Un relevamiento recientemente presentado por el Observatorio Villero de La Poderosa pone en el centro de la escena algo que los feminismos populares y organizaciones sociales vienen denunciando desde hace décadas: en los barrios, la vida cotidiana se organiza y sostiene a partir del trabajo invisibilizado, no remunerado y profundamente feminizado de miles de mujeres. Son ellas quienes combinan empleo, formal e informal, con tareas domésticas y de crianza, y las actividades propias de la organización territorial y el trabajo comunitario. En momentos de crisis económica y social, como el que atraviesa la Argentina, las trabajadoras de ollas populares, merenderos, comedores, redes de apoyo, espacios de contención ocupan los roles y tareas que el estado abandona.
El Estado se retira y las mujeres sostienen
La Encuesta de Uso del Tiempo de Trabajo Comunitario de Cuidado publicada esta última semana se realizó entre septiembre y octubre de 2025 en 71 barrios populares, e incluyó el testimonio de 1.241 personas de 1.096 hogares. Los resultados preliminares muestran que el trabajo comunitario tiene un marcado sesgo de género: el 83 por ciento de quienes lo realizan son mujeres. Además, el documento revela que la sobrecarga laboral es la regla y no la excepción: seis de cada diez personas entrevistadas sostienen una triple jornada en la que salen al mercado laboral, realizan las tareas domésticas y de cuidado dentro de sus propios hogares y, además, cumplen funciones comunitarias en sus barrios.
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El estudio de la Poderosa identifica un esfuerzo cotidiano sostenido de parte de quienes viven y trabajan en los territorios: cada persona dedica, en promedio, 08:41 horas por día al trabajo no remunerado, es decir, doméstico y comunitario sumados, cifra que casi duplica la media nacional. Solo en lo que respecta al cuidado comunitario, que implica la organización de espacios de soporte barrial, se trabajan 04:27 horas diarias, y en el caso de quienes sostienen comedores y merenderos, la dedicación semanal asciende a 12:20 solo a esa tarea. Irónicamente, más del 67,4 por ciento de esas tareas no son remuneradas, y el 48,7 se trata del cuidado directo de otras personas.
Asimismo los números evidencian las condiciones materiales en las que se desarrolla este trabajo invisible y como se vieron afectadas por las políticas de ajuste y desfinanciamiento del gobierno libertario . El 54% de las personas relevadas son beneficiarias del ex-Potenciar Trabajo, hoy llamado Volver al Trabajo, un programa que perdió el 71 por ciento de su poder adquisitivo.
Pese al deterioro del ingreso y la baja en el poder adquisitivo, dos de cada tres personas mantuvieron o aumentaron sus horas de trabajo comunitario con respecto a 2023, como consecuencia del incremento de la demanda alimentaria en los barrios y la disminución del número de trabajadoras disponibles. En este contexto, la retribución económica casi no existe, y no cuentan con beneficios laborales como aportes jubilatorios, vacaciones, licencias o cobertura social: el 46 por ciento recibe como única compensación la vianda o ración de comida para su hogar, mientras que el 45 por ciento directamente no recibe ningún tipo de remuneración.
El estudio del Observatorio Villero de La Poderosa enfatiza que ese trabajo comunitario y la triple jornada son una respuesta colectiva y política a necesidades básicas no garantizadas por parte del estado. “Estos datos sirven para demostrar y visibilizar que el trabajo comunitario de cuidado es central. Queremos y necesitamos una política pública que lo reconozca y remunere", explica el documento. Estas tareas no solo insumen tiempo y energía física, sino también un enorme esfuerzo emocional y organizativo, que se vuelve indispensable para la supervivencia de las familias y del propio barrio. No se trata de un trabajo voluntario o vocación de servicio, sino necesario, y por esa razón debe ser reconocido y remunerado.
