La Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6 de la provincia de Córdoba imputó a un hombre como presunto autor del delito de “amenazas calificadas” contra María Soledad Laciar, mamá de Valentino Blas Correas, asesinado de un balazo en agosto de 2020 durante un control vehicular de la Policía, en otro caso de gatillo fácil.
El fiscal José Bringas le atribuyó la responsabilidad al sujeto por amenazar a Laciar el pasado 6 de octubre, a través de la red social Instagram. La mamá de Blas fue quien realizó la denuncia, por lo que se dio inicio a la investigación sobre la autoría y el origen de los mensajes intimidatorios.
Los análisis contaron con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y de equipos especializados de la Policía Judicial (D.I.O.) y, como resultado de dichas tareas, en la madrugada del 28 de octubre de 2025 se realizaron allanamientos en distintos domicilios ubicados dentro de la ciudad de Córdoba.
Desde el Ministerio Publico Fiscal provincial informaron que, durante el procedimiento, se secuestró un celular, así como también se realizó la pre-visualización e inmediata extracción de información relevante para la investigación desde otros cuatro dispositivos móviles, mediante la utilización de la herramienta tecnológica “CAPTA” (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable).
Cómo fue el asesinato de Blas Correas en Córdoba
El crimen del joven ocurrió el 6 de agosto de 2020, cuando en territorio cordobés comenzaron a abrirse algunos locales tras varios meses en cuarentena por la pandemia del Covid-19. Allí Valentino y sus amigos salieron a cenar, pero esa reunión terminó con una muerte: el episodio involucró a dos individuos en moto y a policías provinciales, que dispararon en reiteradas ocasiones contra el Fiat Argo en el que circulaba Blas junto a otros cuatro chicos.
Una breve discusión con los motociclistas derivo en un operativo policial sobre el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Romagosa, el cual aguardaba al arribo del vehículo con los jóvenes. Sin percatarse, el conductor comenzó a disminuir la velocidad para detenerse, pero al ver que uno de los agentes le apuntaba con el arma, decidió acelerar, según declaró ante la Justicia. Fue allí donde se desató el accionar que terminó con la vida del chico de 17 años.
La misma madrugada del 6 de agosto de 2020, oficiales superiores y funcionarios políticos como el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual miembro del flamante Tribunal de Conducta Policial, Lucas Mezzano y al ex comisario Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad de la Capital, estuvieron al tanto de un plan criminal para encubrir el homicidio, que incluyó entre otras cosas, plantar un revólver para acusar a Blas y sus amigos, y así justificar la balacera que terminó con su muerte.
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Condenas: detenidos por el caso Blas Correas
A cinco años del crimen del joven, el Tribunal Superior de Justicia dejó firme las condenas contra los agentes policiales acusados. La sentencia original se había anunciado en un juicio oral y público en 2023 e involucró a trece miembros de la Policía provincial. Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron la pena máxima de prisión perpetua, tras ser hallados culpables del "homicidio calificado por ser integrantes de la fuerza, agravado por el uso de arma de fuego, y por la tentativa de homicidio" contra el resto de los amigos de Correas.
El resto de los policías recibió penas de entre dos años y medio condicional y casi cinco años de prisión, de acuerdo con la responsabilidad de cada uno en los hechos y en el encubrimiento del crimen. La agente Wanda Micaela Esquivel fue condenada a 3 años y 10 meses de prisión, y la oficial Florencia Yamila Martínez, a cuatro años y tres meses. Ambas estaban presentes junto a Gómez y Alarcón al momento de los disparos y participaron posteriormente en la maniobra para “plantar” un arma a las víctimas.
Mientras que el subcomisario Sergio Alejandro González recibió una pena de 4 años y 10 meses, y los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo fueron penados con 4 años y nueve y 8 meses, respectivamente, por no denunciar a tiempo lo ocurrido. Según confirmó Cadena 3, las condenas quedaron firmes.
En tanto, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga fue condenado a 4 años y 8 meses; el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez, a dos años y medio en suspenso, por mentir en su declaración, y los cabos Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica recibieron cuatro años. Al mismo tiempo, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos.
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