Este 10 de noviembre se celebrará en Belém, Brasil, la Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), donde participarán representantes de más de 190 países para acordar medidas concretas para enfrentar la crisis climática. Los temas centrales que se tratarán son: la reducción de las emisiones de metano, medidas de adaptación, financiamiento y la transición energética justa.
De cara a esta conferencia y en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, la coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Camila Mercure, sostuvo que "Argentina llega a esta cumbre con más interrogantes que certezas sobre su rumbo climático".
La coordinara analizó la situación del país a nivel climático y explicó que, si bien el país mantiene compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, la implementación real de sus metas enfrenta un fuerte retroceso, argumentando que desde diciembre de 2023, el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo implicó recortes presupuestarios de entre un 28,1% y un 83,2% en áreas ambientales.
Otras implicancias de este cambio de rumbo fueron: la paralización de programas clave, la falta de medidas de adaptación y un discurso negacionista frente a la crisis climática, debilitando la capacidad estatal de respuesta y la credibilidad internacional del país.
La Ley 27.520 sobre cambio climático
Por el momento, son las provincias y los municipios los que hoy sostienen la acción climática del país, impulsando medidas de mitigación y adaptación desde los territorios. Así lo sostuvo el informe llevado a cabo por la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, el cual lleva a cabo un balance de cumplimiento de la Ley 27.520.
La Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, fue sancionada hace cinco años y la misma establece la base o piso mínimo que deberá llevar a cabo el Estado para "mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos y prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo".
A cinco años de sancionada la Ley, en 2025 se empezaron a ver los primeros resultados del trabajo subnacional. Las provincias de Jujuy, La Pampa y Misiones lograron la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático.
Por su parte, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, se presentan en proceso de convalidar sus planes.
Al mismo tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, San Luis, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, aún no los han presentado.
Por último, Mercure enfatizó: "Estos avances representan un paso hacia una acción climática con perspectiva federal, en un país donde los impactos del clima extremo son cada vez más evidentes. Las inundaciones en Bahía Blanca en marzo pasado, que dejaron 16 personas fallecidas y más de 5.000 viviendas afectadas, fueron una nueva muestra de cómo los desastres climáticos ya golpean con fuerza a las comunidades".
“Frente al debilitamiento de las políticas nacionales, las provincias, los municipios y la sociedad civil se consolidan como actores clave para sostener la ambición climática del país", concluyó la especialista.
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