Cancelar la prepaga, dejar de juntarte con amigos, cortar suscripciones: el lado B de los jóvenes en Argentina para poder alquilar

El alquiler dejó de ser el tránsito hacia la independencia para convertirse en un punto de llegada. En la Argentina del siglo XXI, y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, los más jóvenes ya no imaginan el futuro como una línea recta que va de la casa familiar a la emancipación y, de allí, a la propiedad. Ese camino de la autonomización, que históricamente fue estudiar, trabajar, mudarse, armar un hogar propio, iniciar una familia, se fue resquebrajando ininterrumpidamente durante los últimos 25 años y lo que antes era un escalón en el ascenso social hoy se transformó en un método de supervivencia permanente.

Para cada nueva generación las dificultades no sólo aumentan, sino que se multiplican y complejizan: desocupación, informalidad laboral, salarios que no alcanzan, alquileres que suben por encima de la inflación, contratos con requisitos imposibles, la falta de créditos hipotecarios y un estado que, bajo los gobiernos de Macri y luego Milei, decidió retirarse por completo y dejar el derecho a la vivienda a merced de los vaivenes del mercado. La casa propia ya no parece ser un proyecto ni meta a futuro alcanzable: es un sueño improbable, un golpe de suerte, un premio de lotería. Y en ese escenario se advierte un proceso de inquilinización juvenil por el cual ya no se heredan propiedades sino la imposibilidad de tenerlas.

Alquilar o ser feliz

El crecimiento del número de inquilinos es un fenómeno que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional. Según el informe de “Escucha Urbana: el limbo de los inquilinos jóvenes”, elaborado por el Instituto de Desafíos Urbanos Futuros (IDUF), en Argentina quienes alquilan pasaron del 16% en 2010 al 21% en 2022, fenómeno que alcanza su máximo esplendor en la Ciudad de Buenos Aires donde, en el mismo período, los inquilinos pasaron del 30% al 37%.

Para dar cuenta de cómo se vive el proceso de emancipación residencial de dicho grupo etario, la investigación conjuga testimonios extraídos de grupos focales realizados en 2025 con jóvenes de 18 a 30 años que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “con un nivel socioeconómico C amplio y una distribución geográfica equilibrada”. Para ilustrar con mayor precisión desde el Instituto crearon el Índice de Emancipación (IDE) que es un indicador de la relación entre los valores promedio de los alquileres de departamentos y los salarios promedio de los jóvenes. Manuel Socias, politólogo, ex legislador porteño, y director del IDUF, explica que este índice identifica “qué posibilidades reales tienen los jóvenes que tienen trabajo formal, o sea, los privilegiados, de emanciparse, es decir, abandonar su hogar familiar e iniciar su emancipación residencial”.

Lo primero que advierte el informe es que, para este grupo etario, el peso del alquiler sobre el salario es un verdadero problema: alquilar un monoambiente en CABA consume más del 50% de su salario formal, y en algunos casos llega al 70%, superando con creces el umbral aceptable de asequibilidad a nivel mundial (la relación entre ingresos y alquiler) que es del 30%.

La ecuación no deja margen para gastar en otra cosa: el alquiler se come el sueldo y la emancipación se vuelve una suerte de sacrificio constante que muchos prefieren evitar o postergar para mantener ciertos hábitos o consumos. Los jóvenes que sí logran mudarse, según detalla el texto de Escucha Urbana, lo hacen a costa de ajustar gastos en salud, esparcimiento, vínculos y formación. En los relatos cuentan que deben cancelar la prepaga, dejar el gimnasio, dejar de salir, cortar suscripciones, o limitar encuentros con amigos. Paradójicamente, la emancipación, entonces, se experimenta como pérdida de calidad de vida, un fenómeno que posterga proyectos vitales en lugar de impulsarlos.

En ese marco, explica el estudio, se ponen en marcha diferentes estrategias. La primera es la convivencia, en pareja o con amigos, como forma de repartir los gastos. Muchos jóvenes deciden convivir en pareja, no como elección afectiva sino como estrategia de supervivencia para dividir gastos y, con dos salarios, poder sostener un alquiler que en solitario sería imposible. El Índice de Emancipación muestra que un monoambiente en CABA demanda el 52% del sueldo joven, mientras que un dos ambientes en pareja representa el 35% de dos salarios. Pero la convivencia forzada no siempre resulta, y en ese sentido, el informe recupera testimonios de experiencias colectivas fallidas o problemáticas: grupos numerosos de personas compartiendo un mismo departamento, vínculos desgastados, y conflictos cotidianos.

