La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudió al veto presidencial a la Ley 27.791, que establecía un aumento excepcional y de emergencia para jubilaciones y pensiones. El proyecto de declaración señala que el reiterado uso de esta herramienta que dispone el Ejecutivo "revela un patrón de conducta institucional que vulnera principios constitucionales como la división de poderes, el respeto a los derechos adquiridos y la progresividad en el reconocimiento de derechos sociales".
La Cámara de Diputados trató el veto de Javier Milei al incremento a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). La votación resultó en 160 votos a favor de voltear el veto, 83 votos en contra y 6 abstenciones. La iniciativa se debatió en el recinto luego de la aplastante derrota del Gobierno nacional en la votación por la ley de Emergencia en Discapacidad, que podría ser ratificada por el Senado este jueves.
La iniciativa fue presentada por Andrés La Blunda, legislador de Unión por la Patria (UxP) y vicepresidente de la Comisión de Personas Mayores. En declaraciones, La Blunda remarcó que “uno de cada cuatro porteños tiene más de 60 años, y hoy un jubilado necesita tres jubilaciones mínimas para no ser pobre. El grueso del ajuste de Milei recayó sobre las personas mayores, un ajuste además acompañado legislativamente por el PRO”.
La ley vetada establecía un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y elevaba el bono compensatorio a $110.000. Estos montos buscaban corregir el deterioro sufrido por los haberes desde la modificación de la fórmula de movilidad en marzo de 2024, basada únicamente en el índice de inflación a partir de febrero, omitiendo la inflación de enero (20%), lo cual provocó una pérdida significativa del poder adquisitivo de jubiladas y jubilados.
En ese marco, el legislador porteño subrayó la magnitud del impacto económico del veto presidencial que sostuvo parte del Congreso: “El Centro de Estudios de Economía Política proyectó que los aumentos que nuestros jubilados no van a percibir en un año por decisión de Milei ascienden a 568 mil millones de pesos, el equivalente a 400 millones de dólares. Es tanto dinero que cuesta dimensionar, pero su efecto sería inmediato en el consumo de la Ciudad”, remarcó. Mientras la jubilación mínima apenas alcanzó los $366.481, un hogar compuesto por dos adultos mayores propietarios necesitó $775.000 en mayo de este año para cubrir su canasta básica total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, los representantes de la Legislatura de la Ciudad remarcaron que "no es la primera vez que se utiliza esta herramienta de forma regresiva en materia de derechos". En septiembre de 2024, el Poder Ejecutivo ya había vetado la ley de modificación del régimen de movilidad jubilatoria (Decreto N.º 782/2024), bajo argumentos centrados en el supuesto impacto fiscal y la falta de financiamiento explícito. En esta ocasión, "tales objeciones no resultan válidas, dado que el texto aprobado por el Congreso contemplaba mecanismos de financiamiento adecuados, desmintiendo así cualquier supuesta afectación al equilibrio presupuestario".
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