La Justicia desestimó el recurso de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano y rechazó el intento de desalojo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de las oficinas que comparte con la Obra Social del Personal Rural y Estibador de la República Argentina (OSPRERA).
El pasado 2 de julio, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo que prohíbe al interventor de la OSPRERA, Marcelo Petrera, y al Poder Ejecutivo Nacional llevar a cabo cualquier medida destinada a desalojar, impedir el ingreso o restringir el uso normal, habitual y pacífico de las sedes sindicales de UATRE, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y cualquier otro local sindical en el país que sea propiedad de la obra social, hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El fallo, firmado por los jueces Carlos Pose, Gabriel Vázquez y Manuel Diez Selva, reafirma la histórica vinculación entre UATRE y OSPRERA. La decisión judicial se da dos días después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazara la intervención del sindicato.
En abril de 2025, los tres jueces de la Cámara ya habían desestimado por unanimidad un primer intento de intervención. Ahora, con fecha 1 de julio de 2025, la misma Cámara volvió a pronunciarse de manera unánime, desechando un nuevo recurso presentado por el Gobierno.
"Esta resolución reafirma el compromiso de la Justicia con la defensa de la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a una representación gremial autónoma. Este doble revés judicial representa un hito en la lucha de UATRE por proteger su independencia y los derechos de los trabajadores rurales y estibadores. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar la defensa de nuestra organización y los intereses de nuestros afiliados", sostuvo un comunicado del gremio que lidera José Voytenco.
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En mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar una queja interpuesta por el dirigente de UATRE La Plata Marcelo Andrada y confirmó la incompetencia del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para intervenir en una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Voytenco.
El tribunal, integrado por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, sostuvo que no había una “sentencia definitiva” y que Andrada “no logró refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad”, en línea con lo resuelto previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Sin embargo, casi en simultáneo, Voytenco quedó nuevamente en la mira de la Justicia. En las últimas horas, el Juzgado Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, recibió una denuncia penal contra el titular de UATRE y todo su secretariado por presunto desvío de millones de dólares de fondos sindicales y por posibles maniobras de lavado de dinero.
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