La segunda estrategia que surge es apelar a redes familiares o sociales para conseguir una vivienda y no morir en medio de la burocracia. La red de contactos no solo facilita el momento inicial de la búsqueda sino también permite evitar requisitos formales inabarcables o los contratos abusivos que imponen las inmobiliarias o portales digitales. En último lugar, cuando esa red no existe, las alternativas se reducen a aceptar contratos abusivos con depósitos en dólares o, en caso de no cumplir los requisitos del mercado formal,  vivir solos pero en habitaciones, hoteles familiares, pensiones, en condiciones precarias y sin privacidad.

“Son las redes familiares y sociales las que le permiten elaborar estrategias. Estas son: comparten gastos con una pareja, con amigos; van al departamento que dejó libre una tía, una abuela, un padre, etcétera -explica Socias- el principal amortiguador de la crisis habitacional son las familias”. Tal como sucede con las tareas de cuidado, en el problema habitacional son las familias las que gestionan las fallas del mercado y del Estado. “Las políticas públicas alrededor del tema se enfocan solamente en la mitad formal y omiten, dan por zanjado y resuelto, el esfuerzo que están haciendo las familias, que redunda en una tensión hacia adentro. Se da por sentado que la familia tiene que resolver algo que ni el Estado, ni el mercado logran resolver”, agrega.

El peso de la herencia

Uno de los hallazgos más interesantes del informe es el dato que muestra que la mitad de los jóvenes inquilinos son hijos de inquilinos, lo que marca un quiebre respecto a generaciones anteriores que pudieron convertirse en propietarios. Ese punto es el más paradigmático ya que advierte que la situación que alguna vez fue pensado como un tránsito -alquilar hasta juntar el dinero para comprar - se ha transformado en una herencia social. En lugar de dejarles una casa, los padres transmiten a sus hijos la misma condición de inquilinos y la imposibilidad de progresar.

Lo que se registra es una brecha o “embudo generacional”, en el sentido que los jóvenes perciben que a sus padres y abuelos les resultaba más sencillo acceder a una casa, un terreno, con un trabajo y un salario. En los focus de Escucha Urbana los jóvenes reconstruyen la genealogía de sus familias y ellos aparecen como la generación más perjudicada. Este proceso de desposesión familiar es también una forma de ruptura del contrato social. Si el trabajo ya no garantiza vivienda, cabe preguntarse qué horizonte queda para los jóvenes que se esfuerzan a diario. La promesa meritocrática de “esfuerzo y progreso” se revela como una promesa que no tiene correlato en la realidad material y lo que prima son las condiciones de herencia.

Milei y la desprotección deliberada

El gobierno de Javier Milei profundizó este fenómeno con la derogación de la ley de alquileres y la decisión de retirarse de toda política habitacional que consolidó un mercado inmobiliario sin regulaciones. Las reglas las imponen quienes poseen propiedades, quienes forman parte del negocio inmobiliario o se dedican a la especulación financiera, y las sufren quienes necesitan un techo y su única propiedad a disposición es un salario, un ingreso que cada día se deprecia más. En nombre de la “libertad” el gobierno dio por tierra con un derecho básico y lo único que se expandió fue la arbitrariedad y el abuso a través de contratos informales, aumentos discrecionales, y desalojos económicos.

Según datos del INDEC, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 los alquileres en el Gran Buenos Aires aumentaron un 45% en términos reales. No se trata de inflación nominal: son precios que subieron muy por encima del resto de los bienes y servicios. En el caso de los jóvenes, que destinan ya la mitad o más de su salario a pagar el alquiler, este incremento significó la imposibilidad práctica de proyectar una mudanza y el inicio de un proyecto de vida autónomo. En términos de la narrativa oficial, el gobierno supo interpretar el deseo de independencia construido por la cultura del capital financiero en la que cada individuo es responsable y libre de elegir dónde y cómo vivir. Pero en la realidad concreta, en la que el alquiler se devora los ingresos y las ciudades son cada vez más inaccesibles y  expulsivas, esa libertad es la libertad para morirse de hambre o vivir en la calle.

