El Consejo de la Magistratura que preside el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti tuvo su primer plenario del año recién este miércoles, luego de casi 5 meses de parálisis. El órgano de selección y sanción de jueces estrenó el 2025 para elegir autoridades. Se designaron a la vicepresidenta y a los presidentes de las 5 comisiones de la institución, que además fueron conformadas. El reparto de poder interno expone cómo quedaron posicionados el gobierno, el peronismo y la corporación judicial en medio del año electoral.
El consejo tuvo su última reunión plenaria en diciembre del año pasado. Desde entonces y hasta este miércoles los consejeros en su totalidad no se volvieron a ver las caras. Algunas fuentes internas apuntan directamente a Rosatti, presidente de la institución y como tal responsable de convocar a los plenarios. Otras, explican que la razón de tal parálisis fue la falta de consenso entre los distintos sectores para ponerse de acuerdo a la hora de definir los cargos; fundamentalmente, de la corporación judicial y los representantes del oficialismo y sus aliados. Sin ir más lejos, el bloque peronista, con 5 voces nítidas, quedó en minoría en todas las comisiones.
Con más de 300 vacantes en el Poder Judicial (alrededor del 30% del total), el gobierno tiene mucho para negociar con los distintos sectores que integran el Consejo de la Magistratura. Esto es: el bloque peronista, el de la corporación judicial y el de los aliados circunstanciales –y no tan circunstanciales- del Ejecutivo, que pueden encontrarse entre los consejeros vinculados al radicalismo, el macrismo, al ámbito de la abogacía y al de la academia.
En total hay 121 vacantes en trámite en el Consejo y 182 ternas concluidas en el Poder Ejecutivo, a tiro de firma por parte del presidente Javier Milei (303 vacantes ante 1002 cargos). ¿Qué significa esto último? Que el presidente debe elegir al candidato de cada terna terminada para ser designado en el cargo de juez para el que concursó. Se envía el pliego al Senado de ese postulado y si se aprueba con mayoría simple en la Cámara alta ese “elegido” asume en su nuevo rol en el Poder Judicial.
En esta línea, uno de los alfiles judiciales del gobierno afirmó a El Destape: “Vamos a enviar los pliegos de jueces seguro”. La duda es si el año electoral es el más propicio para este tipo de negociaciones. El reciente rechazo de los pliegos de los candidatos del gobierno a la Corte, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, no es un buen antecedente para los deseos del Ejecutivo.
El reparto de poder
En el comienzo de la primera sesión del plenario en 2025, Rosatti pidió un minuto de silencio "en memoria del Papa Francisco”. Luego se avanzó con la elección de autoridades, que tuvo el visto bueno del presidente cortesano.
La jueza Agustina Díaz Cordero fue reelecta vicepresidenta del Consejo. Reunió una mayoría cómoda aunque no unánime: no la apoyaron la consejera Jimena de la Torre (del estamento de los abogados que estuvo vinculada al macrismo) quien pretendía ese lugar; ni los 5 consejeros peronistas (los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley; los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara; y el representante de los abogados, César Grau). Esto implica que la rechazaron 6 consejeros sobre un total de 20.
Díaz Cordero es una ex asesora del ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, quien fue nombrada jueza civil por Mauricio Macri en 2018. Ingresó al actual Consejo de la Magistratura por el estamento de los jueces y el año pasado estuvo envuelta en el escándalo de la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Su nombre fue mencionado en los chats donde se organizaron visitas a represores y se trabajó un proyecto para sacarlos de la cárcel. Esto motivó presentaciones de diferentes organismos de Derechos Humanos ante el Consejo para que se aclarara su rol en todo ese entramado. Finalmente, fue blindada por el oficialismo y sus aliados en el órgano de selección y sanción de jueces.
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A diferencia de la votación sobre la vicepresidencia, la integración de las comisiones tuvo unanimidad. Ante la consulta de El Destape, desde el Consejo afirmaron que el representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio – es el Nº 2 del Ministerio de Justicia-, fue uno de los grandes ganadores de la jornada. ¿La razón? Quedó a cargo de la Comisión de Administración Financiera. La vicepresidenta quedó en manos del diputado PRO Álvaro González, quien pretendía seguir al frente de esta comisión.
Desde el gobierno resaltaron la elección de este miércoles: “Los cambios del consejo son pocos pero muy importantes. No creo que algún otro representante del Ejecutivo haya estado presidiendo la comisión de administración financiera del Consejo antes”, afirmaron a este medio. Lo que festeja el oficialismo es cuestionado por la oposición: “Nunca pasó que el Ejecutivo tuviera el control de la comisión de administración. Eso implica el manejo de licitaciones, obra pública, es decir, Amerio podrá pedirse a sí mismo porque como no hay Presupuesto se tienen que pedir partidas presupuestarias al Ejecutivo. Por eso le dieron el manejo de la comisión a él. Para que negocie”.
