Derecho a la educación o estado ausente, dos modelos en disputa

La situación de la educación en nuestro país, producto de las decisiones del gobierno nacional de Javier Milei, transita el tiempo de mayor desinversión de nuestra historia. Entre diciembre de 2023 y lo que se proyecta para 2025, la caída del presupuesto es del 38%. El 76% de las 60.000 escuelas de nuestro país son de gestión estatal y tanto la Ley 26.206 como la Constitución Nacional responsabilizan al Estado Nacional, ese que Milei, cual topo, quiere destruir desde adentro, de garantizar el derecho a la educación. 

"El ajuste ya está hecho", dice el ministro de Economía, Luis Caputo. Los U$S 20 mil millones del FMI son sin condicionamiento. Sin embargo, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, el miércoles pasado en la Asamblea 140 del Consejo Federal afirmó: "El presupuesto de educación para este año es lamentablemente menor que el del año pasado, porque es sobre el ejecutado en 2024". Y continuó: "No estaríamos llegando a octubre. De nuestro presupuesto, el 90% es Becas y Salarios. Salarios es Universidades, y el pago de una hora más de clase (para docentes de Primaria)". Lo más grave y extraordinario, es que agregó: "Les pido que no cunda pánico innecesario. No digamos que el Presupuesto vigente se va acabar". Y renglón seguido, sin que se le mueva un pelo, de los pocos que tiene, criticó al gobierno que más invirtió en educación en esta etapa democrática.

Sumada a la desinversión, se encuentran la eliminación del FONID que representaba entre el 5% y 8% del salario docente, la caída del poder adquisitivo de maestros/as y profesores/as, la paralización de la infraestructura escolar y el desfinanciamiento a las Universidades Nacionales. 

La incapacidad de gestión y la ausencia de recursos trae más y nuevos problemas: se paralizó el envío de netbooks, pero además no se remiten a las provincias las claves para el uso de los pisos tecnológicos que hoy cuentan las escuelas, y se detiene el acompañamiento pedagógico que impacta en los estudiantes, mientras EDUC.AR sigue intervenido y con cuadros técnicos echados.

Las pruebas nacionales de evaluación de estudiantes señalan problemas en matemáticas, pero (la ministra, Sandra) Pettovello y el propio Torrendell priorizan Lengua, a pesar de que no están en condiciones de enviar libros de apoyo a la lectura en tiempo y forma, mientras que a su vez, se observan graves problemas para disponer de recursos suficientes para el INFOD, el Plan Nacional de Alfabetización y el SIFIECA.

No resuelven la convocatoria a Paritaria docente y, por lo determinado en la Resolución 381/2025, Torrendell define -de manera unilateral- el salario mínimo en 500 mil pesos para un maestro/a de grado, que rechazan los sindicatos del sector ya que atenta contra las condiciones laborales que incluyen el salario. 

El funcionamiento de las Universidades hoy está en peligro, situación reconocida por el propio Torrendell ante los ministros/as provinciales. La Ley de Educación Sexual integral (ESI) -sancionada en 2006- incluye a las familias para la formación de los estudiantes. Sin embargo, el Secretario de Educación contrata a fundaciones conocidas por ser anti-derechos a "formar" a los/as técnicos de las jurisdicciones. 

Las Becas Progresar, disminuidas al máximo en su aporte y cobertura territorial, tienen problemas desde el momento de inscripción, con la página Mi Argentina colapsada y sin asistencia. 

Sin hacer una lista exhaustiva de las señales de deterioro creciente de la educación argentina, ante este panorama y con una democracia resquebrajada día tras día, nos convocamos a defender lo construido y desde allí formular un programa educativo, integrado a un modelo nacional para más y mejor educación. Donde sea motivador un punto de partida, como el que dio lugar a la sanción de la Ley 26.206 de Educación Nacional, producto de intensas discusiones entre diversos actores a lo largo de todo el territorio nacional.

La participación y el diálogo deben restituirse como estrategias, con jornadas de debate y reflexión en instituciones educativas, foros virtuales, reflexiones en distintos ámbitos de la sociedad, consulta a la comunidad y a especialistas.

Mientras tanto, exigimos que el gobierno de Milei informe cómo va a financiar este año las becas, las universidades, la hora más de clase, las obras escolares, y demás. Porque queremos saber y porque tienen la obligación de hacerlo. 
        
Culpabilizar a Cristina Kirchner como recurso, para no hacerse cargo de su desastre, es un argumento mentiroso, gastado y a esta altura poco original. Este gobierno y cada uno de sus funcionarios se proponen el achicamiento -y destrucción- del Estado y debilitar los derechos, como el de la educación.

La situación es crítica. No se puede trasformar o mejorar aquello que se desfinancia, se desprecia o se quiere destruir como Milei quiere hacerlo con el Estado.