Jueces de la Corte por decreto: jugada audaz de Milei pero con final incierto

El presidente Javier Milei dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar “en comisión” a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Eso está prohibido por la Constitución, que exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.

Milei intenta salir del laberinto en el que lo metieron sus múltiples estafas, desde el lanzamiento de una criptomoneda trucha hasta la manipulación ficticia del dólar para llegar a las elecciones con una inflación dibujada y billetes verdes baratos. Sale por arriba, con una jugada audaz, sin garantía de éxito pero donde puede tener, al igual que en las estafas, una ganancia extraordinaria: si coloca 2 jueces en la Corte se queda automáticamente con el 40% del máximo tribunal en una jugada, a una firma de sacar todos fallos que quiera a su favor. Está apurado por contar con una mayoría automática como su referente, Carlos Menem. Pero no es tan fácil como poner un tuit de una meme coin y utilizar información interna para esquilmar a los que caigan en la trampa.

¿Logrará que asuman? No es fácil. Por un lado, la misma Constitución establece que Lijo y García Mansilla tienen que jurar ante el presidente de la Corte Horacio Rosatti, un opositor feroz a su llegada no por cuestiones éticas ni legales sino de poder. El desembarco de Lijo cambiaría el balance de poder en la Corte ya que, como buen ejemplo del corporativismo judicial, integra la escudería de otro cortesano, Ricardo Lorenzetti, que desea más que nada volver a la presidencia del máximo tribunal. El de García Mansilla todos descartan que implica un alineamiento con el restante cortesano, Carlos Rosenkrantz, ya que en su caso coinciden en provenir de los estudios de abogados de grandes empresas.

En septiembre del año pasado Rosatti se autovotó para quedarse en la presidencia de la Corte hasta el 30 de septiembre de 2027. Tenía que votarse a sí mismo para llegar a 3 votos junto a Rosenkrantz y el ahora jubilado Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti se abstuvo de votar, pero luego difundió que si llegaban nuevos jueces a la Corte había que votar de nuevo. No puede esperar a 2027, por entonces tendrá 72 años y le quedarían apenas 3 años más de cortesano hasta el límite de 75 que marca la Constitución.

Rosatti tendrá que evaluar si se planta frente a esta decisión de Milei. Su propio antecedente le juega un poco en contra y un poco a favor. Él mismo fue designado “en comisión” por Mauricio Macri, algo que aceptó pero finalmente tuvo que pasar por el proceso constitucional y que su pliego lograra los apoyos necesarios en el Senado. Mismo caso fue el de Rosenkrantz. En ese entonces el presidente de la Corte era Lorenzetti, que manejó los tiempos para evitarse el mal trago de rechazar los nombramientos de Macri y luego perdió el control del tribunal en sus manos.

A todo esto, ¿qué dirá Macri? En una inversión de roles, fue Macri y no el peronismo el principal opositor a la llegada de Lijo a la Corte. De nuevo, no por motivos éticos ni legalistas sino personales: Lijo tiene en sus manos la causa penal por el intento de Macri de condonarle la deuda de Correo Argentino con el Estado a su familia mientras era presidente. Un motivo que tenía el peronismo para rechazar a Lijo, que es que en más de 7 años nunca llamó siquiera a indagatoria a Macri, fue finalmente el motivo de Macri para impugnarlo, ya que no le cerró la causa como hicieron otros jueces serviciales. El caso revela la especialidad de Lijo: manejar los tiempos de los expedientes. No se enseña en la facultad de Derecho. Y no es algo que otorgue idoneidad para llegar a la Corte.

El texto difundido por el gobierno dice que el Senado “debió prestar acuerdo” a las candidaturas de Lijo y García Mansilla, como si fuera una obligación. Eso es falso. La Constitución establece como requisito el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes a la hora de votar, nunca dice que estén obligados a aceptar la propuesta presidencial.

“Es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, afirma el comunicado del gobierno.

Lo único cierto de ese párrafo es que el Senado puede aceptar o rechazar las postulaciones. No ocurrió ni una ni otra: simplemente los pliegos no llegaron al recinto pese a las intensas negociaciones que incluían gestos de acuerdo con sectores del peronismo. Las audiencias de ambos candidatos estuvieron lejos de demostrar su “idoneidad”, aún con el paso cómodo que tuvieron ante las casi nulas preguntas que le hizo la oposición.

Hay un punto importante en el comunicado del gobierno y es que afirman que dejan los pliegos de Lijo y García Mansilla en el Senado. No los retiran. Eso significa que los senadores pueden tratar sus pliegos y rechazarlos, tarea que depende de los bloques del peronismo. Si rechazan el pliego las designaciones “en comisión” deberían caer al instante.

Milei alega que “la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado”, en alusión a que supuestamente la Corte no puede funcionar solo con 3 de sus 5 integrantes en funciones. Es cierto que para emitir un fallo hacen falta 3 votos coincidentes, pero es falso que eso bloquee el funcionamiento del máximo tribunal. La ley prevé que en caso de que no se pongan de acuerdo se convoque a conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. También que como segunda instancia se pueden convocar otros conjueces por fuera del Poder Judicial, un listado que el gobierno tendría también que enviar al Senado para que lo apruebe.

