En medio del conflicto en la salud pública y de su endurecimiento de la política migratoria, el gobierno de Javier Milei dispuso este jueves suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen, exclusivamente, para los postulantes que hayan obtenido 86 puntos o más en los exámenes de residencias médicas realizados el 1°de julio. El Ejecutivo apuntó especialmente a los extranjeros.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que, a raíz de una investigación “que relevó resultados sospechosos en el examen de aspirantes a residencias médicas incongruentes con los antecedentes académicos de sus universidades y con sus promedios de carrera”, se dispuso esta medida que "alcanza a 268 postulantes, de los cuales 149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119 de universidades nacionales".
“El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales, que obligaron a revisar el proceso completo. Usualmente, un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen”, señaló el portavoz oficial en su conferencia de prensa de este jueves. En total, fueron 10.225 postulantes que se presentaron en 28 sedes del país hace tres semanas y la mayoría que alcanzaron una nota por encima de este promedio fueron extranjeros.
Sobre las sospechas de irregularidades en más de 250 pruebas, Adorni sostuvo que en el ranking “aparecen notas sospechosas” con puntajes “mayores a 90”, obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, “cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos”. En esa línea, calificó a esta situación de “llamativa” porque ocurre en el mismo año en que la cartera de Salud “corrigió una injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quiénes lo hicieron en las universidades extranjeras”, otorgándoles cinco puntos adicionales a quienes estudiaron en universidades nacionales.
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Entre los postulantes de países con mayor participación figuran 1.045 de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú, de acuerdo con los registros oficiales. Luego de conocer los resultados, el vocero adelantó que Migraciones está “cruzando información” con los datos de los postulantes para comprobar si efectivamente hubo irregularidades en el proceso y sumó que se comprobará la documentación presentada para la obtención del DNI para residir dentro del territorio nacional.
“El Ministerio de Salud dará a conocer el nuevo cronograma. El objetivo es resolver esta situación con la mayor celeridad posible para que los aspirantes puedan incorporarse al sistema en septiembre, tal como estaba estipulado”, aseguró con respecto al nuevo examen que deberán rendir los estudiantes bajo sospecha.
Y aseguró: “Este Gobierno trabajó para garantizar una salud pública de calidad y defiende el mérito como principio rector. Queremos a los mejores profesionales, no a los que quieren avanzar mediante trampas. Por eso vamos a ir a fondo contra quienes buscaron sacar ventaja en el marco de los cambios que se están impulsando desde el Ministerio. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
Advierten que hay clínicas al borde del cierre por "judicialización descontrolada"
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) reveló en un reciente informe que el sistema de salud argentino enfrenta una judicialización que pone en riesgo el servicio sanitario. Allí, marcaron que la proliferación de litigios está llevando al borde del colapso a numerosas clínicas y prestadores, con riesgo de cierres inminentes en todo el país.
Según el relevamiento, las guardias e internaciones clínicas —de las que dependen más del 65 % de los argentinos— están seriamente comprometidas por la escalada de demandas laborales y por mala praxis, muchas de ellas con indemnizaciones millonarias calculadas en dólares. Desde CAPRESS advierten que este fenómeno no solo pone en jaque la viabilidad económica de los prestadores, sino que también genera un clima de inseguridad jurídica que desalienta la práctica médica.
“El sistema de salud argentino –público y privado– se encuentra en una situación crítica, no solo por razones presupuestarias o de gestión, sino por un fenómeno mucho más profundo y corrosivo: la judicialización descontrolada”, expresa el informe. Y agrega: “La proliferación de litigios laborales y denuncias por mala praxis, incentivada por interpretaciones judiciales arbitrarias, está generando una crisis de sostenibilidad que amenaza con desmantelar la estructura sanitaria del país”.
Frente a este escenario, la entidad propone una intervención legislativa urgente. En particular, impulsa la creación de una ley nacional que establezca un marco regulatorio específico para el sector. Entre los principales puntos destacan la creación de una Comisión Técnica Nacional de Evaluación de Responsabilidad Profesional Médica con dictámenes vinculantes previos a toda acción judicial, la regulación diferenciada de los vínculos laborales en salud, límites legales a la actualización de indemnizaciones según la capacidad económica del prestador y mecanismos contra el litigio temerario.
Además, CAPRESS plantea la necesidad de declarar al sistema de salud como un sector esencial y estratégico, con protección reforzada frente a medidas judiciales que puedan afectar servicios críticos. Con esta advertencia, el sector busca abrir un canal de diálogo urgente con los poderes del Estado.
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