Se desplomó la operación de gobierno y Stornelli en el caso "Ley Bases": sobreseyeron a los últimos 16 involucrados

Se terminó de desplomar la operación que armó el gobierno el 12 de junio del año pasado cuando desató una feroz represión mientras se votaba la Ley Bases en el Senado, jornada que terminó con 33 detenidos. Entonces, el gobierno de Javier Milei y el fiscal Carlos Stornelli sostuvieron que hubo un intento de golpe de Estado y acusó a los apresados de actuar de manera coordinada para atentar contra la democracia. Este lunes, después de 13 meses de tenerlos sujetos al proceso, la jueza María Servini dictó el sobreseimiento de los últimos 16 involucrados que quedaban en el expediente. Se suman a otros 11 que fueron desvinculados de la causa en octubre de 2024. Es decir, la inmensa mayoría de los detenidos el 12J fue privada de su libertad de manera arbitraria y todo indica que ilegal. Justamente, en una causa paralela se investigan posibles violaciones a los Derechos Humanos durante el operativo que ordenó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lo resuelto por Servini este lunes podría sumarse como prueba a aquella pesquisa que instruye el fiscal federal Franco Picardi.

El sobreseimiento

En una resolución de 16 páginas, la jueza María Servini dictó el sobreseimiento de: Sofía Ottogali; Gonzalo Duro; Fernando Claus Leone; Ricardo Shariff Sleme; Diego Iturburu; Román Méndez; Luis Alberto de la Vega; Juan Ignacio Espinetto; Camila Juárez Oliva; Nicolás Moyorga; Saya Lyardet; Cristian Ferreira; Juan Pablo Colombo; Ramona Tolaba; Lucia Puglia, y Facundo Gomez. No encontró elementos que los incriminase durante los 13 meses que se los tuvo vinculados al proceso. Todos fueron arbitrariamente detenidos.  

Stornelli los había acusado –junto a las otras 17 personas detenidas el 12J- de “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”. Como si fuera poco, agregó que tenían el “propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representante de la Cámara Alta del Congreso de la Nación”, donde se estaba votando la Le Bases. Semejante imputación, impulsada por el gobierno de Milei a instancias de la ministra Bullrich, se hizo añicos contra la realidad.

A la mayoría de este grupo de 16 personas los policías que los detuvieron la acusó de tirar piedras. A algunos incluso se los señaló como que tenían la cara tapada. No solo los acusados negaron enfáticamente los hechos: nunca se encontró un elemento inculpatorio. Ni una capucha. Tampoco hay registros audiovisuales en las cámaras que registraron la manifestación por parte de las fuerzas de seguridad que aporte una prueba que complica a estas personas. Hasta se abrieron los celulares de los acusados. No apareció nada. Ni un mensaje.

Cuando fueron citados a declarar, los uniformados no pudieron justificar con pruebas sus aprensiones. El policía de la Ciudad Ariel Leguizamón de Luca declaró que “materializó la detención de los imputados, pero con la salvedad de que no había sido él quien había intervenido en sus aprehensiones originales, ni tampoco había presenciado ninguno de los hechos que se les imputaba, sino que “se limitó a recibir a las distintas personas detenidas por otros oficiales”. Así comenzó la operación política-mediático-judicial para criminalizar la protesta social. Lo que hubo en verdad fue una cacería en la que se detuvo a manifestantes que se expresaban pacíficamente, a trabajadores que vendían empanadas, a personas que salían de la boca del subte o volvían de la zona del Congresos a sus casas después de una jornada laboral.

De acuerdo a la jueza, el relato policial “se opone a los descargos de los imputados, a quienes no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc-; y no pudo obtenerse registro fílmico alguno que permita vincular a los nombrados con el accionar endilgado”. Por eso, “ante la carencia de imágenes que convaliden el accionar que fuera imputado a los nombrados, corresponderá dictarse a su respecto un temperamento desvinculatorio”, añadió Servini.

En la misma línea, la jueza destacó “la carencia de testigos directos de los hechos, sumado al contexto general en el que los mismos tuvieron lugar, esto es, un caos generalizado con corridas, gases, manifestantes encapuchados que agredían al personal policial que intentaba dispersar a la multitud, la carencia de registros filmicos que reflejen el accionar concreto de los encausados sometidos a proceso, así como también el resultado negativo del desbloqueo de los teléfonos celulares, me llevan al dictado del presente”.

