Operativo judicial el edificio de la Secretaría de Trabajo por una causa judicial vinculada a UATRE

Funcionarios judiciales acercaron un oficio del juez federal Sebastián Casanello al secretario de Trabajo, Julio Cordero, acusado por abuso de autoridad por el gremialista José Voytenco.

29 de agosto, 2025 | 17.06

El edificio de la Secretaría de Trabajo fue allanado por orden judicial en una causa que involucra a Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y en la que está involucrado el secretario de Trabajo, Julio Cordero por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Fuentes oficiales informaron que desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 se acercaron al edificio, ubicado en Av. Leandro N. Alem 650, para entregar un oficio en el piso 13, donde se encuentra la oficina de Cordero. Esta semana, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del funcionario, como también la del diputado libertario Pablo Ansaloni, por los presuntos delitos antes mencionados en una causa iniciada por una denuncia de José Voytenco, secretario general de UATRE, el 5 de febrero de 2025 en la que acusa a los imputados de planear la intervención del gremio y su obra social, OSPRERA, para desplazar a sus autoridades electas. La investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

La orden de presentación que firmó Casanello y a la que tuvo acceso El Destape y dirigida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano tiene como objeto que se ponga a disposición de su juzgado "copia digital de la totalidad de los documentos" que oportunamente el área de Cordero aportó a la justicia laboral cuando recibió las denuncias contra la UATRE.

Desde la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informaron a El Destape que "oportunamente y con motivo de la presentación de 25 denuncias de incumplimientos graves por parte de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), elevó las mismas a la Justicia Nacional del Trabajo tal como lo establece el artículo 56 de la ley de asociaciones sindicales, en estricto cumplimiento de los deberes de funcionario público". Desde esa dependencia marcaron que se pretendió con ese procedimiento "garantizar la estabilidad institucional de la organización, como así también los derechos e intereses de los trabajadores agrupados en la referida entidad sindical".

La investigación documentó reuniones en la Secretaría de Trabajo y en la sede de OSPRERA, las cuales contaron con la participación de los imputados en audiencias oficiales. Uno de los más implicados es Ansaloni, quien habría ingresado siete veces a la Secretaría de Trabajo entre agosto de 2024 y enero de 2025, lo que revelaría su vínculo con Cordero.

La hipótesis del conflicto que reconstruyó la Fiscalía es que, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se habrían sucedido una serie de maniobras para tomar el control de la UATRE y su obra social. Entre ellas, la imposición de una intervención en OSPRERA, la designación de allegados en cargos clave y la celebración de contratos por servicios no prestados, que habrían perjudicado el patrimonio de la entidad. Todo esto sería en complicidad entre el legislador Ansaloni, el secretario Cordero y entre Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina -OSPRERA-; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la provincia de Buenos Aires de UATRE.

Cómo quedó la causa y en qué situación quedaron los imputados

La Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo ya rechazó la intervención de UATRE por falta de fundamentos, defendiendo la libertad sindical. La causa avanza con nuevas pruebas, y no se descartan medidas adicionales. El 25 de agosto la Fiscalía solicitó que se convoque a prestar declaración indagatoria a Ansaloni, Cordero, Aquino, Petroni, Andrada y Petriati. Asimismo, solicitaron la revisión de todos los mails institucionales enviados y recibidos por los seis imputados, tanto de correos entre sí, o mismo que "contengan como asunto y/o en el cuerpo del mensaje alguna referencia o mención a los imputados", o alguna referencia en el caso de la UATRE-OSPRERA.