El Ministerio de Seguridad denunció este lunes al juez Andrés Gallardo, quien había resuelto que la Policía de la Ciudad se haga cargo del operativo de seguridad de la marcha de jubilados del próximo miércoles, a la que se sumó la Confederación General del Trabajo (CGT) previo al paro general del jueves. En este marco, jueces y juezas de la Corte repudiaron la presentación de la ministra y afirmó que esta denuncia "representa una conducta de hostigamiento y persecución".
"El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2, por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", comenzó el comunicado del Ministerio de Seguridad.
La cartera que conduce Patricia Bullrich siguió: "La presentación se basa en la reciente decisión del magistrado de aceptar una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN, que solicitaba impedir la intervención de fuerzas federales en una manifestación prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional. Según el Ministerio, la demanda se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial real que habilitara la competencia del juez".
El Ministerio de Seguridad consideró que el juez Gallardo "ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir", "habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés" y "ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de actuar en el territorio porteño, más allá de los denominados 'intereses federales'".
"El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional. Por estos motivos, se solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirma en la presentación, vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas", concluyó el comunicado.
Rechazo de jueces y juezas a la denuncia de Bullrich
En este marco, desde el Comité Panamericano de Jueces y Juezas (COPAJU) Capítulo Argentina expresó ante la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Karina Leguizamón, "su más enérgico rechazo a la denuncia formulada por la ministra Bullrich contra el juez Roberto Andrés Gallardo con motivo de su cautelar sobre la autonomía de CABA en seguridad pública". El Capítulo Argentina señaló que esta denuncia "representa una conducta de hostigamiento y persecución de una funcionaria del PEN contra el nombrado juez, con motivo de una decisión judicial adoptada en el marco de sus competencias".
La nota agrega que "este tipo de denuncias -dogmáticas e infundadas- solo buscan debilitar la autonomía e independencia de los jueces, quienes están llamados a responder a la garantía de derechos de los ciudadanos y el propósito de la paz para el bien común". Luego de detallar otros argumentos y concluir que "el magistrado no ha hecho más que ordenar lo que la ley manda", COPAJU Argentina solicitó al Consejo de la Magistratura de CABA que rechace in limine la denuncia formulada por la ministra contra el juez Gallardo.
El fallo del juez Gallardo sobre la marcha de jubilados
El pasado domingo, el juez de primera instancia ordenó al Ministerio de Seguridad que "en el contexto de la movilización masiva convocada para el próximo miércoles" se "abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Así, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "despliegue, organice, planifique y ejecute –todo de manera autónoma–, el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan a tal convocatoria".
"La cautelar resuelta por la Justicia, planteando que las fuerzas federales al comando de la Ministra se abstengan de violar la autonomía de la Ciudad y de transponer el perímetro del Congreso, señalando además que el protocolo anticonstitucional de la Ministra no tiene adhesión del distrito, no es una garantía para nosotros, pero es un golpe a quién ha convalidado miércoles a miércoles la conducta brutal de las fuerzas de seguridad a su cargo, incluso la conducta criminal que produjo la grave lesión de Pablo Grillo y la jubilada Bianco de 87 años", expresó tras la resolución Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que está todos los miércoles frente al anexo del Congreso.
Biaggio exigió "que no haya represión alguna, tanto al Gobierno nacional como al de la Ciudad" y añadió: "Exigimos que se atiendan nuestros reclamos: aumento de emergencia a la canasta básica de la Tercera Edad para la mínima, ley de restitución de moratoria y devolución de la gratuidad de los remedios, además de rechazar toda reforma previsional contra los jubilados. Pedimos a todo el pueblo trabajador el apoyo y saludamos aquellos gremios que hay resuelto paro activo desde las 12hs del miércoles para acompañar nuestra movilización. Sólo un plan de lucha podrá derrotar esta política de hambre".
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