El personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó tres sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la empresa Suizo Argentina en el marco de la causa de los audios que destaparon un escándalo de supuestas coimas entre el gobierno nacional y la droguería.
Según pudo reconstruir El Destape, los allanamientos se realizaban por orden del juez federal Sebastián Casanello en tres sedes de la Andis que se ubican en las calles Ramsay, Irigoyen y Avenida Rivadavia. Los operativos ocurren luego de que se dieran a conocer audios del entonces titular de la Andis Diego Spaugnolo reconociento que se exigía el pago de coimas a laboratorios para garantizar que se queden con la venta de medicamentos al Estado.
Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal los nombres de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales.
El presidente Javier Milei negó que lo que plantea Spagnuolo sea real y adelantó que lo denunciará ante la Justicia. La gran incógnita es que hará Spagnuolo: negará el contenido, se acojerá a la figura del arrepentido o intentará proteger al círculo íntimo del jefe de Estado que involucran los audios entre ellos Karina Milei y Lule Menem.
Ordenan levantar secreto fiscal y bancario de todos los involucrados en la investigación
El juez federal Sebastián Casanello levantó hoy el secreto bancario y fiscal de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Jonathan y Emannuel Kovalivker y del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal federal Franco Picardi, en la parte de la investigación que intenta rastrear la ruta del dinero de eventuales pagos de sobornos, informaron fuentes judiciales.
Se busca dar con movimientos de dinero que no tengan justificación y para ello se libraron oficios a ARCA y al Banco Central, entre otros organismos.
La medida se sumó a la orden de bloquear a todos los investigados eventuales ingresos a cajas de seguridad que puedan poseer en entidades bancarias mientras rige en la causa el secreto de sumario.
Al allanarse las viviendas de los Kovalivker en Nordelta, los investigadores secuestraron 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos en el auto de uno de los hermanos mientras que en la casa del otro encontraron cajas fuertes abiertas, como si se hubieran vaciado a las apuradas ante la inminencia del procedimiento policial.
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