La justicia frenó parte del decreto de Javier Milei que elimina el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El Juzgado Federal de Pehuajó resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a vecinos de barrios populares.
La decisión judicial suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025 que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el FISU. Según se explicó, el gobierno de Milei solo podrá disponer de los fondos del fondo para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines.
Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.
El Decreto 312/2025, firmado a comienzos de mayo por Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: "Disuélvese el fideicomiso de administración y financiero denominado 'FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA' (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019".
En febrero de 2024, el Presidente había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del FISU, administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.
Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.
Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.
El fondo recibía fondos del impuesto país y del aporte extraordinario a las grandes fortunas, entre otros ingresos, y estaban destinados a la realización de obras de infraestructura en los barrios populares de Argentina, para garantizar el acceso a servicios básicos como agua, luz, gas, cloacas, pavimentos, etc. Son más de 5 millones de familias que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina y necesitan de esas obras para tener acceso a servicios básicos y para, entre otras cosas, no inundarse, como se vio el último fin de semana.
Un año atrás, el gobierno comenzó con una campaña de desprestigio y estigmatización contra la política pública y las cooperativas de trabajadores que ejecutaban algunas de las obras, tal como lo establecía la ley. Pero las auditorías sobre la gestión del FISU dieron bien, no se registraron irregularidades ni malversación.
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