En medio de la delicada situación que atraviesa el sistema de salud, el gobierno nacional declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo y Afines (OSPIF) y a la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut (OSTPyGP Chubut) e intimó a las entidades a entregar un plan de contingencia "en un plazo no superior a 15 días contados a partir de la notificación".
A través de la Resoluciones 174/2025 y 175/2025 publicadas este lunes en el Boletín Oficial. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) determinó que las entidades “se encuentran en situación de crisis por presentar -al 31 de agosto de 2024- un factor de criticidad superior al valor límite”, que es de 65 puntos, según marcan las normativas vigentes.
Esto se traduce en lo que enfrentan muchos afiliados, que sufren cortes de servicios y demoras en las entregas de medicamentos. Entre las falencias se registraron falta de "grado de cumplimiento" en "aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario".
“Facúltase a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, para efectuar el seguimiento del trámite”, dispuso el Ejecutivo. De esta manera, el plan deberá incluir metas trimestrales de mejora en los indicadores evaluados y un conjunto de acciones concretas para regularizar su funcionamiento.
No obstante, aclararon que “se podrá interponer un recurso de reconsideración y/o recurso de alzada dentro de los 20 y 30 días, respectivamente, contados desde la notificación de la presente; o la acción judicial pertinente, conforme el Decreto Nº 1759/1972 y su modificatorio a elección del interesado”.
Salud: el gobierno de Milei interviene las obras sociales
Las resoluciones publicadas llegan en un marco donde el presidente Javier Milei lanzó una serie de ofensivas contra estructuras gremiales. A fines de octubre pasado, la Superintendencia de Salud intervino Osprera y decidió destituir al Consejo Directivo, que había asumido en julio, luego de 15 meses de intervención judicial. Desde entonces, versiones periodísticas dieron cuenta de reclamos, pedidos y denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y la entrega de medicamentos, entre los que hay remedios de alto costo necesarios para pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia.
Según trascendió, existen denuncias en la localidad bonaerense de San Nicolás por un paciente al que se le interrumpió la medicación, en Río Cuarto, Córdoba, por un afiliado que está esperando una prótesis para un cirugía de cadera; y en Salta, por una niña con cáncer a la que se le interrumpió su tratamiento. También un sector de anestesistas, de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba (Adaarc), advirtieron que dejarán de prestar servicio por falta de insumos.
A comienzos de noviembre, la Cámara del Trabajo dejó sin efecto la intervención que había dispuesto el Gobierno sobre la Obra Social del Personal Mosaísta (OSPM) tras denunciar supuestas irregularidades en una auditoría realizada por el Ministerio de Salud. La misma operatoria que implementó en la OSPM, el Ejecutivo decidió extenderla, con pocas semanas de diferencia, en otras obras sociales como la de Ladrilleros, la de Vareadores y la de la actividad del Ladrillo a Máquina.
Cerrar sesión