En medio de las políticas de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei, la Ciudad de Buenos Aires avanza con medidas para apoyar a las instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad y se encuentran en estado de emergencia por el retraso y falta de actualización de los aranceles que reciben, sumado al aumento de los costos laborales.
Desde el gobierno de Jorge Macri denunciaron que dichos lugares se encuentran en "estado de emergencia" debido al "retraso y falta de actualización de los aranceles que reciben del Gobierno nacional" además del aumento de los costos laborales. Además, adelantaron el envío de un proyecto a la Legislatura porteña para ampliar la ayuda.
En detalle, la administración del jefe de Gobierno porteño otorgará un subsidio del 24% de los ingresos mensuales, en dos cuotas, a 142 instituciones: Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares y Residencias que prestan servicios de alta intensidad de apoyo. La inversión estimada es de $1.777 millones y el objetivo "es contribuir a que ningún centro cierre".
Además, también comunicaron que se enviará un proyecto a la Legislatura porteña para solicitar "la exención del pago de Ingresos Brutos, y condonación de deuda, a todas las modalidades prestacionales categorizadas que trabajan en forma exclusiva con personas con discapacidad". Por último, desde el gobierno Macri también sostuvieron que se incrementará "la línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil" que se encarga de otorgar "financiamiento a organizaciones sin fines de lucro vinculadas con discapacidad".
Diputados consiguió dictamen a la emergencia en discapacidad
El desfinanciamiento de Milei recae sobre puntos vertebrales como el sistema de pensiones, la entrega de certificados, y el atraso en los pagos a los prestadores que son quienes garantizan los servicios y tratamientos de salud de las más de 2,1 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país.
A fines de abril, la Cámara de Diputados firmó en comisión un dictamen sobre el proyecto opositor para declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre 2027, un expediente que es rechazado firmemente por el oficialismo. El encuentro se concretó después de que se aprobara un emplazamiento en el recinto de sesiones para que se convoque al plenario de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, debido a que este último organismo comandado por el libertario José Luis Espert se negaba a habilitar su tratamiento.
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El proyecto declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive y establece que se debe efectivizar "el cumplimiento de la obligación del Estado nacional" asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044. También fija que la ley es "es de orden público y rige en todo el territorio nacional".
El presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la iniciativa, Daniel Arroyo, dijo que “es el resultado de un trabajo conjunto para acompañar a las personas con discapacidad, que se encuentran en una situación muy crítica producto del maltrato institucional y económico que genera este gobierno”. Y agregó: “No se están actualizando las retribuciones para los prestadores de servicios ni los fondos para los trabajadores con discapacidad que están en talleres protegidos. Es evidente que le han pedido a la ANDIS un nivel de ajuste tal que no es posible cumplir”.
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