La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Córdoba denunció este jueves represión y la "detención arbitraria" de su secretario general, Federico Giuliani, y de otros 14 dirigentes por reclamar alimentos y exigir ayuda social para los comedores locales. Desde el gobierno de Córdoba, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que hay "al menos 15 detenidos hasta el momento", pero sostuvo que los incidentes comenzaron cuando manifestantes "ingresaron con piedras" al edificio. "Inmediatamente, se procedió a la prevención de absolutamente todas las personas que ingresaron", agregó.
Los incidentes se dieron en el marco de una protesta encabezada este miércoles por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y FeNaT Córdoba, que reclamaban junto a los representantes de ATE por la falta de insumos frente al edificio de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, sobre la calle 27 de abril.
Mientras desde el gobierno de Córdoba señalaron que "el ataque contra los periodistas fue producto de la misma virulencia con que la gente de CTA intentó ingresar a este lugar de la municipalidad", fuentes de ATE Córdoba señalaron a El Destape que "el operativo por parte de la Policía fue desmedido" y que los agentes "estaban a la espera de disturbios". "Era una marcha pacífica, pero la Policía empezó a presionar", agregaron.
Los disturbios comenzaron cuando los trabajadores ingresaron al edificio para hablar con medios locales, lo que habría derivado en la intervención de efectivos policiales. Según denunciaron fuentes de ATE a este medio, las fuerzas de seguridad "empezaron a pegarle" a dirigentes y militantes, que posteriormente fueron aprehendidos.Desde el gremio, calificaron el accionar como una “persecución política” y denunciaron un intento de criminalizar la protesta social. También advierten por agresiones a trabajadores de prensa: el periodista Leonardo Guevara, de Radio Mitre Córdoba, denunció haber sido agredido por los policías mientras cubría la protesta: “Nos han pegado, comisario… no nos dejaron trabajar”, dijo en un video difundido por la emisora.
El ministro de Seguridad Quinteros rechazó las acusaciones de los manifestantes y aseguró: "No sabemos por qué motivo la gente de CTA, en una protesta nacional de contra las políticas del presidente Milei, fueron a protestar a una reparación pública municipal", cuestionó el funcionario, para luego reafirmar que "cualquier persona que cometa un delito va a ser detenido por la Policía de Córdoba".
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Luego de las agresiones a los trabajadores de prensa, el funcionario dijo: "Probablemente, en una situación de violencia entre manifestantes y policías, muchas veces lamentablemente la labor de los periodistas que se encuentran en el lugar pueden llegar a recibir este algún tipo de coletazo de esta cuestión". En esa línea, aclaró que el accionar violento policial "no es lo deseado", ya que "no es la orden que tienen" las fuerzas de seguridad. "Los periodistas cumplen con su deber y hacen su trabajo. No debería pasarles absolutamente nada, pero también hay que entender la tensión que se sufre en una en una marcha entre manifestantes y policías".
Hasta el momento, se informó que, entre los detenidos, hay ocho mujeres y siete hombres, los cuales acusan “la violenta represión de las fuerzas de seguridad”. Uno de ellos, Giuliani, asegura tener uno de sus brazos “fracturado”. Los detenidos continúan alojados en dependencias policiales a la espera de definiciones judiciales.
La situación judicial de Giuliani
Giuliani se encuentra imputado en una causa desencadenada luego de las protestas callejeras que protagonizó ATE el 25 de mayo de 2024, cuando los estatales repudiaron la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba. Aquel día hubo una movilización en los alrededores del aeropuerto Ambrosio Taravella, que luego se trasladaron al sector céntrico. En la esquina de 27 de abril y Vélez Sársfield, la Policía activó un operativo, hubo personas heridas y dos docentes jubiladas terminaron también imputadas por resistencia a la autoridad.
Pocos días después, el fiscal Ernesto de Aragón -asignado por turno a intervenir en los cortes de calles- promovió la imputación de Giuliani y le aplicó el artículo 212 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”.
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