En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno denunció ante la Justicia Federal "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país" a menos de una semana para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La maniobra busca frenar la difusión de nuevos audios que compliquen a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y que tiene a Karina Milei en el centro de la escena.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que "se grabaron conversaciones privadas" de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios de la administración libertaria, "que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo". "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", apuntó el portavoz oficial a través de su cuenta de X.
A los pocos minutos, la Justicia resolvió dictar una medida cautelar en la que ordenó "el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto del 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web, resolvió el juzgado". Para Adorni, la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
Tras varias semanas agitadas, desde el Ejecutivo volvieron a denunciar una operación llevada adelante por parte de la oposición. La serie de grabaciones que tienen como protagonista a Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la ANDIS, íntimo amigo y exabogado del presidente Javier Milei, provocaron una severa crisis política que golpea a la Casa Rosada, ya que revelan una supuesta trama de corrupción. Los audios filtrados se ubican temporalmente, en principio, entre junio y octubre de 2024. Aún se desconoce quién es el interlocutor de Spagnuolo. Pero muchas de las afirmaciones de quien visitó más de 30 veces a Milei en la Quinta de Olivos -26 por la noche- pueden ser contrastadas.
La demanda fue presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional, y cayó en el Juzgado Federal Nº12 subrogado por Julián Ercolini, y la Fiscalía Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli. En la misma se solicita una medida cautelar para frenar la publicación de nuevos audios. Según el Ejecutivo, "no se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral".
Plantean que el objetivo fue "generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas": apuntaron contra el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. De acuerdo a lo señalado desde la administración libertaria, esta maniobra busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
El pedido judicial asegura que Karina tiene "fundadas sospechas que, de tratarse de un audio real, el mismo fue obtenido ilegalmente dentro de la Casa de Gobierno de la Nación, generando un hecho sin precedentes en la historia nacional". "Las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520", añade el escrito.
El canal Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del jefe de Estado. "No podemos entrar en la pelea... nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: "Acá que ni siquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy... entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada...". Si bien en esos registros no se mencionan los hechos vinculados a la ANDIS ni la causa judicial en curso, desde la producción advirtieron que se trata de “la puntita” de más grabaciones que se irán conociendo en los próximos días.
Ante esto, la denuncia señala que la maniobra se basa en grabaciones subrepticias, amplificadas luego a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa “elegidos deliberadamente para desacreditar al Gobierno”. "El mensaje es contundente: no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", remarcaron desde Nación.
La Justicia otorgó una cautelar a favor de Karina Milei: el juez que firmó la medida tiene seis causas en su contra
El titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, hizo lugar parcialmente y ordenó el cese de la difusión de los audios grabados de Karina Milei. El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional y de alcance limitado, descartando que implique instaurar un “bozal legal”.
Luego de analizar el planteo, Maraniello dio lugar a la cautelar en lo relativo a la difusión de los audios y remarcó que ello no implica una censura previa, en tanto se busca proteger "la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos" que surgiría de los audios anunciados en medios de comunicación y redes sociales. A tal fin, requirió que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que "comunique dicha resolución a todos los medios de comunicación masiva".
De esta manera, decretó la medida al ordenar "solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".
En esa línea, Maraniello aclaró que la decisión judicial "no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático", sino que busca que su alcance pretende acotarse a "un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado".
El fallo que impide la difusión de las grabaciones de la hermana del Presidente fue firmado por un juez que tiene seis expedientes en su contra por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, resolvió notificar al magistrado formalmente de las acusaciones. Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días (a partir 14 de agosto).
Entre las causas más graves figura la de una empleada que declaró que, a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, fue hostigada por el juez para encontrarse fuera del ámbito laboral. La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para ponerle fin a la situación.
Sin embargo, la víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevó a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde la mujer ratificó sus dichos.
En la denuncia se remarca "la asimetría de poder entre el Sr. Magistrado denunciado y la victima es notable, y es el decisivo instrumento del cual se valió el agresor, en todo momento, para cometer sus abusos". Señalan que Marianello "es la cabeza máxima de un Juzgado Feceral (Juez), integrante de una asociación civil dedicada nada menos que al derecho constitucional argentino (Presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional) y autoridad destacada de una organización mundial destinada a ésta rama del derecho (Presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional)".
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