“No debe olvidarse que la puesta en tela de juicio del estado de inocencia por obra de la persecución penal no puede durar más allá de cierto término, porque la persistencia temporal del proceso, sin una decisión definitiva, implicaría un desconocimiento práctico del principio de inocencia”, cerró la magistrada con asiento en Comodoro Py.

Esta decisión sobre los mentados 16 acusados se suma a la desvinculación de otros 11 involucrados al proceso que tomó Servini el 31 de octubre de 2024. Se trata de los casos de: Santiago Adano, Gabriel Famulari, Nora Edith Longo, Mía Ocampo, Belén Ocampo, Remigio Ocampo, Matías Ramírez, María de la Paz Cerruti, Rubén Dirroco, Mateo D'ettore y Germán Moyano.

Tal como en el caso de los 16, lo que decían las actas policiales no tenían nada que ver con la realidad. El caso de la familia Ocampo es la más gráfica. Narró Belén en sede judicial: “Yo no fui a protestar, yo estaba trabajando, tenía el puesto de empanadas, no sé la ubicación exacta ya que no conozco las calles... cuando empezaron a reprimir a la gente, yo estaba con mi tía Belén Ocampo, que atendía conmigo el puesto, ahí al ver que la gente se venía encima nuestro comenzamos a levantar el puesto y justo llegó mi abuelo Remigio Ocampo y nos dijo que llevemos las cosas al tráiler porque ya nos estábamos por ir”. Cuando se estaban yendo se dieron cuenta que se habían olvidado la garrafa. Cuando quisieron ir a buscarla se toparon con la policía. “Los policías estaban en fila queriendo avanzar hacia donde estábamos nosotros y nosotros sólo queríamos ir (a) agarrar la garrafa. En esos momentos, siempre estábamos con las manos arriba, para demostrar que no teníamos nada en las manos, y mi abuelo que estaba un poco más adelante, era empujado por la policía y lo tiraron al piso, al verlo yo me puse de espaldas ante de la policía para que no lo pisaran y ahí me agarraron personal policial, y a mi tía que estaba al lado mí también", contó Belén. "Después de eso nos llevaron a la parte de atrás del Congreso y nos tuvieron ahí detenidos", indicó.

Todos los testimonios tienen el mismo tenor.

Por tal motivo de los 33 detenidos el 12J solo 6 fueron procesados y por delitos menores. Esas 6 personas fueron enviadas a juicio el pasado 30 de junio junto a otras tres personas que la Justicia logró identificar tras un análisis minucioso de cientos de horas de filmación de los hechos en una pesquisa que se extendió por más de un año. Esto implica que tras una cacería de las fuerzas de seguridad la Justicia solo pudo procesar a 9 personas. Y por “intimidación pública” y “atentado a la autoridad” (en algunos casos puntuales se sumó daño agravado), todos delitos menores, lejanos de los que pretendió Stornelli y el gobierno.

Juan Spinetto, delegado de Ademys y detenido de forma arbitraria durante la represión del 12 de junio, quien obtuvo el sobreseimiento este lunes, señaló a El Destape: “Después de una larga espera, hoy finalmente la jueza Servini nos dictó el sobreseimiento quedando demostrado que no había pruebas concretas para acusarnos de delitos tan graves y que se trataron de detenciones arbitrarias que buscaban disciplinar y asustar a la gente para que no salga a protestar contra las políticas del gobierno de Milei”. “Aún esperamos que se siga en este sendero de justicia con la absolución de las 9 personas que van a juicio, el avance de la causa donde somos denunciantes contra las fuerzas de seguridad por la represión ilegal del 12 de junio y que, por último, se dicte la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes de Bullrich en la causa CELS para que lo que nos pasó a nosotros no se repita con nadie más”, concluyó.

Lo sucedido en este caso parece haberse replicado en la represión durante la marcha de los jubilados que tuvo el apoyo de hinchas de clubes de fútbol. En esta segunda manifestación hubo 114 detenidos que terminaron siendo liberados por la Justicia de la Ciudad por falta de pruebas.

María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que defiende a acusados en las dos causas mencionadas, indicó a este medio: “Hemos tenido en 500 días de gobierno de Milei casi 250 personas detenidas en diferentes movilizaciones solo en la Ciudad de Buenos Aires. De todas ellas nadie salvo las 9 del caso ‘Ley Bases’ van a juicio”. “Estamos ante un cambio de régimen, lo que está sucediendo en materia represiva no tiene punto de comparación con nada que hayamos vivido desde 1983 a la actualidad. No tiene parangón”, advirtió.