Paradójicamente, esa triple carga laboral que requiere respuestas urgentes, se profundiza a la par de la motosierra de Javier Milei. El gobierno nacional en los últimos dos años ha eliminado una parte clave de las políticas de cuidado que afecta fuertemente a las mujeres de barrios populares. No solo ha recortado casi el 92 % de las políticas de cuidado, dejando vigente apenas el 8 %, según información del CELS, sino aunque además derogó la moratoria previsional, una herramienta política central de ampliación de derechos que buscaba valorizar las tareas de quienes realizaron a lo largo de su vida trabajos informales, no remunerados, o se dedicaron al cuidado. Con su eliminación, se estima que 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse quedarán fuera del sistema contributivo tradicional y solo podrán acceder a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) cuando cumplan 65 años, que equivale al 80 % de una jubilación mínima.
Triple jornada laboral y tareas del cuidado
La triple jornada laboral se ha convertido prácticamente en la forma contemporánea de la pobreza y la explotación feminizada. Las mujeres de los barrios populares sostienen todos los días, incluso fines de semana, vacaciones y feriados, tres circuitos de trabajo y tareas en simultáneo: el empleo, frecuentemente informal, que aporta ingresos mínimos; el trabajo doméstico, de cuidado y crianza dentro de sus hogares, históricamente asignado a las mujeres como si se tratara de una capacidad natural o biológica, y no una función social vinculada a la distribución sexual del trabajo; y el trabajo comunitario de cuidado, en condiciones precarias o en espacios sin infraestructura adecuada, cuyo objetivo es brindar contención y ayuda a cientos de personas del territorio que lo necesitan.
Este triple esfuerzo históricamente naturalizado constituye una expropiación estructural del tiempo. Jornadas que combinan trabajo pago y no pago pueden superar fácilmente las quince horas diarias, dejando escasos márgenes para el descanso, el esparcimiento, la formación, el desarrollo personal y profesional. Las cocineras populares suelen describir sus días como una secuencia que empieza antes del amanecer y termina avanzada la noche, sin pausas y sin garantías de que habrá suficientes recursos para abrir el espacio al día siguiente. Además el trabajo comunitario de estas mujeres implica cumplir funciones de cuidado emocional, contención, resolución de conflictos, acompañamiento a familias, orientación en casos de violencia de género, y articulación con el estado. La organización comunitaria no es un “voluntariado” sino un trabajo esencial para la reproducción de la vida social de los barrios y la supervivencia de miles de familias argentinas, aunque los marcos normativos todavía no lo reconozcan como tal.
Estas prácticas son el resultado directo de un sistema, económico, político y de cuidados, profundamente desigual. Cuando el Estado reduce o desfinancia políticas alimentarias, educativas y de protección, y cuando el mercado excluye o precariza, son los cuerpos de las mujeres, y especialmente de las mujeres pobres, los que absorben ese impacto. Así, el trabajo comunitario de cuidado actúa como una estructura de sostén sin la cual la vida cotidiana en los barrios sería inviable.
La ausencia de reconocimiento económico por parte del mercado y el estado agrava esta injusticia y la invisibiliza aún más. Muchas veces, las cocineras o referentes comunitarias deben financiar de su propio bolsillo la comida que preparan, salir a buscar donaciones, organizar rifas para sostener los comedores o venden pan casero y facturas para comprar mercadería. Esta es la punta más dolorosa de la triple jornada: además de trabajar, cuidar y sostener, también ponen sus recursos personales en una tarea que debería estar garantizada por políticas públicas municipales, provinciales o nacionales.
La conclusión del informe es clara: el trabajo comunitario de cuidado en Argentina, sobre todo luego de la pandemia, no es un complemento, sino una infraestructura esencial para la reproducción de la vida. La falta de reconocimiento y remuneración a quienes lo realizan todos los días funciona como un síntoma de orden social y disciplinamiento que da por sentado que las mujeres , y especialmente las pobres de los barrios, deben sostenerlo todo. Avanzar hacia políticas que reconozcan, remuneren, protejan e institucionalicen las tareas podría funcionar como una apuesta ética y política por una sociedad que distribuya de manera justa las responsabilidades que permiten vivir.
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