El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral la causa que investiga al dirigente social Eduardo Belliboni por los delitos de "administración fraudulenta" y "amenazas y extorsión" a beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. El magstrado dio por cerrada la instrucción en la que el líder del Polo Obrero junto a otros 17 procesados son acusados por defraudar al Estado en el manejo de fondos públicos. Tras esta decisión se espera conocer cuál será el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que intervendrá.
En el pedido de elevación a juicio oral, el fiscal Gerardo Pollicita indicó que la maniobra por la que fueron procesados los implicados tenía que ver con ofrecimiento de ingresar al Potenciar Trabajo bajo el compromiso de asistir a movilizaciones piqueteras. Este compromiso implicaba la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.
Pollicita señaló que se trataba de "una compleja matriz delictiva" que operó, al menos, entre junio de 2020 y marzo de 2024. A Belliboni lo acusó de ser la cabeza de una estructura a través de la cual extorsionó "a miles de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica" que percibían dicho plan socual o aspiraban a ello.
Desde la defensa aseguraron a El Destape que la decisión de Casanello "confirma todo el irregular, ilegal y violatorio" derecho a la defensa durante el proceso y apuntan al momento en que eligió para la elevación ya que ocurre en la previa a la marcha de jubilados en reclamo de la continuidad de la moratoria y un día antes del paro general de la CGT. "Muestra el carácter político de todo el proceso", señalaron cerca de Belliboni. Y apuntaron directamente al gobierno nacional: "Es una persecusión política descarada impulsada por el gobierno Bullrich y Pettovello".
Además de Belliboni, también irán a juicio oral María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
Fuentes judiciales que accedieron a la resolución explicaron que el juez rechazó los planteos de la defensa para impedir la elevación a juicio oral ya que consideró que esos argumentos no voltearon la hipótesis delictiva sostenida por los acusadores. Por ello, consideró que la prueba reunida era suficiente para acreditar los ilícitos investigados como también la intervención de las personas imputadas.
La causa se inició en el cierre del 2023, justo cuando arrancaba el gobierno de Javier Milei, y luego de una campaña que difundió el Ministerio de Seguridad para que se denuncien posibles amenazas para asistir a marchas. En la investigación se determinó que una parte de los 361.087.500 de pesos que recibió el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor para distintos proyectos fueron "administrados indebidamente". Las querellas que impulsaron la denuncia son la Oficina Anticorrupción, la Fundación Poder Ciudadano y la Unidad de Información Financiera.
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