El presidente Javier Milei decidió no judicializar el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero tampoco la aplicará en los términos que establece el Congreso. Según adelantó El Destape, el Gobierno dilata la reglamentación y pretende diluir el alcance de la norma para dejar en manos de prestadores y pacientes la carga de judicializar su cumplimiento.
Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el Poder Ejecutivo no va a cumplir con la normativa y pese a que la misma es clara en sus alcances respecto a regularización de deudas y actualización de aranceles, la determinación de aplicarla de forma parcial o directamente no hacerlo pretende dejar un vacío legal que termine en una judicialización aunque no tendrá a la Casa Rosada como impulsora.
Estrategia de desgaste del gobierno de Javier Milei
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La ley fue aprobada por Diputados y Senado y el veto presidencial quedó definitivamente rechazado el 4 de septiembre. Sin embargo, el Ejecutivo demora su reglamentación. En el Congreso, legisladores de distintos bloques exigen su aplicación inmediata y amenazan con impulsar una moción contra el ministro Guillermo Francos si no se avanza.
Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Discapacidad, advirtió que la ley debería estar vigente esta semana. Pero no hay señales en el Boletín Oficial. Desde Casa Rosada, un funcionario respondió con cinismo: “Si es de imposible aplicación, es de imposible aplicación. Que vayan y lo echen a Francos”.
Por su parte, el Gobierno se escuda en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley fuera del Presupuesto explicite su fuente de financiamiento. En Balcarce 50 afirman que la norma no cumple con ese requisito, aunque el Congreso ya estimó su impacto fiscal entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Mientras tanto, circula la versión de una “aplicación parcial” que dejaría sin efecto varios puntos clave. El costo político de enfrentarse al colectivo de personas con discapacidad fue alto, especialmente tras el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Una trampa reglamentaria de Milei a la ley de Discapacidad
La maniobra oficial apunta a reglamentar la ley de forma tal que su aplicación sea judicializada por los propios afectados. Prestadores, pacientes y familiares deberán litigar para acceder a derechos ya reconocidos por el Congreso. El Gobierno no irá a la Justicia, pero empuja a otros a hacerlo. La emergencia en discapacidad fue declarada por el Poder Legislativo. El Ejecutivo, en cambio, parece decidido a convertirla en una emergencia institucional.
Qué establece la ley que Milei vetó
La Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta diciembre de 2027, contempla:
- Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para prestadores
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas
- Auditorías y mejora de la base de datos de ANDIS
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- Transparencia en la ejecución presupuestaria
- Compensaciones económicas para talleres y centros de día
- Cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público
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