Después de varios días en los que arreciaron rumores acerca de que representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) habrían estado auditando el uso de los fondos acordados para financiar programas científicos que no se ejecutaron, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) dio a conocer un comunicado en el que responsabiliza a la presidenta de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt), Natalia Avendaño, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y pide su inmediata renuncia.
“Quienes integramos la red RAICYT, directores/as de Instituciones Científicas y Tecnológicas, exigimos la inmediata renuncia de la Mag. Natalia Avendaño a su cargo de Presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Avendaño es una de las principales responsables del “cientificidio” orquestado por el Gobierno Nacional”, subrayan en el documento que se dio a conocer hace unas horas.
La Agencia I+D+I fue creada hace 30 años y viene funcionando a lo largo de todo ese tiempo bajo gobiernos de los más variados signos políticos. Es el “motor” del sistema científico y tecnológico. Hasta su actual parálisis, gestionaba convenios de cooperación y evaluaba anualmente miles de proyectos científicos presentados por instituciones y empresas para que cumplieran con criterios específicos de calidad y pertinencia, y distribuía fondos para financiar el trabajo científico. Operaba a través de tres fondos principales, entre los cuales el Foncyt (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) incluía la financiación de becas doctorales asociadas con proyectos de investigación científica y tecnológica (PICT). En julio, entró en vigencia el Decreto 447/2025, que introdujo modificaciones en su estructura. Entre otras, pasó a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuyo titular es el licenciado Darío Genua, y su directorio (que hacía un año estaba vacante por la renuncia en masa de todos sus vocales) se redujo de 10 miembros a dos, con lo que se perdió el carácter federal, la diversidad disciplinar y la paridad de género.
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Un análisis de la base de datos “Presupuesto Abierto”, realizado por Rodrigo Quiroga, doctor en Química, profesor de Bioinformática en la Universidad Nacional de Córdoba e Investigador del Conicet, descubrió que el dinero para financiamiento de proyectos se redujo un 96%. Su ejecución fue prácticamente nula: pasó de 6,42 millones de dólares mensuales en el último trimestre de 2023, a 236.000 en el de abril-mayo-junio de este año. Los becarios doctorales del Foncyt, con estipendios que en general vienen asociados con proyectos PICT, los tienen congelados desde mediados del año pasado. Históricamente, el Directorio de la Agencia se reunía todos los meses y actualizaba el monto para equipararlo con las becas doctorales del Conicet. Ahora, eso no sucede. Con 0% de aumento desde mediados del año pasado, el salario de bolsillo de los becarios Foncyt alcanza en este momento los 786.000 pesos, según otro análisis del propio Quiroga y la socióloga Sol Minoldo.
Esta ejecución virtualmente nula de los fondos inflamó los ánimos en la comunidad científica, donde se escucha cada vez con mayor insistencia la pregunta acerca de dónde están. En los últimos días proliferaron versiones acerca de que representantes del BID y BCIE, dos de las instituciones que tradicionalmente acuerdan estos préstamos a la Argentina, habrían iniciado auditorías en la Agencia y/o el Ministerio de Economía. En el primer caso, los rumores afirmaban que Avendaño habría creado un equipo con instrucciones de estricta confidencialidad para responder los pedidos de información del BID (y eventualmente también del BCIE), pero que por un cambio en la forma de llevar los registros mucha información no estaría actualizada. De acuerdo con esta versión, el clima sería muy tenso en la Agencia. Otra dejaba trascender que allí estaba todo tranquilo, y que el problema estaría en el Ministerio de Economía, que habría redireccionado los fondos a otros usos, algo expresamente prohibido por las normas que rigen estos contratos. El Destape intentó obtener una confirmación de autoridades de uno de los bancos, sin éxito.
Además de la falta de ejecución de las partidas, la Raicyt fundamenta su pedido de renuncia en una larga serie de desmanejos.
- No se realizaron convocatorias a nuevos proyectos en 2024 y 2025 (en 2023 hubo 40).
- Se anularon convocatorias concretadas y evaluadas previamente, tales como las de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica OPTIMIZACION destinados a la reparación, optimización y actualización de equipamiento, y Unidades de Conocimiento Traslacional Hospitalarias.
- No se firmaron los contratos correspondientes a los proyectos PICT 2022 concursados y seleccionados.
- El cierre de la convocatoria a proyectos PICT 2023 fue prorrogada cuatro veces y sigue sin concretarse.
- Debido a la falta de actualización, los fondos de los PICT ya concursados representan aproximadamente el 2 % de los montos que reciben proyectos equivalentes en Uruguay, Chile, Brasil, Perú o México. Estas cifras irrisorias hacen imposible la continuidad de los mismos. Tampoco se respetaron los contratos firmados que establecían la actualización de los montos de los desembolsos pendientes, de acuerdo con la cláusula de mejor presupuesto vigente.
- Los montos de las becas previamente otorgadas por la Agencia permanecen congelados desde hace 16 meses. Los becarios perciben estipendios en niveles de pobreza y se les entregan sin recibo.
- La Agencia no publicó ningún informe de gestión ni brindó información sobre proyectos y programas internacionales de crédito en curso; tampoco respondió a los pedidos de acceso a la información pública.
- Se disolvió su fondo fiduciario, que cumplía un rol fundamental en el desarrollo de proyectos plurianuales, como los PICT.