La propia Corte firmó una Acordada el año pasado donde estableció sus criterios para funcionar con 3 miembros. Fue un anticipo de esto e incluso tenía puntos flojos. La Corte no define los casos por orden de llegada sino por decisión de su presidente, que es quien los pone o no a discusión. Pero lo cierto es que ya se preparaban para esta situación y las leyes establecen que la Corte puede funcionar sin problemas con 3 integrantes.

Lijo ya hizo saber que pedirá licencia de su cargo en el Juzgado N°4 de Comodoro Py. Está tan desesperado de llegar a la Corte como precavido de tener un puesto si toda esta maniobra falla. Hay que ver si sus superiores de la Cámara Federal consienten esa licencia o lo obligan a apostar por el nuevo cargo y renunciar. García Mansilla debe dejar su cómodo lugar en el sector privado para cobrar un sueldo público, alto pero seguro bien lejos de lo que embolsa como patrocinante de grandes empresas, en especial del sector de hidrocarburos.

En el comunicado de la Oficina del Presidente dice que Milei es “quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”. La idoneidad no es lo que los caracteriza.

Lijo lleva 20 años de tropelías en Comodoro Py. Por su edad, si llega a la Corte tiene para 20 años más de tropelías pero en el máximo tribunal del país. Pero ya con las dos décadas de juez de primera instancia sobran motivos para argumentar y votar contra su postulación. Entre otros:

• Fue quien aplicó la Doctrina Irurzun para detener a ex vicepresidente Amado Boudou, momento célebre ya que se ocupó junto a la entonces y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich de filtrar una foto del acusado en pijama.
• Balcanizó la causa Ciccone para lograr una rápida condena contra Boudou mientras protegía a Jorge Brito y Raúl Moneta, y fue parte del operativo que culminó con el testimonio pago de Alejandro Vandenbroele con la que lograron la condena al ex vicepresidente a cambio de un hotel boutique pagado por el macrismo
• El Destape reveló los llamados de Lijo con el director de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano mientras armaban causas desde la casa de los espías
• Intervino en la causa AMIA, en un tramo llamado “residual” donde tenía que investigar a Carlos Vladimiro Corach, empleados del juez Juan José Galeano y otros imputados. Ante la falta de avance Lijo fue apartado en 2016 y la investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
• Fue el responsable de pinchar el celular del senador Oscar Parrilli para que luego se filtraran las conversaciones con CFK desde la oficina de escuchas que diseñó junto a Lorenzetti y otros jueces de Comodoro Py.
• Le hizo un guiño a Clarín: fue quien avanzó contra Martin Sabbatella por la aplicación de oficio de la Ley de Medios audiovisuales contar el holding que comanda Héctor Magnetto

En una nota en El Destape, Franco Mizrahi resumió quién es García Mansilla. Es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y profesor de derecho constitucional. Se presenta como “Especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario”. Recién el año pasado obtuvo el título de doctor en Derecho. Fue abogado en grandes estudios de la city porteña, como Marval, O'Farrell & Mairal y Liendo & Castiñeyras Abogados, y reúne diversas características que lo hacen muy valorable para Milei:

• A diferencia del presidente de la Corte Horacio Rosatti, considera que una dolarización es constitucional.
• Está en contra del aborto legal.
• Escribió diversas columnas en La Nación donde cuestionó el juicio político a la Corte y defendió el desplazamiento de la entonces jueza Ana Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal (le dedicó más de una nota en el matutino porteño a este suceso, que fue un movimiento clave en la persecución judicial contra CFK ya que tras este apartamiento de Figueroa se allanó el camino para la reapertura de las causas Hotesur y Memorándum con Irán).
• Es parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que según él mismo expuso en una audiencia pública para defender el tarifazo del gas durante el macrismo (en 2016), nuclea a una treintena de empresas del sector, entre firmas nacionales e internacionales. Para comprender a quiénes respalda: en mayo del año pasado fue electo presidente de esa cámara petrolera Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol, que pertenece al Grupo Techint. Otras empresas que integran la entidad son  YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, para citar solo unos ejemplos. En su CV, García Mansilla destaca que está vinculado a esa cámara desde 2014.

En la comisión de Acuerdos la senadora Anabel Fernández Sagasti le preguntó a García Mansilla sí, en una situación hipotética, ser designado “en comisión” no pondría en juego su independencia. García-Mansilla contestó: “En el caso hipotético que usted me esta planteando podría ser el caso que un juez designado en comisión que tuviera una cierta falta de independencia. Me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo puede designar jueces en comisión y que fallen en favor de los intereses del Poder Ejecutivo aún cuando entren a la Corte aún en el plazo corto de un año. Sí, es posible”. A confesión de parte...