Mientras organizaciones, prestadores, personas con discapacidad y familiares marchaban este martes al Congreso para protestar contra la decisión de Javier Milei de vetar la Emergencia en Discapacidad, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se reunió con representantes de más de 150 instituciones y ratificó el compromiso del Gobierno provincial y del bloque legislativo para sostener la iniciativa y "ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora".
El presidente Milei firmó el veto que declaraba la emergencia para discapacidad, que garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
La decisión del libertario desató una ola de críticas y profundiza la tensión con la administración de Llaryora. Bajo la premisa de "Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal", la reunión fue articulada por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Liliana Montero ante el pedido impulsado por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión).
En el encuentro, el mandatario cordobés reafirmó la postura oficial de los legisladores nacionales de Hacemos Unidos y confirmó que rechazarán el veto. “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”, aseguró el Gobernador ante las agrupaciones que nuclean a las personas con discapacidad.
Además, destacó las políticas activas que impulsa el gobierno provincial: “Aún en esta circunstancia tan difícil, nosotros apoyamos con fondos específicos para potenciar proyectos enfocados en la independencia de personas con discapacidad en materia laboral”. También puso en valor los avances alcanzados por el colectivo en las últimas décadas y sostuvo que hoy se puede hablar que “hubo éxitos en la integración educativa y en el trabajo”.
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Por su parte, la ministra Montero aseguró que “esta convocatoria a los diputados nacionales tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de la provincia de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia". Y señaló que "todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”.
Del encuentro, que se realizó en el Centro Cívico, también participaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes escucharon los planteos del sector, ratificaron el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo conjunto para sostener la ley y revertir el veto presidencial. A su vez, les transmitieron el apoyo expreso en el mismo sentido de parte de sus pares de bancada Juan Fernando Brügge y Natalia De la Sota, que se vieron imposibilitados de asistir.
Representantes de instituciones para personas con discapacidad apuntaron contra Milei: "No tiene impacto fiscal"
A través de sus voceros, las organizaciones presentes dejaron en claro el impacto negativo que tendrá el veto y reclamaron la continuidad de políticas inclusivas. Carolina Armeloni, de Capredis, expresó: “Estamos ante dos caminos: ser un país que tiene políticas públicas que apuestan a las personas con discapacidad o no serlo, como el resto de Latinoamérica”. Asimismo, señaló que “esta ley no tiene impacto fiscal, y si lo tuviera, el Gobierno Nacional debe presentar una propuesta superadora”.
En tanto, Federico Galíndez, integrante de la Fundación Converger, recordó que la actualización de aranceles “implica para el Estado apenas el 0,01% del PBI, un número irrisorio frente a otros temas”. Graficando con distintos ejemplos de aumento de presupuesto en temas como Defensa o la baja de impuestos a sectores con mayores ingresos, se preguntó por qué el déficit fiscal debería cargarse a la discapacidad.
En la misma sintonía, Martín Passini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, advirtió: "Nos están tratando de entrampar con el discurso del equilibrio fiscal, con el discurso como si fuera solamente la discapacidad, el único rubro dentro del presupuesto nacional del cual depende el equilibrio fiscal”. Mientras que por ATI habló Julia Domínguez, que manifestó que “no se trata de generar deuda, sino de saldar una deuda histórica con nuestro sector”.
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