La dependencia habitacional, la deuda, la precariedad, son elementos centrales de un mecanismo de disciplinamiento y control que produce sujetos vulnerables. Un joven que destina la mayor parte de su sueldo a pagar el alquiler difícilmente pueda proyectar un futuro, organizar una familia, o desplegar una vida política activa. La individualización de los problemas se convierte en una herramienta de dominación silenciosa.

El sueño del ladrillo propio

A pesar de todo, el sueño de la casa propia sigue presente en los relatos, elemento central de la identidad de clase media asumida por la sociedad argentina, aunque ya no como proyecto posible, sino como una forma de pensamiento mágico, casi milagroso. Cuando se les pregunta a los entrevistados qué harían con 100 mil dólares, todos responden lo mismo: comprarían una casa. El techo propio mantiene su fuerza simbólica como sinónimo de estabilidad y futuro, pero ya no se piensa como aspiración alcanzable a partir del trabajo, sino como fruto del azar, de un golpe de suerte, una herencia improbable o una ayuda externa. El deseo persiste, pero la esperanza desapareció, y eso debería traducirse en un problema político.

La inquilinización juvenil es parte de un profundo retroceso social, y significa que los proyectos de vida de las nuevas generaciones quedan suspendidos o atados a un presente absoluto, que la autonomía se posterga indefinidamente, y que muchas decisiones vitales, materiales o afectivas, dependen de un alquiler. Es también un modo de despolitizar a la juventud: quien vive en el límite no tiene tiempo o energía para otra cosa que no sea sobrevivir, y quien no puede proyectar ni pensar en construir futuro , a pesar del esfuerzo personal, suele desencantarse y distanciarse de lo colectivo. El modelo de sociedad que condensa Milei, al destruir el rol estatal, consolida la profecía autocumplida: la inquilinización erosiona la autonomía personal, debilita los lazos comunitarios y convierte a la juventud en una generación en suspenso. Recuperar el derecho a la vivienda como derecho ciudadano, y no como mercancía, es una condición urgente para reconstruir la idea misma de futuro.

La necesidad de políticas públicas de alquiler

Los proyectos de vida de las personas quedan así en manos del mercado. Por eso se necesitan políticas públicas de vivienda activas, de desarrollos urbanos, con crédito accesible, regulación de alquileres y programas específicos para acompañar a los jóvenes inquilinos, porque es allí donde se define no solo el presente sino también el futuro político y social del país. El objetivo debe ser reconstruir la promesa de que en la Argentina el esfuerzo y el trabajo pueden traducirse en un hogar y en una vida con horizonte.

Ante esta demanda, el peronismo, que históricamente se identificó con la expansión de derechos y la movilidad social ascendente, tiene un desafío central: asumir la problemática habitacional de la juventud como propia, ponerla en el corazón de su programa, y adaptar sus convicciones al siglo XXI. “Al peronismo le cuesta porque está atrapado en el imaginario de la vivienda en propiedad, que fue el ordenador de todas las políticas desde la construcción hasta los créditos hipotecarios - advierte el ex legislador-  el alquiler siempre fue considerado, para la cosmovisión peronista, una suerte de estatus degradado de tenencia”. El problema es la falta de lectura y comprensión de que “la inquilinización es un fenómeno que llegó para quedarse”.

El Instituto que dirige Socias en 2024 consultó a los jóvenes por la necesidad de políticas públicas de vivienda: “Los jóvenes piden que pase algo. Cuando le preguntamos si estaban dispuestos a vivir en viviendas públicas a alquilar, el 95% contestó que sí. Así que hay una demanda de que algo ocurra, aunque no tienen identificadas qué opciones hay”.

Ante el escenario actual el grupo de trabajo del instituto entiende que es necesario un cambio de 180 grados en la política de vivienda y el eje prioritario, vertebral, deben ser políticas de alquileres. Para ampliar la oferta proponen “usar los parques públicos de vivienda, es decir, dejar de construir para entregar propiedad y producir alquileres públicos accesibles de diferentes formas, construyendo, refuncionalizando, articulando con el sector privado. Y otro conjunto de políticas para introducir un stock de oferta de alquileres públicos y accesibles”.

Paralelamente plantean la necesidad de intervenir sobre la demanda “con subsidios habitacionales directos a determinados grupos de inquilinos, pueden ser jóvenes, adultos mayores, familias monoparentales, etc.  como tienen en todos los países”, de modo tal de poder trabajar sobre las barreras de ingresos, las garantías propietarias, los costos de las mudanza o compra de equipamiento.