Otra novedad fue la designación del senador Luis Juez, que pasó de las filas del macrismo a las de la Libertad Avanza, al frente de la Comisión de Acusación por 2025, que es año electoral y puede servirle de “vidriera”. En esta comisión tramitan los pedidos de juicio político de los magistrados. Por eso es una comisión clave. Por un acuerdo entre los distintos sectores, en 2026, Juez será reemplazado por el abogado angelicista Alberto Maques. La vicepresidencia quedó en manos del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade. La comisión la terminan de conformar los diputads Álvaro González (PRO), Roxana Reyes (UCR), Vanesa Siley (UxP) y el abogado Grau. Esto implica que el gobierno, con aliados, tendría una mayoría de 4 contra 3 peronistas para avanzar con los dictámenes en favor de un jury o para bloquearlos. ¿Qué significa? Que podría usar esta mayoría para avanzar contra un juez que no se ajuste a los intereses de oficialismo. Luego, ese dictamen tiene que tener el respaldo del plenario para concretarse un juicio político.
En esta comisión se encuentra una denuncia incómoda para el gobierno: una que involucra al camarista de la Casación, Gustavo Hornos, por violencia de género. Se trata de uno de los magistrados que ratificó la condena contra CFK en la causa Vialidad. Justamente, por esta acusación había sido recusado por la expresidenta. El expediente se formó luego de que la propia Casación le diera intervención al Consejo tras anoticiarse de la existencia de una causa judicial en trámite contra Hornos iniciada por su expareja.
En el resto de las comisiones se mantuvo un esquema similar al que venía del año pasado. La comisión de Disciplina –donde se definen sanciones “menores” a magistrados, es decir, que no llegan a un jury- quedó en manos del abogado peronista César Grau, quien reemplazó al fallecido Héctor Recalde, que era quien encabezaba esta comisión. La vicepresidencia quedó en manos de la jueza María Alejandra Provitola.
Según pudo reconstruir este medio, Grau ya envió a sortear para que avancen y se resuelvan –para concretar una sanción o desecharla- las denuncias que había en la comisión contra el juez de Comodoro Py Ariel Lijo, el fallido postulante de Milei para la Corte. Se trata de distintas acusaciones que van desde su rol en la investigación sobre los presuntos desfalcos en la Obra Social de los judiciales, que estaba bajo la órbita de la Corte; a una denuncia en su contra realizada por Elisa Carrió. También se encuentran aún vigentes en esta comisión las denuncias que se hicieron contra el grupo de jueces que viajó a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, invitados por Clarín, y que este medio cubrió en detalle. Se trata de Julián Ercolini, uno de los jueces del Lawfare; Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación puesto a dedo por Macri y padre del fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; Pablo Yadarola, del fuero penal económico; Pablo Cayssials, que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, manejaba más de 80 causas vinculadas al multimedios al momento del viaje y fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó. Este caso debiera resolverse antes de octubre porque en ese fecha se cumplirán 3 años y se archivará por paso del tiempo.
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En lo que hace a la comisión de Reglamentación, quedó al frente del juez Alberto Lugones.
Mientras que la estratégica comisión de Selección, que es la que impulsa los concursos para cubrir vacantes, quedó al mando de la abogada María Fernanda Vázquez. La vicepresidenta electa fue De la Torre. De 12 integrantes, el oficialismo, que contará con la presencia de Amerio, puede reunir una mayoría de 9 a 10 consejeros si logra persuadir a posibles aliados. El peronismo tiene en esta comisión solo 2 representantes (pero mayoría en el Senado para intentar bloquear la aprobación de pliegos de jueces que generen rechazo). No obstante, el marco de alianzas en esta comisión será “movible”. Hay representantes de abogados y de jueces con distintas terminales y representantes del ámbito político también variopinto.
Se trata de una comisión clave porque es desde la que se conforman las ternas para cubrir los cargos vacantes en el Poder Judicial. Por ejemplo, están vacantes cargos de primera instancia de Comodoro Py y se debe elegir a 2 integrantes del tribunal revisor de esos mismos tribunales para reemplazar a los irregulares Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, puestos a dedo en la Cámara Federal porteña por Macri. También en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal –máxima instancia penal del país- hay 3 vacantes. Por esos cargos pasan las causas políticas más sensibles del país.
“Hay números para que empiece a moverse esta comisión. Podrían activarse todos los concursos. Hay mucho interés”, afirma a El Destape una fuente del Consejo.
Tras casi 5 meses de parálisis, el Consejo de la Magistratura volvió a mover sus engranajes y hay expectativa en el mundo político-judicial por lo que se pueda resolver en torno al 30% de vacantes que existe en tribunales. La incógnita es si el año electoral es el más propicio para lograr consensos. El rechazo de los candidatos del gobierno a la Corte Suprema no parece un buen augurio para el oficialismo.
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