, advertimos que el Ministerio Público Fiscal está teniendo en la calle prácticas extorsivas ‘¿Te expulso ahora o en tres años?’ preguntan ante cualquier causa con una ley en la mano que ni siquiera tuvo que pasar por el Congreso.”

“Criminalizar o ilegalizar a las personas migrantes no es un planteo nuevo. Pasa que ahora, lo mismo que hace (Donald) Trump en Estados Unidos, hay una exhibición de impunidad, de derrota de la democracia, de pérdida del estado de derecho. Se violan leyes o se las modifica por decreto y además con cuestiones que son directamente inconstitucionales, que violan otras normativas y pasan de largo”, dice la doctora en Ciencias Sociales, María Eugenia Cardinale, que investigó los cruces entre seguridad y movilidad de las personas en la cuenca del Río de la Plata, donde los vínculos entre las poblaciones son cercanos, tanto que cuesta pensar en una persona nacida en Uruguay como en un extranjero. “En las zonas fronterizas los cruces son permanentes pero la idea de seguridad está alejada de lo territorial, tanto que si algo sucede en un puente entre Argentina y Uruguay o Brasil hay que dar cuenta a Interpol y no a las fuerzas de seguridad que conocen a quienes cruzan y tienen lazos entre sí. “Este aumento de la vigilancia, este aumento de los controles fronterizos sobre migraciones como un elemento clave de la insecurización de la de las sociedades, permite un filtro: no es solamente que controla quién entra y quién sale y a quién se criminaliza. También permite un filtro para dejar ingresar determinados sectores vulnerables que van a ser mano de obra barata. Y esta idea de que no tengan derechos es casi un negocio redondo, porque la explotación es mucho más fácil porque no tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos”.

Mientras se expulsaba del país a un hombre que hace veinte años residía en él, en Murcia, España, en el pequeño pueblo de Torres Pacheco  la policía mantenía cercado el barrio San Antonio desde el domingo anterior. Allí viven la mayoría de las familias migrantes marroquíes y de otros países del norte de África. Durante todo el fin de semana, decenas de chats y grupos en redes sociales han estado alentándose para ir a Torre Pacheco a atacar migrantes. Los chats tienen un nombre internacional, en inglés: Deport them Now Spain. En Argentina, hay grupos similares, distintos nombres, el odio racista es contra migrantes de países limítrofes y también llega a la muerte como en España. En mayo de este año, un hombre fue golpeado hasta la muerte, no hubo gran cobertura del hecho. España, dice Cardinale, es el país cuyo PBI ha crecido más que el del resto de toda Europa, también la que más migrantes ha recibido. “No es a pesar de la migración, es gracias a la migración que está dispuesta a hacer tareas y a dinamizar la economía de formas que los ciudadanos nativos por ahí no lo hacen”.

Ese dinamismo que en nuestro país se puede observar en cómo la mayor parte de las verduras que se consumen en el AMBA son gracias a las quintas que cultiva la población migrante desde Bolivia, o en la construcción que cargan sobre sus espaldas los obreros paraguayos; también en los restaurantes deseados de comida peruana, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, dice Melina Sánchez Rincón, “hay una visión muy extranjerizante de nuestra identidad”. Esta politóloga casi perdió su nombre detrás del gentilicio de su país de origen aun cuando es militante social, participa de espacios asamblearios, disfruta de las empanadas y el vino ¿se trata de su color de piel? ¿Martinez Piedraita fue expulsado con tanta celeridad por su color de piel? El racismo es estructural en este país que se considera blanco, descendiente sólo de europeos y europeas. Sin embargo, ahora el racismo es una política de estado que el partido de gobierno asume en sus estandartes y simbología, en su alineamiento sin bemoles con Estados Unidos e Israel que escala el racismo hasta el exterminio programado del pueblo palestino. 

Zulema Montero, la representante legal de Juan Pedro, espera que se revea su caso ya que la arbitrariedad es evidente. “Hay una bajada de línea de aplicar la expulsión para cualquiera que tenga antecedentes, pero también hay excepciones, tanto en la ley como en el DNU y este caso es evidente”. No hay razones para imponer una frontera en el medio de una familia. En todo caso se puede hablar de causa, y esta, se presume, es racismo de estado.